24 organizaciones civiles piden detener elecciones judiciales

La Asamblea Legislativa Plurinacional vulnerará los derechos de pueblos indígenas y mujeres  y violará la Constitución Política del Estado (CPE) y normas internacionales de las cuales el Estado boliviano es signatario  si no suspende el actual  proceso de preselección de postulantes a candidatos a autoridades judiciales y no convoca a uno nuevo, advirtieron ayer 24 organizaciones de la sociedad civil.   “Las organizaciones y redes de la sociedad civil recordamos que la paridad, el principio de equivalencia y participación de pueblos constituyen una conquista, resultado de las luchas históricas de los movimientos indígenas y de mujeres para la profundización de la democracia intercultural”, señala el pronunciamiento de quienes trabajan en   defensa de los derechos humanos, de género e indígenas.

Las 24 organizaciones también cuestionan que  los legisladores no respeten el artículo 22 del reglamento que ellos mismos aprobaron para este proceso de selección, “estipula que en caso de no cumplirse con el número de preseleccionados/as requeridos/as, debería reiniciarse el proceso de selección”.

Esa es la reacción a la decisión de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que alistan una “ley transitoria”  para flexibilizar el reglamento de preselección de postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional ante la falta de candidatos mujeres e indígenas y así viabilizar la continuidad de las elecciones de autoridades judiciales programadas para el mes de octubre.

De acuerdo con el  reglamento debe escogerse a cuatro candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de los cuales dos deben ser varones y dos,  mujeres. Violarán la Constitución     Entre la normativa internacional a la cual el Estado boliviano se ha adherido y contra la cual la  ALP atentará, señala el documento de las 24 organizaciones, está “el  artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)”.
Además “exigen” a la ALP acatar la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, Ley de Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional y su propio reglamento de preselección; y demandan dar a la población acceso a participación en todo el proceso.

Similar posición crítica tiene la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, quien dijo “¿Vamos a flexibilizar la Constitución Política del Estado?, si ella  nos habla de la paridad, un 50 y un 50 (hombres y mujeres);  por otro lado, transversalmente nos habla del pluralismo jurídico y los indígenas no tendrán participación (…) la Asamblea está equivocada”.
Hoy publicarán lista de seleccionados

La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, senadora Adriana Salvatierra, informó que    este viernes se publicará  en  medios de comunicación la lista de personas seleccionadas para el Órgano Judicial.

“La lista tendría que ser publicada en el tiempo estipulado en tres medios de comunicación escrita de circulación nacional (…) aquello que no hubiera llegado en esa etapa  puede ser tomado en cuenta en la etapa de impugnaciones”, expresó.
Dijo que la ley transitoria para flexibilizar requisitos de las listas de candidatos a altas autoridades judiciales   no afecta en nada, porque en las postulaciones se cumplieron en algunos casos criterios de paridad de género y plurinacionalidad.   Selección para judiciales debe declararse desierta

La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a declarar desierta la convocatoria a elecciones de autoridades judiciales ante las irregularidades en la fase de preselección de postulantes.

“Insto, llamo a la reflexión a la Asamblea, a nombre de los ciudadanos bolivianos, que declare desierta esta convocatoria y que se llame a un gran acuerdo patriótico para que todos los que tenemos que ver con el accionar del sistema judicial comprometernos y que  el Gobierno se comprometa a no interferir en el Órgano Judicial y a dar un presupuesto digno al sistema judicial”, dijo, según Loyola Fides.

Criticó la intención de la ALP de aprobar una ley de  flexibilización para eludir la normativa establecida sobre  paridad de género y plurinacionalidad en las postulaciones a las elecciones.
Considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede trasladar de octubre a noviembre la fecha del comicio judicial.