Devuelven al Fondioc cerca de Bs 2 MM y Ancieta no lo hace
Alrededor de dos millones de bolivianos fueron devueltos al Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc). Los recursos son de saldos no ejecutados en siete proyectos financiados por el órgano indígena.
Sin embargo, Juanita Ancieta, ejecutiva nacional de las Bartolinas, quien hace ocho días prometió devolver cinco millones de bolivianos, hasta la fecha no lo hizo.
La devolución de los recursos se da en el marco de la conminatoria que efectuó la interventora a los representantes de los 1.100 proyectos que recibieron recursos del Fondo Indígena, pero que no fueron ejecutados.
La interventora instruyó, en marzo, a los representantes legales que devuelvan los recursos no ejecutados o los saldos a una cuenta única del Tesoro General de la Nación (TGN).
Según información del Fondo Indígena, los representantes de seis proyectos depositaron 1.139.543 bolivianos.
Ayer, indígenas de la colonia José María Linares del municipio de Bermejo, en Tarija, repusieron 857.000 bolivianos del dinero que recibieron en octubre de 2014, para ejecutar el proyecto de fomento a la producción con la dotación de abono orgánico .
“El dinero fue devuelto porque no logramos ejecutarlo, ya que aún realizábamos trámites para la adquisición del abono, cuando fue designada la interventora”, informó el representante de los indígenas, William Castillo.
Sin embargo, pese a que la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa Juanita Ancieta anunció el 23 de junio que devolvería cinco millones de bolivianos, hasta la fecha no cumplió su promesa, confirmaron en el Fondo Indígena.
“Primero es ocho millones de bolivianos, se han ejecutado sólo tres millones de bolivianos, el resto queremos ayudar a transparentar, es una decisión orgánica que hemos evaluado. Estamos devolviendo al TGN. Serían cinco millones de bolivianos, inclusive un poquito más”, dijo Ancieta, luego de una reunión con dirigentes de organizaciones sociales en el Palacio de Gobierno.
En febrero, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos no ejecutados e inconclusos, pese a que recibieron entre el 25% y el 75% del costo total del proyecto.
Un documento, al que accedió Página Siete, revela que hasta el 20 de agosto de 2013 el Fondo Indígena transfirió a siete organizaciones sociales 441,9 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos de desarrollo social, productivo y organizativo en diferentes regiones del país.
Las organizaciones que recibieron más recursos fueron los Interculturales de Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Otros beneficiados
Bartolinas El Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa se beneficiaron con más de 70 millones de bolivianos. Menor cantidad de recursos percibieron la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia (APG), la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.
Fiscalía dice
que confundió
“consintió”
con “conoció”
El fiscal de Distrito de La Paz, Marcelo Rollano, aclaró ayer que hubo una confusión de términos en el informe escrito que enviaron al Senado sobre el Fondo Indígena .
Explicó que en el documento se afirma que el ministro de Economía Luis Arce, “consintió” desembolsos directos a dirigentes, pero debió decir que la autoridad sólo “conoció” estas transacciones.
El término “consentimiento” está en un informe que los fiscales Anghelo Saravia, Elsa Villafranqui y Gregorio Blanco enviaron a la Cámara de Senadores a solicitud de Ortiz.
Según Rollano, los mismos investigadores le enviaron otro informe en el que aclaran que cometieron ese error, según Erbol.
“Hoy hicieron conocer un informe de oficio en que los fiscales hacen conocer que ha existido un error en poner el término ‘consentimiento’ en lugar de ‘conocimiento'”, dijo Rollano.
La aclaración se da luego que el ministro de Economía advirtiera a los fiscales con iniciarles un juicio por difamación.