Vuelven las sanciones de la ONU contra Irán

Occidente ha demostrado repetidamente que busca la capitulación iraní y que no negocia de buena fe. Cuando Israel lanzó su guerra contra Irán, incluso desde Alemania celebraron que “están haciendo el trabajo sucio por nosotros”, y dieron apoyo político y material a la ofensiva bélica.

El 19 de septiembre se puso a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución presentada por Corea del Sur. Esta tenía el objetivo de desactivar la inminente crisis con Irán por el Acuerdo Nuclear, prorrogando la vida del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) seis meses y desactivando la implementación del mecanismo snapback. De este modo, se evitaba la reimposición de sanciones internacionales contra Irán.

Todo este marco se creó bajo la resolución 2231 de 2015, que establece el Acuerdo Nuclear y dispone, en virtud del párrafo 11, que si uno de los signatarios notifica al Consejo de Seguridad un incumplimiento significativo, el presidente del organismo deberá, en un plazo de 30 días, someter a votación un proyecto de resolución para que continúe el alivio de las sanciones.

Si el proyecto no se aprueba, las sanciones anteriores de la ONU se reimpondrán automáticamente. Es decir, a menos que el Consejo de Seguridad vote explícitamente a favor de mantener el alivio, las medidas sancionadoras volverán a entrar en vigor de forma inmediata.

Las exigencias de Europa

Sin embargo, los gestos de Irán para favorecer una negociación han servido de poco. El texto solo recibió cuatro votos a favor –de Rusia, China, Argelia y Pakistán– y no logró los nueve necesarios para su aprobación.

Dinamarca, Francia, Grecia, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia, Reino Unido y Estados Unidos votaron en contra. Guyana y la República de Corea se abstuvieron. Los europeos votaron en contra considerando que sus exigencias no se habían cumplido, lo que significa que el 27 de septiembre, si nada cambia, volverán las sanciones de Naciones Unidas impuestas contra Teherán.

El gobierno iraní había negociado en Egipto un nuevo acuerdo de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que permitiría a la organización volver a monitorizar las instalaciones nucleares y conocer la ubicación del uranio enriquecido, cuya pista se perdió en la guerra lanzada por Israel en junio. Como ya advirtieron desde Teherán, sin la prórroga, el acuerdo sería nulo.

La otra exigencia clave de los europeos era la apertura de conversaciones con Estados Unidos, ignorando por completo que las últimas rondas fueron utilizadas como una pantalla de humo para lanzar una guerra junto a Israel. Un conflicto que Tel Aviv no inició por motivos defensivos ni por preocupación por el programa nuclear, sino con el objetivo de impulsar un cambio de régimen, intentando decapitar a toda la cúpula política iraní.

Irán, en estas circunstancias, si bien está dispuesta a continuar negociando, no lo está a hacer gestos de buena voluntad que puedan poner en peligro su seguridad nacional. Occidente ha demostrado repetidamente que busca la capitulación y que no negocia de buena fe. Cuando Israel lanzó su guerra contra Irán, incluso desde Alemania celebraron que “están haciendo el trabajo sucio por nosotros”, y dieron apoyo político y material a la ofensiva bélica.

No condenaron ni mucho menos lo que supone una de las mayores violaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) por parte de un país con un programa clandestino de armas nucleares –Israel– y por uno de los fundadores del NPT –Estados Unidos–. Una ruptura sin precedentes que justificaría sobradamente la retirada iraní de este tratado.

Por su parte, Rusia y China, Estados signatarios del JCPOA, se muestran en contra la decisión de activar el snapback. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, afirmó que no existían motivos legales, políticos ni procedimentales para permitir el mecanismo snapback ni para votar el proyecto de resolución.

Además, acusó a Francia, Alemania y Reino Unido de actuar al margen tanto de la resolución 2231 como del JCPOA, afirmando que los tres países no han seguido el mecanismo de solución de controversias y, en su lugar, habían impuesto sanciones unilaterales contra Irán, que calificó de “ilegales”.

El embajador chino, Fu Cong, se mostró más cauto y declaró que existían “discrepancias importantes” entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el snapback y advirtió que una votación apresurada podría “exacerbar la confrontación estatal”, complicando los esfuerzos por resolver la cuestión diplomáticamente.