Trump recupera la guerra contra el terror: Guantánamo, torturas y cárceles secretas

Olvida el ‘waterboarding’. Las intenciones de Donald Trump en materia antiterrorista van mucho más allá de la polémica técnica de ahogamiento simulado durante los interrogatorios. Según el borrador de una orden ejecutiva de la nueva Administración estadounidense, filtrada a la prensa de aquel país, Trump se dispone a revivir muchas de las controvertidas políticas de la “guerra contra el terror” lanzada por George W. Bush, incluyendo el programa de tortura de sospechosos en el extranjero.

La orden recupera, ya en su título, el concepto de “combatientes extranjeros” acuñado por la Fiscalía General estadounidense tras los atentados del 11-S, que negaba la condición de prisioneros de guerra a los capturados en la guerra de Afganistán, en un intento de eludir las convenciones de Ginebra. Revoca varias de las restricciones a la tortura impuestas por su predecesor Barack Obama, y recupera el uso de la base de Guantánamo para la retención y la interrogación de presos, tanto los pocos que todavía permanecen allí como los que sean capturados en el curso de la renovada lucha contra el Estado Islámico.

“Las instalaciones de detención en la estación naval de EEUU en la Bahía de Guantánamo son legales, seguras y humanas, y están en línea con las convenciones internacionales relacionadas con las leyes de la guerra”, asegura la orden, que exige la continuación de su uso como “una herramienta crítica en la lucha contra los grupos islamistas radicales internacionales implicados en un conflicto armado con Estados Unidos, sus aliados y sus socios de coalición”. Del mismo modo, “suspende cualquier esfuerzo de transferencia hasta que se realice una nueva revisión”.

En su primera sección, el documento revoca dos órdenes ejecutivas firmadas por Obama en enero de 2009, ordenando el cierre de la prisión de Guantánamo, garantizando a la Cruz Roja acceso a los detenidos allí, y limitando las técnicas de interrogación a las descritas en los manuales del ejército. También reinstaura “hasta donde permite la ley” otra orden ejecutiva dictada por Bush, que detallaba qué prácticas podían ser consideradas crímenes de guerra y cuáles eran aceptables dentro del programa de “interrogatorios mejorados”. Tal y como explica el diario “The New York Times”, esto hizo que los interrogadores pudiesen utilizar técnicas como la privación de sueño, no incluidos en la lista de Bush, sin temor a ser procesados por ello.

Regreso a los “agujeros negros” en el extranjero

Más polémico aún es el apartado 7, que asegura que un cónclave de altos cargos de seguridad deberán recomendar al presidente “si reinicia o no un programa de interrogación de terroristas extranjeros de gran valor, operado fuera de los EEUU, y si dicho programa debe incluir el uso de instalaciones de detención operadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”. Es decir, si se regresa o no al programa de “rendiciones extraordinarias”, el eufemismo por el que se conocía el traslado de presos a países extranjeros para ser interrogados en condiciones durísimas -que en muchos casos solo puede calificarse como tortura-, tanto en instalaciones de las fuerzas de seguridad de dichos países como en bases operadas por la propia CIA.

La declaración explicativa que introduce la orden asegura que “Estados Unidos se ha abstenido de ejercer cierta autoridad crítica para su defensa”. Critica las órdenes de Obama de detener los programas de interrogatorio de la CIA y sus decisiones sobre Guantánamo. “Más aún, los métodos clasificados de interrogación más secretos de la Nación fueron expuestos al enemigo a través de revelaciones públicas, y el Fiscal General reabrió investigaciones criminales sobre las acciones de oficiales de inteligencia, que tuvieron un previsible impacto negativo en la moral de nuestra comunidad de inteligencia”, reza el documento.

Algunos pequeños detalles son reveladores: la primera versión del documento hace mención a la “guerra global contra el terrorismo”, pero esta expresión ha sido finalmente tachada para ser sustituida, una y otra vez, por “lucha contra el islamismo radical”. El cambio no solo evita repetir la polémica y denostada formulación del que, hasta ahora, había sido el presidente más impopular de la historia de EEUU. También refleja las obsesiones del propio Trump con el ISIS, que el presidente, deliberadamente o no, confunde con el islam en general. Además de la batería de medidas para restringir la inmigración desde países musulmanes y la negación de asilo a refugiados sirios, en los mentideros de Washington se comenta que ya está en marcha un proyecto para imponer un registro de musulmanes estadounidenses que, según avisan los expertos, sería inconstitucional y discriminatorio.

Las críticas no se han hecho esperar. “El presidente puede firmar las órdenes ejecutivas que quiera. Pero la ley es la ley. No vamos a volver a traer la tortura de vuelta a los Estados Unidos de América”, ha declarado el senador republicano John McCain. Tom Malinowski, asistente del Secretario de Estado para los Derechos Humanos en la Administración Obama, opina: “[Trump] va a escuchar a sus peores instintos frente a sus mejores asesores, a menos que la ley se lo impida”.

Un panorama sombrío

Pero ¿cuáles son las implicaciones? “Todo esto crea un marco en el que volveremos al uso de métodos de tortura por parte de EEUU”, afirma Olatz Cacho, encargada de Estados Unidos en la rama española de Amnistía Internacional. “Nosotros siempre hemos defendido el procesamiento de George W. Bush, dado que incluso él mismo admitió en un libro que había autorizado el uso de torturas. E igual que tenemos esta acción en marcha contra Bush, si esta orden sigue adelante, tal vez tengamos que hacer lo mismo con Donald Trump, quien está anunciando públicamente en televisión que el uso del ‘waterboarding’ le parece una magnífica idea”, comenta.

“No podemos olvidar algo: que no otorgar a la Cruz Roja permiso para visitar a los detenidos en Guantánamo es una forma de ocultar lo que estás haciendo, y es que probablemente en un alto porcentaje de los casos se esté cometiendo tortura”, señala Cacho, una práctica rotundamente prohibida por la legislación internacional. “Hay 156 países que han ratificado la Convención contra la Tortura, incluyendo a EEUU. Pero pero la prohibición va aún más allá y es vinculante incluso para los estados que no se han unido a esta convención, porque es una norma imperativa de derecho internacional y forma parte del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados”, indica.

“Además, dentro de la legislación estadounidense también está prohibida ahora mismo, en el Manual de Campo del Ejército de 2006, y también para la CIA desde el 2009. Y el año pasado se aprobó una enmienda contra la tortura que se convirtió en ley, que menciona específicamente técnicas como el waterboarding, el asalto sexual, desnudar a los detenidos, etc. Nos parecen irrelevantes las diferentes opiniones de los altos mandos militares estadounidenses sobre si es útil o no. Está prohibida y punto”, sostiene esta experta. “El presidente Trump puede cambiar el manual, pero no la ley, porque para ello tendría que usar otros mecanismos, como el Congreso y demás”. El panorama, en cualquier caso, es sombrío.