Aspirante a magistrado se retira; no quiere ser parte de una “burla”

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El primer ciudadano que presentó su postulación para magistrado, Omar Durán Rojas, presentó ayer en la Asamblea la renuncia a su candidatura bajo el argumento de que no quiere ser parte de una “burla”.

“Así como he sido el primero en presentar, también he sido el primero en salir, porque hay que quererse un poquito para meterse en este juego político (…) Hay que retirarse valientemente antes de ser cómplice de esta juntucha”, dijo el abogado a Erbol.

Durán, quien es conocido por defender a los suboficiales que pidieron la descolonización de las Fuerzas Armadas, presentó su postulación el pasado 10 de mayo.

El abogado expresó que tenía confianza en la participación de las universidades en el proceso de preselección, pero aseguró que ahora está decepcionado.

La preselección de candidatos a magistrados en la Asamblea será acompañada por una comisión de las universidades, sin embargo, Durán expresó sus dudas sobre la imparcialidad de los delegados académicos porque hay incluso exfuncionarios entre ellos.

El abogado declinó su postulación porque a su criterio no se respetó el reglamento de la preselección al ampliar el plazo de inscripciones hasta el 9 de junio.

Explicó que, según el reglamento, se debía declarar desierta la convocatoria al no existir postulantes suficientes, pero se ignoró esta disposición.

La semana pasada, la Asamblea decidió ampliar el plazo para que más personas terminen sus trámites para conseguir los requisitos. Durán dijo que no puede competir con personas que hagan sus papeleos recién, cuando estas diligencias se hacen en unos cuatro días.

El pasado viernes, la mayoría del MAS aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la ampliación de la fase de inscripción hasta el 9 de junio, bajo el argumento que cerca de 400 postulantes no habían logrado concluir sus trámites en varias instituciones estatales.

El Reglamento de convocatoria a la preselección prevé la presentación de una serie de certificaciones que debían tramitarse en entidades como el Registro Judicial de Antecedentes Penales, la Contraloría General del Estado entre otros, trámites que demandan tiempo.

Para la oposición no es un tema de trámites sino de “desconfianza” en el proceso de preselección, por eso calificó como un “fracaso” la convocatoria.

 

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