Una fatídica danza de millones

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Para los fiscales del Ministerio Público que llevan adelante la investigación sobre uno de los casos más electrizantes de corrupción estatal envolviendo empresarios privados de gran calibre, el expresidente Lula da Silva era el “comandante máximo” de una organización criminal que instaló en Brasil la “propinocracia”.

 

En menos de 15 días, la presidenta de Brasil sufrió un proceso de impeachment, el parlamentario más poderoso del Congreso fue destituido y el líder más popular de la historia política reciente comenzó a enfrentar  el período más dramático de su carrera. En las dos últimas semanas del pasado mes de septiembre, los fiscales de la Procuradoria, similar al Ministerio Público, que tienen la tarea de acumular antecedentes y pruebas en la denominada fuerza tarea Lava-Jato formalizaron la denuncia de corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva.

A eso se resume la denuncia que está acompañada de una retórica según la cual Lula era el “comandante máximo” de una organización criminal, el jefe de una banda que asaltó las arcas de la estatal del petróleo brasileña Petrobras; el general que usaba propinas para sobornar parlamentarios y comprar partidos; el fundador de uno de los partidos políticos que en los últimos 12 años gobernó el país, el Partido de los Trabajadores (PT) que alcanzó el poder en 2003 y que durante su mandato, como lo señalan los medios de prensa brasileños, también conformó una “propinocracia”, el hombre que aceptaba dinero y pequeños lujos a cambio de favores; el hombre que desde su actividad sindical que inició en 1961, es apuntado por la justicia como el ideólogo de un sistema que ha comenzado a derretir su imagen pública, que ganó terreno hasta llegar a la presidencia y que hoy se encuentra a un paso de la cárcel dentro del proceso en el que se le han recortado todo tipo de privilegios.

Los investigadores acusan al expresidente de recibir ventajas indebidas de por lo menos tres contratos millonarios firmados entre la constructora OAS -que estuvo en Bolivia a punto de ejecutar una de las obras más resistidas por los indígenas de tierras bajas- y Petrobras. Las propinas generadas por estos negocios sumaron algo más de 87,6 millones de reales (unos US $30 millones) que fueron dirigidos a Lula y que promovieron la caja de las propinas de la empresa OAS a favor del PT. Para lavar ese dinero sucio, de acuerdo a los fiscales, la contratista refaccionó  un departamento triplex de la familia Lula da Silva, en Guarujá, en el litoral paulista.

El expresidente se defiende diciendo  que el inmueble nunca fue de él, a pesar de que su mujer, Marisa Letícia, también incluida en el cuaderno de la investigación, escogió el decorado, muebles, pisos, paredes y otros enseres del departamento. Esa, tal vez, se transforme de aquí a poco en la prueba más contundente del soborno contra Lula. Hace un par de semanas, la revista Veja publicó el contenido de la propuesta delación premiada de Léo Pinheiro, expresidente de la empresa constructora OAS. El documento confirma que el departamento tríplex pertenece al ex­presidente y fue pagado con dinero de Petrobras.

Los beneficios políticos

En la denuncia de 149 páginas, los fiscales apuntan una segunda evidencia de corrupción del expresidente. Antes de dejar la presidencia en 2010, Paulo Okamotto, amigo de Lula, pidió a la contratista OAS que financie el transporte y almacenamiento de los objetos personales del expresidente. Para atender el pedido, la empresa gastó 1,3 millones de reales (unos US $ 350 mil). Okamotto, que más tarde pasó a presidir el Instituto Lula que también fue denunciado por los fiscales, confirmó que pidió ayuda para pagar el alquiler de los containers que contenían “el acervo” del expresidente. En sus declaraciones a la justicia Okamotto dijo que no veía ningún crimen en su pedido. “OAS, para mí, debería inclusive reivindicar la Ley Rouanet, porque está haciendo un pago para mantener un bien cultural del pueblo brasileño”, les dijo a los fiscales que comandan la investigación.

Las ventajas indebidas embolsadas por Lula sobrepasan los 3,7 millones de reales (unos US $1 millón), de acuerdo a estimativas de los investigadores. Entre 2011 y 2014, el Instituto Lula y la empresa del ex-presidente Conferencias, Eventos y Publicaciones, recibió algo más de 55 millones de reales (unos US $18 millones), de los cuales más de 30 millones corresponden a las empresas contratistas petroleras. De ese valor, más de 7,5 millones de reales (unos US $2.5 millones) fueron transferidos para el expresidente, cuyo patrimonio paso de 1,9 millones de reales (unos US $650 mil), en 2010, para 8,8 millones de reales (unos US $2,9 millones) en 2015. Eso, sin embargo, no consta en la denuncia ya que continúa  en periodo de investigación.

Blanco de críticas en especial de la defensa, la primera denuncia contra Lula -y la amplia explicación sobre el contexto de la estructura criminal montada en el Gobierno federal, que tendría victimizado a Petrobras – fue montada por 13 fiscales de la denominada “República de Curitiba”, -lugar donde funciona las oficinas de la investigación- con el acompañamiento directo del Fiscal General de la República de Brasil, Rodrigo Janot.

La pieza acusatoria resume el papel de Lula como supuesto mandante de la organización criminal para contextualizar los crímenes de Lava-Jato. Desde marzo de 2014, los investigadores apuntan un sistemático núcleo que envuelve al PT, PMDB, PP -estos últimos dos aliados a la estructura gubernamental en la última gestión presidencial de Lula- y un cartel conformad