Cumbre de justicia fue una oportunidad perdida

Expertos coinciden en que la decisión sugerida por el Vicepresidente y adoptada como una conclusión por la Cumbre Nacional de Justicia de aprobar la cadena perpetua para violadores de niños y la depuración de malos funcionarios del Poder Judicial es improvisada, involutiva y no soluciona los verdaderos problemas de la justicia boliviana.

Según Juan Del Granado, “hace un siglo que la cadena perpetua (al igual que la pena de muerte) ha demostrado no sólo su carácter regresivo, sino su inutilidad para combatir la delincuencia violenta y aberrante”.

El constitucionalista Carlos Alarcón sostiene que “la cumbre judicial ni siquiera ha tratado a fondo, y menos ha dado respuestas, el principal problema de la administración de justicia, que es la falta de independencia de todos los operadores del sistema judicial con relación al poder político; tumor cancerígeno del cual se derivan todos los demás males y defectos del sistema y que tienen de víctima al conjunto de la población boliviana”.

Con relación a las dos conclusiones más destacadas: el establecimiento de la prisión perpetua para el delito de violación de menores seguida de muerte y el mantenimiento del voto popular, mejorando los mecanismos de preselección, para elegir a las máximas autoridades judiciales el 2017, ambos expertos concluyen  que la cumbre judicial es “una oportunidad perdida”.

“La modificación que se propone requiere una Asamblea Constituyente y ésta necesita de un referendo de inicio para convocarla, elección por voto de los constituyentes y referendo de salida para aprobar la reforma, más la elección de jueces del próximo año (que ha quedado confirmada por la cumbre judicial), estamos hablando de cuatro procesos electorales en los próximos dos años, con un gasto de 96 millones de dólares; sin mencionar que con ello el cambio del artículo 168 sobre la reelección queda fuera porque no es competencia de la Asamblea Constituyente sino de la Asamblea Legislativa”, señala Carlos Alarcón.

Cadena perpetua, un retroceso

Hace 20 años, especialmente en Europa, se impuso la corriente legislativa de la “prisión permanente revisable” para los delitos más graves, consistente en una prisión indefinida hasta un número de años (España 25, Italia 26, Francia 30), después de los cuales la condena es revisable si el individuo está en condiciones de reinsertarse sin peligro de reincidencia en la comunidad.  Esta corriente europea intenta equilibrar los rigores penitenciarios con los principios garantistas y ha sido seguida en Latinoámerica, especialmente en Chile, Argentina y Perú, donde el condenado “rehabilitado” puede recuperar su libertad después de 35 años de buen comportamiento carcelario, aproximadamente.

El límite constitucional de 30 años de prisión es un mérito de Bolivia a los ojos del mundo. “Los europeos están planteando reducir en sus constituciones este límite a 15 o 10 años; los delitos de violencia sexual, a diferencia de los de cálculo como los de corrupción, no se inhiben por la gravedad de las penas, y la sumatoria aritmética de penas es el modelo de Estados Unidos, donde condenas a 100 o más años se pueden reducir a 10, 15 o cinco  según los mecanismos discrecionales de reducción de penas en la fase de ejecución, en contra de las garantías de legalidad, certeza e igualdad que debería guiar la imposición y ejecución de penas”, explica el constitucionalista Alarcón.

Juan Del Granado considera demagógica la propuesta. “Es tratar de aprovecharse de la indignación popular frente a los crímenes más graves, haciendo creer que las cárceles o la guillotina acabarán con la delincuencia (como lo hizo la dictadura banzerista que implantó la pena de muerte)”.

Preselección de los jueces

Sobre la necesidad de mejorar la preselección para elegir altos jueces el próximo año, Alarcón y Del Granado coinciden en que la cumbre no propone ningún mecanismo para alcanzar este resultado del que depende la justicia independiente y de alta calidad.

“Anillo al dedo mi propuesta de una iniciativa legislativa ciudadana para que se reglamente la fase de preselección de candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal

Agroambiental y Consejo de la Magistratura, sin tocar ni modificar la CPE. Debemos establecer 11 tribunales de mérito para preseleccionar concursantes sobre la base de un concurso público de méritos;  seis tribunales de mérito de la sociedad civil y cinco del Estado; y sobre la base de estas nóminas la Asamblea Legislativa estaría obligada a elaborar ternas de postulantes para el voto popular”, dice Alarcón.

“No es necesaria la reforma de la CPE para iniciar la reforma judicial; propusimos hacer de la elección popular de magistrados del 2017 el primer paso, por la vía de confiar la selección de candidatos ya no a los dos tercios masistas de la Asamblea Legislativa, sino  exclusivamente a una comisión de personalidades independientes, previamente consensuada. Pero además propusimos incrementar a un 3% o 5% el presupuesto judicial, lo que ha sido descartado.  Seguiremos insistiendo en ello, ya que la independencia de los jueces y el presupuesto judicial siguen siendo los ejes principales de una mejor justicia, que nada tienen que ver con el encarcelamiento perpetuo de los delincuentes. Independencia del poder político, más presupuesto para la justicia y abordar el tema de la justicia originaria son los temas que esperábamos que se traten y que han sido deliberadamente ignorados”, menciona Juan Del Granado.

Improvisación e inutilidad de la propuesta

Juan Del Granado cree que la aprobación de una medida como la cadena perpetua es señal de improvisación, tanto en el Vicepresidente como en la cumbre y que no es posible en el actual contexto convocar  una nueva

Asamblea Constituyente. “En el apresuramiento, García Linera se olvidó que las garantías jurisdiccionales, que excluyen tanto la pena de muerte como la prisión perpetua, son parte de los derechos y garantías, sólo modificables por una Asamblea Constituyente. De ahí la inutilidad de la propuesta, pero también la inutilidad de la cumbre, que fuera de la cadena perpetua no ha aprobado nada concreto, dejando en una nebulosa de 120 días la implementación de algunas decisiones como la del cambio total de los operadores de justicia que, si incluye a los jueces supremos, significaría un verdadero golpe judicial, cuya continuación podrían ser los interinatos inconstitucionales a los que nos tiene acostumbrados casi de manera perpetua el oficialismo”.

Una  nueva justicia

• Voto popularLa Cumbre de Justicia determinó mantener el voto popular como modalidad de elección de altas autoridades del Órgano Judicial.
• FortalecimientoLa Asamblea Legislativa mantendrá su facultad de preseleccionar a los postulantes a altos cargos del Poder Judicial.
• VigilanciaLa cumbre determinó implementar cámaras de vigilancia para prevenir la corrupción en oficinas del Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana.
• Cadena perpetuaSe incorporó la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte.
• SumatoriaEn el cónclave también se determinó aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia social y casos de reincidencia.
• DerechoRediseñar la malla curricular de las carreras de Derecho en las universidades.