El Departamento de Justicia ha suspendido a la jueza que dilataba la investigación de los supuestos documentos “secretos” que el exmandatario se llevó a casa cuando dejó el cargo.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca se está complicando, el del jopo amarillo además de encontrar resistencia para su nominación en el propio partido republicano, debe seguir enfrentando la dimensión de una investigación del Departamento de Justicia. Parece absurdo que un presidente, en la mayor democracia del mundo, deba reducirse a polvo por un procedimiento errático que lo ha puesto al borde del precipicio sin aliados conservadores para defenderlo. La arremetida de la parece cobrarse sus primeras víctimas. Ayer fue declarado culpable por instigación a la violencia el cabecilla del grupo de simpatizantes del exmandatario que en enero de 2021 incitó la invasión al Capitolio con una condena de 10 años.
Sobre los papeles encontrados por el FBI en la residencia del magnate expresidente en Mar-a-Lago, Florida, el tribunal ha sido contundente. Los jueces han anulado la decisión de una jueza de Florida de nombrar un perito independiente y bloquear la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos, muchos de ellos “secretos” – en realidad nadie sabe lo que contienen y Trump mantiene silencio- requisados en el registro de la mansión de Palm Beach. La decisión de anular la revisión de los documentos por parte del perito es un nuevo golpe judicial para Donald Trump. En principio, la sentencia allana el camino a la investigación, aunque el expresidente aún tiene la posibilidad de acudir al Supremo.
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Una de las tácticas habituales de Trump es tratar de dilatar y poner trabas a la investigación con continuos recursos judiciales. Gracias a uno de esos recursos, una jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon, nombrada por el propio Trump poco antes de su cese, ordenó al FBI y al Departamento de Justicia parar la investigación mientras un perito especial los revisaba.
El tribunal de apelaciones de Atlanta que ha dictado este jueves su sentencia ya suspendió cautelarmente en septiembre pasado el bloqueo de la investigación sobre los documentos clasificados como confidenciales o secretos que incautó el FBI. Ahora, ha fallado sobre el fondo de la cuestión, con una sentencia que deja en muy mal lugar a la jueza Cannon: “La ley es clara. No podemos dictar una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del Gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos dictar una norma que permita solo a los expresidentes hacerlo”, dice su resolución.
Como si esto fuera poco tres jueces, dos de ellos nombrados por Trump han justificado la resolución más allá. Dicen: “Es ciertamente extraordinario que se ejecute una orden judicial en el domicilio de un expresidente, pero no de una manera que afecte a nuestro análisis jurídico o que de otra manera dé licencia al poder judicial para interferir en una investigación en curso. Crear una excepción especial desafiaría el principio fundacional de nuestra nación de que nuestra ley se aplica ‘a todos, sin tener en cuenta el número, la riqueza o el rango”, apostillan.