Cocaleros divididos mantienen el riesgo de violencia

Un grupo de indígenas que aceptan el registro biométrico pueden plantar coca. Los otros, que son campesinos que se oponen a ella, están del otro lado. Hay un horizonte incompatible

Aparentemente hay calma en la región. Apolo, al norte de La Paz, tiene dos bandos cocaleros que son como el agua y el aceite; tienen un horizonte incompatible, lo que pone en riesgo futuros actos de violencia tras confirmarse seis muertos en la zona mientras querían erradicar la hoja de coca. El sector indígena, con cierta inclinación al Ejecutivo, se caracteriza por apuntalar el sistema biométrico de sus afiliados, mientras que los campesinos, acusados de planificar la muerte de uniformados, se oponen a la ‘biometrización’ porque sería, según ellos, aceptar que sus productores son colonizadores y no tradicionales.

El sembradío de coca generó pugnas entre estos sectores. La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) congrega 21 comunidades, de las cuales 13 son afiliadas a la regional cocalera de La Paz y sus afiliados están adecuados al sistema biométrico, proyecto que deriva en la racionalización de la hoja. En la vereda de enfrente están los cocaleros registrados en la Federación de Campesinos de Apolo, sector que reúne 70 comunidades y que 36 cultivan la hoja. Este bando no es reconocido por la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca).

Estas fracturas ponen (latente) la violencia en Apolo. El capitán grande de la Cipla, Leonardo Sumpero, detalló que las diferencias con los campesinos se enmarcan en dos puntos: el tema territorial y la producción de coca. Reconoció que su organización tiene “serias” dificultades para lograr acuerdos con los campesinos y que su sector no retrocederá en apuntalar el sistema biométrico que impulsa el Gobierno. “Nosotros no apoyamos al MAS, somos parte del proyecto de Lino Villca (disidente y crítico del oficialismo)”, admitió.

En esa línea, el dirigente cocalero Alejandro Huanca señaló que su organización apoya la ‘biometrización’ y reprochó la actitud de los campesinos, que se oponen a la erradicación de sus cocales. “Lo que pasó es una emboscada, y eso la investigación lo podrá determinar”, advirtió.

Por otra parte, el dirigente campesino Isidoro Chungara justificó la oposición al registro porque sería admitir que sus afiliados no son productores tradicionales. “Acá no hay coca excedentaria, más bien nos falta llegar a las 300 hectáreas (en Apolo) que estableció en el programa de Naciones Unidas”, relató, mientras cuestionó el supuesto uso excesivo de violencia por parte de los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el sábado, cuando se produjeron los incidentes.

El Gobierno intenta erradicar los cocales en cuatro comunidades que se oponen al proyecto gubernamental. Miraflores, donde se produjeron las muertes, Copacabana, Piedra Blanca y Concepción. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló ayer que no negociará con asesinos. Este hecho ha generado que cualquier intento por sentar a ambas partes sea nulo. El tema no se solucionará por el diálogo, advierten

LA TRISTEZA SE APODERÓ DE LA ZONA DEL HECHO

Acorralados y preocupados. Así están los dirigentes acusados por las muertes de los agentes de la FTC y ellos denuncian que la Policía los “cercó” en la comunidad de Miraflores para evitar que se trasladaran al municipio de Apolo. EL DEBER llegó a la zona donde hay calma, pero mucha tristeza por lo sucedido.

Varias lágrimas brotan de los ojos de María Estrada. No sabe cómo empezó la tragedia, pero recuerda la forma “abusiva” en que ingresaron los policías y militares a sus humildes hogares. Lo único que hizo fue resguardar a sus nietos mientras los gases lacrimógenos se apoderaron de todo. “No somos narcos, pero vivimos de la coca”.

Alan (nombre ficticio) está abandonado. Su padre fue aprehendido y su madre falleció hace algunos años. El niño, de seis años, llora y tiene miedo a los policías.

“Los ve como a unos monstruos”, dice Héctor Cari, un poblador que mostró a este medio como quedó su casa. “Somos perseguidos, ahora no podemos salir porque están en plena cacería de dirigentes”,  dijo.

Más datos en el lugar de los hechos

Investigación justa

Las juntas vecinales de Apolo, en una asamblea  realizada ayer, pidieron una investigación “imparcial” para verificar lo sucedido el sábado, cuando, según ellos, fallecieron seis personas en la comunidad de Miraflores.

Ni unos ni otros

La comunidad apoleña, consultada por este medio de comunicación, se manifestó molesta con el uso de fuerza contra los pobladores de Miraflores, pero también reprocharon el uso de armas de fuego en esa zona.

El jefe militar en el lugar

El comandante de las Fuerzas Armadas, general Edwin de la Fuente, permanece en Apolo después de verificar la zona donde se ejecutaron los disparos. El militar no quiso hablar con la prensa.