El brazo político, la fundamentación legal y la filtración de los Panamá Papers

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Dos golpes de timón le devolvieron oxigeno al Gobierno del presidente Morales en momentos en los que parecían acabarse los argumentos sobre el bullado caso Zapata; el primero, la revelación del origen de la fuente de que el hijo entre el primer mandatario y la contratista no existe; el otro, la publicación de la lista de empresas bolivianas y registros particulares en otro escándalo: los Panamá Papers. Aunque este repercutió en el mundo, llevándose una marea de afectados entre quienes figuraban incluso jefes de Estado y personalidades públicas, la apertura de la investigación para determinar el origen de las fortunas de los clientes del estudio de abogados Mossack & Fonseca asentado el Panamá.

El encargado de transmitir un duro mensaje a los bolivianos involucrados en la lista fue el vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera. La autoridad aseguró que se investigará una a una las empresas de Panamá que están a nombre de bolivianos y que quienes eludieron impuestos serán sometidos a la justicia. Aunque la autoridad reconoció una diferencia. Dijo que los empresarios que constituyeron sus sociedades en Panamá, pero que sí tributaron al Estado boliviano, no deben preocuparse porque ellos no tendrán ningún problema. “Político o empresario que se fue a Panamá para no pagar impuestos, político o empresario que usó Panamá para esconder propiedad o para lavar dinero, la justicia se va a hacer cargo de ellos, porque no podemos permitir que este tráfico de influencias que cometieron continúe”, enfatizó.

Puesta la discusión en lo más alto del Ejecutivo, expertos bolivianos en leyes y materia tributaria contactados por dat0s explicaron que se pretende confundir a la opinión pública respecto a connotación de las sociedades offshore. Precisaron que en el mundo moderno, la tributación en general y el impuesto a la renta está regida por tres principios para ejercer jurisdicción y de esta forma gravar a las personas sujetas a impuestos, a saber: fuente o territorialidad; residencia y ciudadanía o nacionalidad. Explican: “el sistema tributario boliviano adopta el principio de fuente en los  Artículos  20, 21 y 42 de la Ley 843, que establece que ´son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos´”.

Por este principio fundamentado en la ley, continúan los expertos, “la generación de renta en Bolivia tributa en Bolivia independientemente de que se saque el dinero al exterior, justamente por esto encuentra cabida el pago de Impuesto a la Utilidad de las Empresas – Beneficiarios Exterior (IUE-BE). Al respecto el Art. 51 de la Ley 843 establece que ´cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% del monto total pagado o remesado. Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% de la utilidad neta gravada presunta´”.

Las mismas fuentes aseguran que “no es requisito obligatorio constituir una sociedad offshore para sacar dinero de Bolivia, puesto que, para ese fin, simplemente se requiere el contar con una cuenta bancaria en el extranjero y realizar transferencias o depósitos en la misma, siendo una persona natural o jurídica”.

 

Evasión y elusión impositiva

Por otra parte, los entendidos en la materia mostraron su extrañeza por la politización del caso y los argumentos que se utilizan sobre la presunta facilidad para evadir impuestos a través de una sociedad offshore y el castigo que devendría de esta actividad. “Se debe considerar que en doctrina y aplicación tributaria existen dos figuras a las que hacen referencia los contribuyentes y las administraciones tributarias: la elusión fiscal y la evasión fiscal. La primera supone que los contribuyentes usan los espacios vacíos o imprecisiones de la ley para reducir las obligaciones tributarias, pero actuando en el marco de la legalidad; la segunda figura sí constituye un ilícito que debe ser penado por privar al Estado de ingresos públicos obligatorios. En ese caso, las autoridades bolivianas deberán establecer qué sociedades constituidas en Panamá cometieron delitos y sobre tales deberá caer todo el peso de la ley por defraudar al Estado privándol