El exministro de Hidrocarburos es detenido por la distribución de gasolina adulterada

• “La ANH priorizó el abastecimiento de combustible por encima de los controles de calidad y seguridad técnica”, infieren los congresistas investigadores.
• La investigación oficial  indica que la flexibilización de controles de combustible durante los gobiernos de Arce y Paz produjo averías en 66.000 vehículos

La policía boliviana ha detenido este martes al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, acusado de ser uno de los principales responsables de la distribución de gasolina adulterada que averió al menos 66.000 vehículos. Medinaceli ejerció el cargo por un corto periodo, entre el 9 de noviembre pasado —al día siguiente de la investidura del presidente Rodrigo Paz— y el 21 de abril de este año, lapso en el que aparecieron denuncias de lo que la prensa local llama “gasolina basura”. La Fiscalía ordenó su aprehensión días después de que se conocieran los resultados de la investigación que llevó a cabo una comisión de la Asamblea dedicada al caso.

Medinaceli guardó silencio frente a la prensa que lo abordó cuando era trasladado, maniatado y escoltado por la policía, al Ministerio Público, donde prestará su declaración o se acogerá al silencio. La audiencia de medidas cautelares está prevista para este miércoles. La pesquisa de la comisión del Congreso señala también como responsable al antecesor de Medinaceli en la cartera de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien ejerció el cargo durante el anterior Gobierno de Luis Arce (2020-2025). Otros de los responsables, mencionados en el informe de la investigación, serían exdirectores de la empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la institución encargada de fiscalizar el combustible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las conclusiones de la comisión apuntan a que la distribución de gasolina desestabilizada fue el resultado de “una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”. La flexibilización de los estándares de calidad en la importación de hidrocarburos habría comenzado en la última fase del Gobierno de Arce, cuando empezó a escasear la gasolina y el diésel porque el Estado, con las arcas en mínimos históricos, ya no podía afrontar la subvención que después eliminó Paz. El expresidente aprobó un decreto a finales de 2024 para agilizar la importación de combustible con un nuevo trámite que luego Paz terminó de consolidar en enero con otra normativa.

“La ANH priorizó el abastecimiento de combustible por encima de los controles de calidad y seguridad técnica”, infieren los congresistas investigadores. Los exámenes de laboratorio se suspendieron y fueron sustituidos por resoluciones escritas, haciendo imposible detectar el exceso de goma y manganeso que terminó dañando los vehículos, cuyos dueños, asegura el Gobierno, ya han sido compensados con 20 millones de bolivianos (1,76 millones de dólares). Cuando aparecieron en febrero las primeras denuncias por parte de sindicatos de choferes de transporte sobre una “gasolina basura”, YPFB negó cualquier desperfecto. La presión social, sin embargo, obligó a Medinaceli a confesar que se habían detectado residuos dañinos en los carburantes.

La culpa entonces cayó sobre el anterior Gobierno por supuestamente no haber realizado el mantenimiento de los tanques de almacenamiento. La posición oficial cambió dos meses después, cuando Paz presidió una conferencia de prensa para presentar una supuesta red de robo y adulteración de gasolina y diésel. La denuncia sostenía entonces que las cisternas descargaban ilegalmente una parte del combustible que transportaban para venderlo ilegalmente y recomponían lo faltante con “aceite y agua”. A pesar de que entonces se anunció que se tomarían acciones legales, el Gobierno no volvió a mencionar a la supuesta red.

La gasolina adulterada llegó a ser una de las razones que mantuvo al país inmerso en conflictos sociales durante casi dos meses. En el acuerdo de pacificación que firmó Paz con las centrales obreras que participaban de las protestas, el Gobierno se compromete a asegurar la calidad del combustible a través de una mesa técnica, conformada por profesionales y actores de la sociedad civil. El proceso que requiere la nueva certificación es una de las justificaciones del Ejecutivo para explicar por qué los bolivianos de las principales ciudades capitales hacen filas durante horas —o incluso días, en el caso del diésel— para conseguir gasolina.