Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.
“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.
La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.
Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría de los resultados.
Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.
Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.
Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.
Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.
Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.
Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.
Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.
1. La auditoría
En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.
El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.
Mesa quedó de segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.
La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.
La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.
Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.
Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.
2. El ejército y la policía en contra
En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.
“Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.
La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.
Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.
Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.
Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sinpolicía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.
3. Presión en la calle
La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.
Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.
Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.
Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.
Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.
Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.
4. Radicalización de la oposición
Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.
El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.
Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.
“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.
5. La re-re-reelección
Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor, las reelecciones de Evo Morales.
Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.
El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.
Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.
Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.
Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.
Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.
Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.