El caso terrorismo está cada vez más devaluado

Las versiones. Exautoridades del Ministerio de Gobierno afirman que el caso nació desde el propio Poder Ejecutivo e indican que un día antes del operativo fueron advertidos de que algo grande sucedería. Romero niega un montaje

La madrugada del 16 de abril de 2009 el país se sacudió desde el cruce de las calles 21 de Mayo y Seoane. Aquella noche un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y se inició una historia política y judicial que hoy, a cinco años de ocurrida, no termina de cerrarse.

Los sobrevivientes de las acciones ejecutadas -sin apoyo fiscal ni orden judicial- Elöd Tóásó y Mario Tadic están, junto a otras 37 personas, procesados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. El juicio ha tenido varios ‘tropiezos’ y se han conocido versiones de lo sucedido en aquel entonces. Varias coinciden en que el proceso fue armado, que Rózsa fue asesinado junto a los otros dos extranjeros y que el Ejecutivo no quiere que la verdad se conozca. El Gobierno habla de terrorismo y separatismo.

Una nueva revelación fue lanzada por exautoridades del Ministerio de Gobierno que de una u otra manera se involucraron en este caso. EL DEBER conversó con estas personas que aseguran que el Gobierno no se infiltró en la supuesta célula terrorista, sino que el caso habría nacido a finales de 2008, supuestamente orquestada por algunos miembros del Ejecutivo. En ese tiempo, el nombre de Eduardo Rózsa comenzó a circular en los órganos de seguridad del Estado. No mencionan nombres, pero afirman que hubo una pirámide de mando que se hizo cargo de lo que luego ocurrió.

En palabras de estos exfuncionarios, la finalidad del caso fue desarticular el movimiento autonomista que había desbordado el control estatal (toma de instituciones y confrontaciones permanentes con la Policía). El poder estatal no era firme en Santa Cruz y a Evo Morales le costaba visitar esta tierra.

Consultado al respecto, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que el caso hubiera sido un montaje. Dice que él mismo fue víctima de los actos de este grupo con un atentado a su vivienda, que si no hubiera vivido en Santa Cruz tal vez creería la hipótesis y que eso le permitió conocer cómo funcionan los grupos de poder locales, lo que hace creíble la versión de separatismo.

Consultado sobre la posibilidad de que las acciones de Rózsa fueran conocidas desde 2008, Romero explica que no puede responder sobre esos hechos, ya que no era ministro de Gobierno en ese entonces (el ministro era Alfredo Rada). Sin embargo, sobre su experiencia en otros casos, Romero dice que es posible, ya que la Policía no siempre actúa de inmediato para desarticular bandas, sino que espera a que sus actos se desarrollen para conocer sus nexos con otras personas. Esta posibilidad ya había sido explorada en mayo de 2009 por la comisión de Diputados que investigaba los hechos. El entonces diputado César Navarro reconoció que Rózsa y su grupo fueron detectados desde que se registraron por primera vez en un hotel de Santa Cruz, en octubre o noviembre de 2008.

Los consultados por EL DEBER revelaron que la mañana del 15 de abril, los personeros que manejaban la información de lo que ocurriría en la capital cruceña les pidieron prepararse para todo, ya que algo grande sucedería en Santa Cruz y sus servicios serían necesarios. Solo comprendieron la verdad de lo que había pasado varios días después de los hechos, mientras muchos cruceños salían del país y otros, supuestamente, negociaban su libertad a cambio de dinero y colaboración. “La información era manejada por un grupo cerrado, porque temían que los datos se filtraran”, comentaron estas personas, que pidieron mantenerse en el anonimato.

Silencio por el hotel

EL DEBER, durante la corta conversación que sostuvo con estas exautoridades, trató de conocer la verdad que ellos dicen saber respecto a las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer. La versión oficial en el juicio de supuesto terrorismo señala que existió un cruce de fuego entre los extranjeros y el equipo policial especializado de la Utarc, lo que derivó en las tres muertes. Las exautoridades pidieron no hablar, ya que aseguraron que son muy pocas las personas que conocen datos sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche.

