Constitucionalistas: la ley del Notariado viola CPE

“La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública, lo que va contra el artículo 12 de la Constitución”, dijo Bascopé.

Expertos constitucionalistas afirmaron que la Ley del Notariado  contradice al menos tres artículos de la Constitución Política del Estado y que el Gobierno pretende legalizar estos “vicios jurídicos”  teniendo el “dominio” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 
El  constitucionalista William Bascopé explicó que la Ley del Notariado, cuya aplicación fue suspendida por los  magistrados del TCP Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, viola la independencia de los cuatro poderes del Estado.
“La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública. Eso sería una usurpación de funciones y violación a la independencia del Órgano Judicial”, explicó Bascopé, quien aclaró que el artículo 12 de la Constitución señala que la organización del Estado está fundamentada en la independencia.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Börth dijo que dentro de las  atribuciones de los directores departamentales del Notariado -que establece la Ley del Notariado- figura la administración de un archivo de todas las escrituras que emitieron los notarios y que estará en poder del Ministerio de Justicia. 
“¿Ustedes quieren que sus contratos estén a disposición del Ministerio de Gobierno? Porque estando (el archivo) en el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno sólo le bastará enviar a sus funcionarios para que tengan acceso a la documentación”, dijo Börth, y advirtió que la confidencialidad y la seguridad jurídica habrán desaparecido.
En la misma línea, el jurista orureño Iver Pereira señaló que mediante la Ley del Notariado se quiere otorgar a los notarios labores que son de competencia de jueces, como ser la definición de herencias, juicios de divorcio y otros trámites.
En ese marco, los expertos coincidieron en que la Cámara de Diputados aprobó un juicio contra las magistradas para tener “dominio” del Tribunal Constitucional y así garantizar que la Ley del Notariado sea declarado constitucional.
“Sin estas magistradas, el TCP dirá que estos artículos de la Ley del Notariado son constitucionales. Con este antecedente, no creo que exista otro magistrado que se atreva a discutir las leyes del  MAS”, advirtió Börth, quien dijo que el magistrado relator de este caso es Ruddy Flores, el que fue presidente del TCP, y al que se acusa de ser afín al MAS.
Por su lado,  Pereira señaló que  “las magistradas emitieron la resolución en estricto apego a las leyes. El Gobierno lo que quiere es meter miedo a las autoridades judiciales para que nadie contradiga ni observe las leyes”.

Asimismo, Carlos Börth y William Bascopé afirmaron que las magistradas sí cometieron un error al haber suspendido toda la norma, pero que esa falla era subsanable, por lo que no ameritaba que sean suspendidas, mucho menos enjuiciadas.

El procurador exige explicaciones
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Zoraida Chánez y Gualberto Cusi que justifiquen las razones que tuvieron para suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
“Quisiéramos escuchar una explicación coherente de lo que se les interpela jurídicamente. Las señoras magistradas se han acogido al derecho al silencio, no han dicho absolutamente nada en la declaración ante la Asamblea Legislativa”, lamentó.
Arce consideró que las autoridades del más alto tribunal de justicia del país tienen la responsabilidad de explicar sus actos y “no pueden, como un vulgar delincuente, acogerse al silencio”. 
Asimismo, señaló que las magistradas tampoco pueden eludir la acción de la justicia por medio de chicanas  o acciones de inconstitucionalidad. 
“Deben tener la dignidad de ir y explicar ante la Cámara Alta cuál fue el fundamento y las razones de haber cometido semejante felonía jurídica”, manifestó Arce. (ABI)