Divididos y enfrentados, pactan la guerra

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Un conflicto que se decide en las calles de La Paz. Mineros y cooperativistas acuerdan el toque de queda en Colquiri. ¿Hasta cuándo durará la paz?

El martes 18 de septiembre al promediar el mediodía, una descarga de dinamita explotó en el cuerpo del minero asalariado Héctor Choque. La detonación lo dejo herido de gravedad. Los policías que custodiaban la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) en el Prado de La Paz, no atinaron a desconcentrar la marcha que los cooperativistas anunciaron desde la mañana que sería violenta. En lugar de derivar la movilización por otras arterias del convulsionado centro paceño, los efectivos del orden dejaron que los cooperativistas detonaran dinamita al pasar por la sede minera. Choque perdió la vida minutos después cuando era traslado a un hospital.

Desde la denominada “relocalización” en 1985, los cooperativistas se han convertido en una peligrosa fuerza de choque. Llegan a la sede de Gobierno para defender a rajatabla los acuerdos que a lo largo de estos últimos años han firmado con diferentes gobiernos. La presión que ejercen se deja sentir en La Paz. Ese mismo martes un dirigente del sector dijo que llegarían 50.000 cooperativistas a la sede de Gobierno. El anunció no se cumplió pero unos 5.000 marcharon arrojando dinamita y haciendo sentir su paso. Esta historia se repite en la desenfrenada carrera por ganar dinero y obtener ventajas de los gobiernos del turno.

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, varios gobiernos se aferraron a los cooperativistas mineros. Se dice en palacio que en la medida que su fuerza de choque actúa arrancan concesiones y millonarios créditos. Los cooperativistas no pagan impuestos y apenas conceden al Estado un pequeño beneficio de sus ganancias en regalías mineras. Por naturaleza, son ellos mismos los que deciden dónde y en qué gastar. Los mineros  asalariados dicen que se aprovechan de su trabajo. “Dinamitan la bocamina y hacen volar los pilares de soporte que construimos nosotros con gran esfuerzo para extraer minerales”. Los mineros asalariados y las empresas privadas los llaman a los cooperativistas “depredadores”.

Durante el Gobierno de Carlos Mesa, alzados por sus dirigentes y soliviantados por la disputa del poder, desencadenaron una furiosa movilización que después de asediar por varios días en La Paz se trasladó a Sucre para evitar que el presidente del senado, Hornando Vaca Diez asumiera la presidencia de Bolivia.

Los cooperativistas han recibido en los últimos años muchas ventajas económicas. Si bien no hay una cifra exacta de cuántos son en número se cree que son entre 80.000 a 120.000  que sumados a sus familias se constituyen en una importante fuerza electoral. Los asalariados dicen que “los ´primeras manos´ no deben pasar de 2.000”. Es así como se los conoce a los dirigentes que reciben grandes ganancias. De acuerdo a los mismos asalariados “los ´primeras manos´ ganan por encima de los 50.000 dólares por mes. El resto son sus esclavos que trabajan en pésimas condiciones. Los mandan con sus mochilas por las noches a sacar el mineral”, aseguran. Además observan que no gozan de beneficios sociales y no están inscritos en el régimen tributario.

Los asalariados no se quedan atrás

Los ingresos de un trabajador asalariado también son bastante altos. Los cooperativistas dicen que no tienen de que quejarse porque están ganando hasta 10.0000 bolivianos.  Los asalariados dicen que los cooperativistas exageran. No desmienten la información pero justifican señalando que “somos los que seguimos haciendo el trabajo pesado.

Munidos de dinamita los asalariados hacen temblar los edificios del centro paceño al grito de “nacionalización”. Han firmado un acuerdo con el Gobierno y sus eternos enemigos cooperativistas para dividirse la explotación de la manzana de la discordia en Colquiri. La veta “Rosario” que de acuerdo a la versión de  especialistas cobija una riqueza de 19.000 millones de dólares. Del “Rosario” se  dice que no se agotará en los próximos 20 años.

Las pugnas por el control de esta veta comenzaron a comienzos de 2012. Entonces la empresa Sinchi Wayra que en realidad pertenece a la suiza Glencore, una de las mayores comercializadoras de minerales del mundo, cedió el “Rosario” a favor de los cooperativistas con el compromiso de que le entreguen la producción y sean ellos los comercializadores del mineral. Sinchi Wayra opera en otras minas en acuerdos joint venture con el Estado. En la mina Bolívar, por ejemplo, el acuerdo que tiene Sinchi Wayra le permite mantener una relación privilegiada con los trabajadores del subsuelo. En el campamento tienen modernas técnicas de seguridad industrial y su alianza con la empresa privada se compensa con las condiciones de vida que se les ofrece a sus familias.

Sea cual fuera la figura, en los últimos años las relaciones entre asalariados, cooperativistas y la empresa privada se han tensado. Los tres sectores opinan que la actividad minera es muy inestable. Los cooperativistas tienen la virtud de haber arañado la tierra y persistido en la actividad durante los tiempos difíciles. En 1985 los centros mineros parecían cementerios desiertos, los desmontes estaban votados y el mineral no valía nada. Más de 25.000 mineros iniciaron entonces un impresionante éxodo a las tierras bajas donde se asentaron en actividades agrícolas, principalmente en los sembradíos de la hoja de coca. Pero en los últimos 10 años debido al auge en el precio de los minerales por la demanda de las economías emergentes la actividad volvió a florecer. Hoy se calcul