Chiquitania, en crisis; dan tierra a más de un millar de comunidades

El asentamiento de 69 comunidades campesinas en el municipio de San Miguel de Velasco, ha puesto en debate la política de distribución de tierras en Santa Cruz. En este contexto, el Bloque Cívico Chiquitano reveló que en los municipios que conforman esa región, a la fecha, se asentaron más de un millar de comunidades campesinas llegadas del interior.

El dato fue disparado por José Serrate, presidente del bloque. El líder cívico detalló que en el municipio de Concepción existen 200 comunidades nuevas. A ella se suman 300 que se instalaron en el municipio de San José de Chiquitos y otras 200 que se enraizaron en San Ignacio.

“Si sumamos todos los municipios, ahora pasamos las 1.000 comunidades en toda la Chiquitania, y son pura gente del interior”, afirmó Serrate, a tiempo de cuestionar, que desde el Gobierno no se toma en cuenta a la gente nativa para la entrega de tierras.

Siguiendo su intervención, dijo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), viola el artículo 43 de Ley 1715, que establece que “la dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar”. El mismo artículo señala que “la dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que posean insuficiente”.

“Nos siguen trayendo gente de afuera y a la gente del lugar no la toman en cuenta para nada, se debería hacer con consulta a nuestras comunidades y municipios, que son dueños de las tierras”, reclamó.

Incluso Serrate denunció que muchos de los beneficiados con esas dotaciones llegan a vender la tierra a terceros.

Dio cuenta de 90 denuncias fueron enviadas al Senado y al ministerio del área, en donde se han identificado a los responsables del hecho ilegal.

El pasado jueves, 69 comunidades se asentaron en una extensión de 130.000 hectáreas en el municipio de San Miguel, luego de ser beneficiadas por una serie de resoluciones emitidas desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el INRA.

Para Óscar Hugo Dorado, alcalde de este municipio el asentamiento es “un golpe terrible” para la economía de su región.

“El municipio luego se tiene que encargar de la atención de los servicios básicos, luz, aguacaminos, salud y educación”, se quejó la autoridad municipal.

Al igual que Serrate, cuestionó el trabajo del INRA y alertó que el asentamiento tendrá serios peligros para el medioambiente.

“¿Quién le dijo al INRA que nuestros bosques se tienen que repartir como torta? Es un revanchismo contra los originarios, que están en los bosques, que tienen una cultura de sobrevivencia. Vamos a sufrir deforestaciones”, denunció Dorado.

Viceministro ve racismo

Consultado sobre las observaciones hechas por los cívicos, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado, descalificó las declaraciones de Serrate y el alcalde de San Miguel, a las que acusó de estar llenas de racismo.

“Son declaraciones irresponsables y temerarias de los políticos que nunca han tenido propuestas”, sostuvo.

Luego incluso denunció la presencia de grupos de choque de cívicos y de algunos alcaldes de la región chiquitana, “que no quieren ver collas por ahí”.

“Hay una fuerte carga de racismo. Todavía hay discriminación, ellos (los campesinos) solo quieren acceder a sus 50 hectáreas, para producir lo que consumimos en las ciudades”, sostuvo.

Sobre la presencia de más DE 1.000 comunidades asentadas en toda la Chiquitania, Dorado afirmó desconocer el dato.

Además, sostuvo que es falso que solo se está entregando tierra a personas ajenas al municipio. “Se ha entregado tierra a 18 comunidades indígenas”, dijo.

El que sí confirmó la presencia de comunidades campesinas en la zona de la Chiquitania, fue Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), aunque aclaró que de su organización solo existen 200 comunidades.

“El resto son interculturales”, precisó el dirigente.

Sobre la venta ilegal de tierra en esa zona, sostuvo que desconoce, si algún afiliado suyo ha hecho esto, pero instó a denunciar el hecho y dijo que desde su institución no se encubrirá a nadie.

Se llamó de forma insistente al director del INRA, Juan Carlos León, pero no atendió su celular.

Pero recientemente la página web de esa institución informó sobre la entrega de 17 resoluciones de autorización de asentamientos a comunidades interculturales, siendo la superficie autorizada de 26.157 hectáreas con 4.937 metros cuadrados ubicadas en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco en Santa Cruz, en favor de 539 familias.

Gobernación ve ilegalidad

Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas y de Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que el territorio del municipio de San Miguel de Velasco tiene una vocación forestal, ganadera, y agrosilvopastoril, por lo que cuestionó la legalidad del asentamiento y su uso para la agricultura. Además, dijo que el INRA y el Gobierno, no enviaron ningún tipo de información sobre la dotación.

“Se ha incumplido la normativa que establece que para hacer un asentamiento se debe certificar el uso de suelo, que es un certificado que emite el Gobierno departamental. Ellos deben consultar”, afirmó Sosa.

Incluso sostuvo que esa tierra posee un uso de suelo restringido. Agregó que el INRA debió solicitar el Plan de Ordenamiento Predial (POP), que otorga la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la que determina si los predios sirven para ser utilizados. “Nosotros registramos toda esta información sobre el asentamiento que genera el INRA y la ABT, y no se ha hecho”, añadió.

Por último, dijo que es indignante la actitud del INRA con el Gobierno departamental.

“Ellos deberían decirnos, señores queremos hacer la dotación de estas tierras, certifiquen su uso de suelo, pero no tenemos ninguna información enviada sobre este asentamiento”, dijo.

De acuerdo a datos del Viceministerio de Tierras, de los 106 millones de hectáreas que hay en el país, 90 millones de hectáreas fueron saneadas y hasta el momento se han detectado unos ocho millones de hectáreas que corresponden a tierras fiscales.

Más allá del avance del saneamiento el tema reaviva fricciones en el departamento más productivo del país: Santa Cruz.