La economía marca el primer año de la presidencia de Rodrigo Paz en Bolivia

• “Que el ajuste sea económicamente necesario no significa que deba recaer desproporcionadamente sobre la población”. Fernando Romero.
• “La Asamblea está políticamente configurada en el centro; no hay antagonismos ideológicos importantes. Los tres partidos más relevantes entienden que el camino es reducir el papel del Estado, fomentar la inversión extranjera y dinamizar la economía, lo cual facilita el consenso para aprobar leyes”. Óscar Gracia.

La investidura de Rodrigo Paz como presidente hace un año fue vista por los bolivianos como una luz de esperanza para salir de la peor crisis económica del siglo que azota al país. Paz, el candidato de la derecha más moderada, prometió acabar con las filas de días para conseguir combustible, cerrar el mercado paralelo del dólar —que cotizaba la divisa hasta tres veces por encima de su precio oficial— y revertir la inflación, que rozaba el 20% anual. Doce meses después, la reorganización de las finanzas ha avanzado, pero el coste social ha tensionado la relación con su base electoral.

De acuerdo a la encuestadora Ipsos Ciesmori, en diciembre del año pasado el 64% de los bolivianos aprobaba la gestión presidencial. El número fue descendiendo hasta llegar al 25% en octubre, cuando se realizó el último sondeo. El punto de inflexión se produjo en julio, cuando Paz pasó del 52% al 32% de aprobación.

El Ejecutivo ha tomado medidas para reducir el impacto de las reformas. Desembolsó cerca de 170 millones de dólares para mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y familiares vulnerables, y anunció para los próximos meses otro abono de 874 millones; además, aumentó las jubilaciones en un 43% y el salario mínimo en un 20%.

Las medidas, no obstante, no fueron suficientes para los sectores más desfavorecidos, y su malestar aumentó con el reconocimiento de que se había distribuido gasolina adulterada que dañó a miles de vehículos. Campesinos, indígenas aimaras, profesores públicos y mineros asalariados —quienes constituyeron la base electoral de Paz— encabezaron 53 días de protestas y bloqueos de carreteras entre mayo y junio que acorralaron al Gobierno, que tuvo que recurrir al estado de excepción.

Las manifestaciones contra el Gobierno fueron en buena parte responsabilidad del expresidente Evo Morales, quien desde su refugio en la zona cocalera del Chapare enfrenta una orden de detención por el presunto abuso de una menor. Paz fue cauto durante la campaña sobre la posibilidad de detener a Morales, sobre todo porque necesitaba del voto del Movimiento al Socialismo (MAS) para ganar. La situación cambió cuando fue evidente que Morales azuzaba la calle. La Fiscalía emitió en julio pasado una segunda orden de aprehensión contra el exlíder cocalero, esta vez por los delitos de alzamiento armado contra el Estado y terrorismo, entre otros.

La tensión no se produjo solo entre el mandatario y parte de la población, sino también con sus aliados políticos. El partido oficialista, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se ha dividido en tres frentes: el empresario y candidato presidencial Samuel Doria Medina, quien prestó parte de su equipo al gabinete ministerial, rompió relaciones con Paz; el vicepresidente, Edmand Lara, está enfrentado con su compañero de fórmula desde diciembre. Lara oficializó su ruptura cuando se promulgó el primer decreto encaminado a la estabilización fiscal, el que eliminó un porcentaje de la subvención a los carburantes.

El subsidio al diésel le costaba al Estado 55 millones de dólares semanales, según el Ejecutivo. El gasto era uno de los principales responsables del déficit fiscal, que la anterior gestión dejó en alrededor del 10% del producto interior bruto (PIB); el presupuesto de este año proyecta que bajará un punto porcentual. El litro de diésel pasó de costar alrededor de 0,31 dólares a 1,52 dólares, afectando el precio de los alimentos.

El economista e investigador Fernando Romero asegura que el precio anterior era artificial porque se mantenía con recursos públicos de los que el Estado carece, sobre todo por la drástica caída en la producción y exportación de gas. “La eliminación del subsidio, sin embargo, encarece el transporte, la producción agrícola, la distribución de alimentos y los costes de las empresas. El impacto termina trasladándose, directa o indirectamente, a los consumidores”, explica.

Romero dice que se han dado pasos en decisiones políticamente costosas, pero necesarias: una modificación del régimen cambiario de fijo a flexible; las gestiones para recibir un préstamo de 1.900 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), o el fortalecimiento de las reservas internacionales, que Paz heredó con 2.880 millones de dólares, un descenso notable en comparación con los más de 14.000 millones acumulados en 2014. “Pero hay una diferencia fundamental: que el ajuste sea económicamente necesario no significa que deba recaer desproporcionadamente sobre la población”, acota.

El respaldo de la población es fundamental a la hora de aplicar dolorosas reformas económicas estructurales, de acuerdo con el filósofo político y jefe de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Óscar Gracia. “Los reajustes van a ser extremadamente difíciles de aplicar si Paz no encuentra mecanismos prácticos de mediación con los sectores sociales que se oponen”, dice. El Gobierno, apunta Gracia, tiene más sencilla la otra gobernabilidad, la institucional, aquella que se pacta con el poder Legislativo.

Si bien el oficialista PDC se fragmentó en tres grupos (el que responde a Paz, el que responde a Lara y otro leal a la estructura partidaria) y los líderes de las otras dos bancadas más numerosas en el Parlamento le retiraron su apoyo al Ejecutivo, se trata de desavenencias relativas a intereses particulares y grupales, de acuerdo con el analista. “La Asamblea está políticamente configurada en el centro; no hay antagonismos ideológicos importantes. Los tres partidos más relevantes entienden que el camino es reducir el papel del Estado, fomentar la inversión extranjera y dinamizar la economía, lo cual facilita el consenso para aprobar leyes”, explica.

El gran reto de Paz para el resto de su mandato es, por tanto, conseguir una base social que ofrezca poca resistencia a las agudas reformas económicas que aún restan. Porque, señala Romero, queda un largo camino en materia de políticas financieras —entre ellas, la eliminación total del subsidio a la gasolina— si se quiere revertir de fondo el gris panorama. “Las medidas tomadas hasta el momento responden a un programa de estabilización, no a una transformación estructural de la economía […]; los avances aún no se traducen en recuperación productiva, inversión, empleo y mejores ingresos familiares”, advierte.

Paz, desde la Cumbre Iberoamericana en Madrid, ha anunciado que están a punto de ser remitidas al Legislativo las leyes estructurales de hidrocarburos, minería e inversión extranjera.