Bolivia choca de frente con una crisis múltiple

Bloqueos de carreteras, violencia entre grupos opositores, amenazas armadas, escasez de alimentos y combustibles y la incesante muerte de enfermos por Covid-19 por la falta de tubos de oxígeno que no llegan a los hospitales debido a las protestas, causan una suerte de crisis múltiple en Bolivia, que busca una solución mediada urgente.

El complejo momento se produce en medio de la contienda electoral y cuando la presidenta transitoria Jeanine Áñez cumple nueve meses en el poder, tras haber asumido el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales, en otro momento crítico provocado por la anulación de los comicios de octubre de 2019 por supuesto fraude.

Desde entonces, el gobierno de Áñez y el opositor Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el Parlamento, han mantenido un conflicto entre ambos poderes, pero desde hace 10 días la crisis institucional ha pasado a las carreteras con más de un centenar de cortes de ruta.

Los manifestantes, dirigidos por la Central Obrera Boliviana y organizaciones indígenas seguidoras del expresidente Morales, exigen que los comicios se celebren el 6 de septiembre como estaba previsto y no el 18 de octubre como cambió el Tribunal Supremo Electoral con el argumento de que se ha retrasado la fecha para evitar el pico de la pandemia.

También hay tensión por la aparición de grupos civiles radicales, entre ellos aymaras y cocaleros de la zona central del Chapare, que hicieron exhibiciones de fuerza con fusiles para reclamar elecciones en septiembre, pidiendo la renuncia Áñez y gritando “¡ahora sí, guerra civil!, como lo hicieron en noviembre pasado.

El ministro de Defensa, Fernando López, ha tratado de minimizar esas amenazas afirmando que son grupos que pueden ser controlados y tienen “armas del siglo pasado”, mientras que su colega de Gobierno, Arturo Murillo, reconoció en ‘CNN’ que trabajaban “con las horas contadas” para “evitar una guerra civil”.

Al contrario, los parlamentarios del MAS han denunciado el crecimiento de los grupos de choque que responden a fuerzas conservadoras, sobre todo de Santa Cruz y Cochabamba, que circulan armados en motocicletas para enfrentarse a quienes bloquean las carreteras.

Las exhibiciones de fuerza de los seguidores de Morales se han extendido a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, sede del Gobierno, donde se han enfrentado a la Policía, como también ocurrió en las regiones de Cochabamba y Santa Cruz (este) con el saldo de varios detenidos.

El virus avanza con sigilo entre protestas y bloqueos

Como si fuera poco, en muchas de esas concentraciones políticas se incumplieron las normas de bioseguridad y varios manifestantes arrestados en los disturbios dieron positivo a Covid-19.

Pero lo más grave, según la denuncia de las autoridades, es que los bloqueos han provocado la muerte de treinta personas por falta del oxígeno medicinal que debe ser trasladado en camiones desde Santa Cruz a varias ciudades del occidente, un trabajo que está realizando un convoy escoltado por el Ejército para sortear los cortes en las rutas.

Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, Bolivia suma ya más de 93.000 casos de Covid-19 (57.814 activos) y más de 3.700 decesos. La mayoría de los nuevos contagios están en el departamento de La Paz, que mantiene una preocupante tendencia al alza.

Con este singular panorama y como ocurrió en 2019, la Iglesia católica, Naciones Unidas y la Unión Europea intentan ahora mediar en los conflictos; han llamado a suspender las protestas, advertido de mayores consecuencias “si se mantienen las posiciones encontradas” y han ratificado que el diálogo ayudará a un acuerdo, salvaguardando los “derechos humanos y el respeto entre todos”.

Áñez fracasó el fin de semana en su intento de dirigir un proceso de diálogo en una reunión en la que varios actores le reprocharon ser presidenta y candidata.

La incapacidad política de concertar agrava la crisis y la hace violenta

El analista Marco Gandarillas dijo a France 24 que en Bolivia la crisis política condiciona los otros escenarios críticos por la “incapacidad de los actores políticos de poder concertar” desde el Gobierno y el Parlamento, lo que ha provocado que las fuerzas trasladen las tensiones a la sociedad, generando disputas políticas “especialmente violentas” para zanjar las diferencias.

El “gran desacuerdo institucional”, según Gandarillas, complica la respuesta ante la pandemia y también tiene efectos en la profundización de la crisis social y la económica, ya que los bloqueos de carreteras complican a la gente que ha perdido su empleo y tiene problemas de salud.

Aunque confía en que el diálogo finalmente prevalecerá, Gandarillas señaló que el panorama puede empeorar con la aparición de los grupos armados, pero también porque el MAS y el Gobierno han coincidido en atacar al Tribunal Electoral poniendo en duda su idoneidad, lo cual hace suponer, según dijo, que los comicios finalmente “no diriman el conflicto político”.

Para el investigador social Roberto Laserna, otro factor clave en la crisis está en la necesidad de los partidos de posicionarse en la competencia electoral y desestimular la cooperación entre ellos, lo que está “exacerbando el deterioro de las condiciones políticas, de las condiciones económicas y las de vida de la población, que por supuesto está sufriendo”.

“Lo que está faltando es capacidad de concertación, capacidad de diálogo entre todos y más desprendimiento para poder alcanzar una solución”, apuntó Laserna.

El analista también ve lejano el posible escenario de una guerra civil y respaldó que el Gobierno sea cauteloso para evitar una mayor violencia ante la aparición de los grupos armados, al tiempo que abogó por una mirada más pragmática del conflicto tomando en cuenta que los bloqueos también están debilitando electoralmente al MAS y puede remitir.

En las últimas horas, el expresidente Evo Morales pidió a sus seguidores no insistir con el cambio de fecha de los comicios y considerar las invitaciones al diálogo que preparan la Iglesia católica, Naciones Unidas y la Unión Europea con la mirada puesta en el 18 de octubre para las esperadas elecciones, solo uno de los puntos de la crisis múltiple que encara el país andino.