Mujeres trabajadoras de Alcaldía de La Paz realizaron este lunes un plantón de protesta en la Fiscalía de La Paz, para reclamar por el proceso que se lleva adelante contra su compañera, Yamile Cáceres, víctima de violencia de parte de un subteniente de la Policía.

El jueves de la semana pasada, Cáceres fue aprehendida por el Policía, por supuestamente estorbar sus funciones, sin embargo, en la grabación del hecho se observa que el policía reacciona con violencia cuando la funcionaria le pidió estacionarse de manera correcta. La mujer gritó auxilio y que estaba embarazada, mientras el policía la arrestó por la fuerza.

La Fiscalía imputó a Cáceres por el delito de impedir o estorbar las funciones públicas y un juez dictó arraigo contra la funcionaria. Las mujeres trabajadoras del municipio se indignaron las autoridades del Ministerio Público y la justicia, por lo cual decidieron hacer una protesta.

La concejala Cecilia Chacón criticó que no se haya tomado en cuentas los videos como evidencia. Aseguró que Cáceres debe obtener libertad  pura y simple, si es que la Fiscalía pretende recuperar algo de credibilidad.

Dijo que las mujeres no pueden estar seguras cuando en la calle está un “abusivo”  con uniforme como el subteniente que agredió a Cáceres.

La concejala Beatriz Álvarez exigió que se cumpla la ley que garantiza las mujeres una vida libre de violencia y lamentó que Cáceres haya sido víctima de un triple abuso: del policía, la Fiscalía y la justicia.

El director jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, criticó la actuación de la Fiscalía contra Cáceres, puesto que por ejemplo fundamentó las medidas cautelares con argumentos como que la servidora no tiene una actividad permanente,  cuando fue detenida en el ejercicio de sus funciones.

Anunció que se apelará las medidas cautelares contra Cáceres, para que la funcionaria obtenga libertad pura y simple.

Recordó que el municipio ya ha presentado una denuncia contra el subteniente por los delitos de violencia a la mujer e impedir sus funciones. Pidió que las autoridades del Ministerio Público actúen con la misma celeridad que aplicaron en el proceso contra la mujer.