Castigo a inocente muestra la grave crisis de justicia

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El caso de Reynaldo Ramírez, sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, es un reflejo de la crisis estructural de la justicia boliviana, coinciden dos expertos juristas. Aseguran que el cambio debe darse desde la universidad y piden un control más estricto del Consejo de la Magistratura.

El abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, indicó que “mientras no se adopten medidas estructurales, poco o nada va a avanzar el cambio de la transformación de la justicia”, una de estas medidas es generar cambios desde la currícula en las universidades.

En la misma línea, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, indicó que “el caso de Ramírez demuestra cómo estamos en la repartición de justicia. Estamos fallando desde las universidades, lanzando profesionales para el siglo pasado”. Explicó que se tienen que actualizar las mallas curriculares para incluir temas de derechos humanos, entre otros.

Ambos reconocen que hay algunos jueces y abogados que desempeñan una “mala labor”. De igual forma, coinciden que el Consejo de la Magistratura debe redefinir su rol y realizar un control más efectivo en temas económicos y administrativos del Órgano Judicial, sin dejar de lado el tema disciplinario, pero sin convertirse en perseguidores de jueces.

Por otro lado, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, calificó como “sintomático” el tema disciplinario en los juzgados del país, y, sobre el caso de Ramírez, pidió que el Consejo de la Magistratura active todos los mecanismos que sean necesarios para que se pueda resarcir los daños.

Sobre el caso específico de Reynaldo Ramírez, el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que realizará una valoración objetiva en base a la inspección del accionar del fiscal asignado al caso, Marcelo Delgadillo, y de la auditoría al proceso penal que inició el Órgano Judicial, para tomar una determinación.

El abogado de Ramírez, Óscar Auza, explicó que la acusación se basó a un parecido físico con el verdadero autor, identificado como Moisés B.Z., que fue capturado y enviado a prisión el pasado fin de semana.

Agregó que le tomaron 60 fotografías a su cliente y que la Policía certificó que no era la persona acusada; sin embargo, no fue valorado por el fiscal y el proceso continuó hasta llegar a la sentencia.

 

EVALÚAN A JUECES DEL PAÍS

Con la participación de jueces disciplinarios y autoridades del sistema judicial de todo el país, desde ayer se realiza el “Taller de evaluación de resultados del régimen disciplinario”. Este evento se desarrolla en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y busca evaluar el comportamiento de este régimen dentro el Órgano Judicial de Bolivia.

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, quien participó del evento, indicó que es importante realizar una autocrítica y reflexión al trabajo que se desarrolla en los juzgados disciplinarios del país. “Hemos llamado a la reflexión para que estos temas sean tratados. Hay jueces que están siendo procesados por delitos en el Ministerio Público, y hay otros jueces que atraviesan procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura en los juzgados disciplinarios. Unos son por delitos y otros son por faltas gravísimas, para las faltas gravísimas la sanción es la suspensión, pero nos llama la atención que no haya jueces suspendidos”, acotó Jiménez.

 

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