Armas y nuevos movimientos sociales

0
19

Uno de los enunciados constitucionales que se ha mantenido prácticamente inmutable a través de los cambios que ha experimentado el Estado en nuestro país durante toda su historia es el título de Capitán General de las Fuerzas Armadas que se otorga o reconoce a quien preside el Gobierno. La eficacia del mando que realmente puede ejercer la cabeza del Poder Ejecutivo sobre el aparato armado estatal  depende esencialmente de la fortaleza política de su mando, de modo que cuanto mayor es ésta, más grandes son sus posibilidades de tener bajo su control al aparato armado.

Bajo tal presunción es incuestionable que el actual Jefe de Estado es, de entre todos los presidentes elegidos desde la reinstauración democrática de 1982, quien ha contado y mantiene las mejores condiciones para hacer que su condición de máximo mando castrense sea cabalmente efectiva y no sólo protocolar.

Si al principio de su mandato, entre los años 2006 y 2008, era comprensible abrigar dudas al respecto, por la profunda imbricación de los mandos y el conjunto de las tradiciones y estructura militar con los grupos dominantes desplazados en esa época del manejo del Estado,  hoy esas interrogantes no tienen cabida ni sustento.

Lo anterior significa que el tratamiento que reciben de parte de la justicia militar los suboficiales y militares de bajo rango, castigados, varios de ellos dados de baja y reprimidos de múltiples maneras, es de responsabilidad de sus superiores en esta materia, con la aceptación y corresponsabilidad de las autoridades civiles definidas por ley.

Estas conductas se parecen más a una suerte de cruel y vergonzosa venganza que la simple aplicación de sanciones reglamentarias, y su propósito aparente es liquidar, de una vez y para  siempre cualquier iniciativa de cambios que provenga de la base de la institución armada.

Privados definitivamente de sus trabajos, fuentes de ingresos y sustento de sus familias, en algunos casos de sus viviendas, además de la interrupción irrevocable de sus estudios, de acuerdo con las denuncias de sus familiares, aquéllos identificados como dirigentes o inspiradores de la movilización que reclamaba que se cumpla el compromiso de descolonizar al Estado y, en particular, a las FFAA, afrontan adicionalmente la negación de sus derechos como personas, ya que la justicia ordinaria ha instruido su libertad en varias oportunidades, ante el abierto desacato de los altos jefes militares, acción que compromete al Órgano Ejecutivo.

Este comportamiento, que reitera la conducta asumida ante el mandato legal de que se busquen y entreguen los archivos de las épocas dictatoriales, identifica a las autoridades civiles con las conductas y oficiales de mentalidad más atávica y regresiva y los distancia de aquellos que entienden y asumen la necesidad de que las FFAA realicen un cambio cualitativo acorde con las necesidades del país y tiempos que corren.

Lo esencial de las peticiones de los suboficiales castigados se refiere a la abolición de tratos discriminatorios y excluyentes en las estructuras y relaciones militares, así como una adecuación de la doctrina y funciones de las FFAA a lo que manda el nuevo orden constitucional.

Desde que asomó a la visión del público hasta hoy, cuando afronta su momento de mayor retroceso y proscripción, esta expresión de los grupos militares más vinculados a los sectores populares configura un auténtico movimiento social, en el sentido de una reivindicación o protesta, obligada a autorrepresentarse, al carecer de conductos dentro del sistema de representación política, en su sentido más amplio.

La saña con que se lo reprime no ha conseguido extinguirlo y, por el contrario, ha vuelto a manifestarse en estos días por medio de la alianza entre militares y policías perseguidos por causas similares, lo que vuelve a dar prueba del continuo y acelerado repliegue del partido gubernamental de sus orígenes, fuentes y principios y su permanente asimilación al sistema de poder que prometió enfrentar y reemplazar.

 

Roger Cortez Hurtado

es  investigador y director  del Instituto  Alternativo.