Otra versión que estos personajes decidieron mantener bajo reserva es cómo llegó al país Rózsa y quiénes se convirtieron en su grupo de apoyo. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo y quién lo contactó?, ¿qué instrucciones le dieron? y ¿qué tipo de personas coordinaron su trabajo?, se les preguntó. Aseguran que las responderán a su debido tiempo. La versión del Ministerio de Gobierno es monolítica: hace cinco años se frustró una aventura separatista.

Los audios y la carta

Desde 2009 aparecieron videos y audios sobre lo que presuntamente sucedió. Para algunos estas afirmaciones son una prueba de que todo fue montado, mientras que para uno de los fiscales que sigue el juicio, Iván Ortiz, no dejan de ser “dimes y diretes”.

“Aún no hemos apegado nuestras narices en el corazón de las pruebas. El juicio recién está en su etapa inicial y se deben esperar los avances”, apuntó Ortiz y recordó que hay personas que se dedican a hacer campaña en contra del caso, afirmando que no existen pruebas.

Sin embargo, la carta del principal acusador de esta causa, el exfiscal Marcelo Soza, se convirtió en una piedra en el caso, ya que reveló que el poder político nacional le pidió ‘ayuda’ para ejecutar acciones en el proceso y acusó a gente del Ministerio de Gobierno de sembrar pruebas, de comprar testigos y de dirigir políticamente las sindicaciones.

El  Gobierno ha asegurado que el supuesto grupo irregular sigue operando, ya que se habría construido alianzas con los legisladores de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Evo Morales. También ligan en el ‘complot’ al exprefecto Manfred Reyes Villa.

En lo formal, a cinco años del operativo en el hotel Las Américas, el juicio está paralizado, hay 16 refugiados en otros países, 10 personas presas y 13 enjuiciados que luchan a diario en los estrados judiciales para ser absueltos

Otros detalles

Acciones pendientes
Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas junto a Mario Tadic, está a la espera de que las demandas que presentó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sean aceptadas. De suceder este extremo, el Gobierno debe responder por las supuestas vulneraciones a los derechos humanos que reclaman Tóásó y Mario Tadic.

La verdad de David Sejas
El exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que está con asilo político en Brasil, dijo que dejó el país para evitar ser sometido y preso por gente del Gobierno y por grupos de intereses cruceños a los que incomodaba. Reconoció haber conocido a Eduardo Rózsa, pero como Luis Flores, del que dice lo entrevistó en dos oportunidades. Del juicio no espera nada y cree que todo seguirá su curso en los estrados judiciales.

La versión de Lorgio Balcázar
El hombre conocido por sus inversiones en el mundo de la radiodifusión cruceña dejó Santa Cruz cuatro días después del operativo en el hotel Las Américas. Lorgio Balcázar considera que el juicio debe extinguirse, ya que el tiempo de su definición se cumplió. También dijo haber tenido contacto con Rózsa, al que señala como un periodista de la BBC, con quien se entrevistó por más de dos horas.

Una ‘jugada’ jurídica frenó el avance del juicio terrorismo 1

La recusación en contra de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, que formaban parte del tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio por el caso de supuesto terrorismo, dejó paralizado el proceso.

El acusador que se encargó de sindicar a estas mujeres fue el hombre considerado en su momento el testigo clave en el caso, Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’.

Los argumentos del procesado se centraron en la supuesta relación que tienen algunos familiares de las juezas con funcionarios del aparato estatal. Las juzgadoras aceptaron la recusación planteada, por lo que obligaron a que un tribunal nuevo conozca la causa, ya que los otros jueces técnicos no aceptaron el pedido de alejamiento de las autoridades ciudadanas, dejando el proceso de su aceptación o rechazo en manos de otro tribunal, que aún no ha fijado fecha para la audiencia donde se debe resolver esta situación.

Uno de los abogados procesados, Gary Prado, señaló que todavía no les han hecho conocer dónde y qué día se llevará adelante esta audiencia, en la cual Villa Vargas ofreció como testigos de lo que dice a los exasesores del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera.

Estos tres abogados, que durante el desarrollo de este proceso fueron representantes legales del Gobierno en las audiencias de instalación del juicio anunciaron en diferentes momentos y a través de algunos medios de comunicación, que dirán lo que saben de lo ocurrido en este proceso cuando sean presentados ante un juzgador, ya que consideran que en esta instancia tienen el resguardo legal de sus derechos y esperan no serán violentados por revelar lo que conocen.

Actualmente el juicio está en la etapa de la toma de las declaraciones y los interrogatorios a los procesados. Las personas que ya han hablado de los hechos son Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza (que se abstuvo de declarar) y Gelafio Santiesteban, que aún testifica.

ANÁLISIS

Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente
Yerko Ilijic – Cientista Jurídico

Considero que lo sucedido entre 2008 y 2014 ha sido la crisis de los tamaños, entre el Estado, las gobernaciones y las instituciones.

El Estado sobredimensionado está ganando esta crisis, que a lo largo de estos años tiene dos grandes momentos, en medio del uso de la denuncia y la violencia como único recurso para deslegitimar.

El primer momento ocurre entre 2008 y 2009. En medio de las instituciones ‘tóxicas’ se aplicó una estrategia militar en Santa Cruz para derrotar a un departamento antagonista muy fuerte, que en determinado momento manejó lo que se conoció como la medialuna.

Durante el segundo momento se generó la estrategia comercial negativa, que se lleva adelante entre 2010 y 2011, provocando las extorsiones, generando temor y desánimo y la pérdida de la intensidad de la rebeldía de los cruceños.

Finalmente sucede una etapa de protección de intereses y la explotación de los ricos, donde se utilizan a quienes fueron beneficiados, y el Estado, para demostrar que puede desechar lo que ejecutó, empieza a descartar a la gente que era cuasi política y que no fue usada para los fines de ese momento.

Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente. Es una gran masa deprimida

ANÁLISIS

Se tiene que respetar el debido proceso
José Antonio Rivera Santiváñez – Exmagistrado

En términos generales, los procesos judiciales en el país deben subordinarse a lo establecido en la Constitución Política del Estado, que establece el debido proceso. El mismo ejercicio de la potestad punitiva que tiene el Estado debe sujetarse al respeto y al resguardo de los derechos constitucionales de las partes.

El debido proceso se basa en un conjunto de garantías mínimas. La primera es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que un proceso no debe exceder los cinco años, aunque debe considerarse su complejidad y el comportamiento de las partes involucradas.

Un segundo elemento es que todo investigado tiene el derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial. La definición de un juez competente debe aplicarse en razón del territorio donde sucedieron los hechos, el lugar de residencia de los procesados y el espacio físico donde están las pruebas. Si no se cumple con estos estándares mínimos, no se cumple el debido proceso.

El Estado no puede tratar a los procesados como delincuentes mientras son juzgados y se debe considerar que no se excedan los plazos. La detención preventiva, en el caso de la norma nacional, solo debe ser de 36 meses. Si en ese tiempo el sindicado no tiene sentencia, el juez debe ordenar su libertad con medidas de resguardo para someterlo a juicio.

Ninguna acción se debe ejecutar sin presencia fiscal ni orden judicial, siendo ilegales las pruebas obtenidas así.

Si un procesado siente que no se protegió el debido proceso, una vez que agote las vías internas de reclamo, está habilitado para hacer conocer su reclamo ante el sistema interamericano de los derechos humanos, instancia que puede dar lugar a una responsabilidad estatal