La nacionalización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), el pasado 18 de febrero, que era administrada por la filial española Abertis, ha generado una protesta formal del Gobierno del Reino de España. El jefe de la diplomacia española José Manuel García, dijo que “movilizará a sus colegas de la Unión Europea (UE) para dar una respuesta a la decisión del Ejecutivo boliviano”. Por su parte, el embajador de la Unión Europea, ha pedido al Gobierno boliviano que apruebe lo antes posible una Ley de Inversiones que defina las condiciones de las inversiones en Bolivia.
La decisión de nacionalizar Sabsa podría tener consecuencias en la calificación de los aeropuertos de La Paz y Cochabamba. En marzo, una comisión internacional estará en el país para evaluar el estado de la red de aeropuertos bolivianos; seguridad, infraestructura, entre otros.
Funcionarios diplomáticos dijeron que las nacionalizaciones a pesar de ser soberanas del país deben hacerse previó pago de la respectiva indemnización, según una valoración internacional.
En 2012 dos nacionalizaciones en el sector energético marcaron un punto de inflexión en las relaciones de Bolivia y España. La filial boliviana de la Transportadora de Electricidad (Tde) fue sorpresivamente nacionalizada, aunque las autoridades locales manifestaron su intensión de llegar a un acuerdo sobre la valoración de la empresa. Los españoles hicieron conocer que Tda tenía un valor de 164 millones de dólares. Si bien no se fijó un precio para la compensación, los españoles indicaron que la base de cualquier negociación era ese monto. Sin embargo, pese al compromiso del Estado Plurinacional de contratar una calificadora que determine un avaluó, nada se ha definido hasta la fecha.
La Procuraduría General del Estado, entidad encargada de establecer la compensación, en un comunicado difundido en los medios de comunicación señaló que Tde había notificado al Estado; la controversia basada en el acuerdo para la promoción y protección de inversiones firmado entre los dos países. En la misma nota, la compañía española acusó a Bolivia de violar el artículo 5to del tratado bilateral vigente entre los dos países.
Si bien la Procuraduría indicó que mantuvo reuniones con los ejecutivos de Tde, lo cierto es que el avaluó se sigue demorando, hecho que ha molestado al Gobierno español; peor aun después de la nacionalización en diciembre de 2012 de cuatro filiales de Iberdrola, entre ellas Electropaz.
En el primer caso el plazo que señalan las leyes para fijar el precio de compensación de 180 días ha vencido ampliamente; en el segundo se apela a ese mismo argumento para establecer un cronograma de pagos por las filiales de Iberdrola.
El tira y afloja los tiene molestos a los inversionistas españoles. El Gobierno dice que se encuentra en la recta final del estudio de valoración de Tde. Estas indican que el punto de partida para el avaluó serán los 39.9 millones de dólares que la empresa Red Eléctrica de España (Ree) habría pagado por Tde en 2002, aunque extraoficialmente se sabe que el precio fue de 80 millones de dólares.
Las autoridades nacionales lejos de cualquier propósito han señalado también extraoficialmente que Ree pagó por Tde entre 5 a 6 millones de dólares y que esa será la base de cualquier entendimiento.
1.072.4 millones cuesta el proceso
Según cálculos realizados por la Fundación Milenio, la indemnización por las estatizaciones llegaría a 1.072.4 millones de dólares, pero si se toma en cuenta el monto mayor demandado por las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba (Elfec), entonces llegaría a 1.149.4 millones de dólares que representa una pérdida de capital para el país que podría haberse destinado en la ampliación de la capacidad productiva.
Leyes
Bolivia ha suscrito Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, consiguientemente, si Bolivia asume la posición soberana de nacionalizar sus recursos estratégicos, la parte afectada tiene expedito el arbitraje como el foro donde, a la postre, se dilucidará la controversia y se establecerán los montos que la parte que vulneró derechos deba pagar como compensación o indemnización.
Grado de libertad
Un informe de Heritage señala que debido a las variables de corrupción, Bolivia se ubica en el puesto 165 en cuanto a grado de libertad económica y advierte que los procesos judiciales están sujetos a influencias políticas y que las medidas anticorrupción son pobremente ejecutadas.
Rating de inversiones
El informe de libertad económica de la misma organización señala que Bolivia se encuentra en el puesto 156 entre 177 naciones que “reprimen” la libertad económica y detalla cuatro indicadores: el problema crónico de la corrupción, el clima poco favorable para las inversiones nacionales y extranjeras, la violación a la propiedad privada y las trabas para el comercio exterior.
Informe internacional
Según la firma Heritage, Bolivia ha demostrado una actitud hostil con las inversiones extranjeras, el documento detalla que la constitución permite inversiones que “cumplan una función social” y que no afecten el interés colectivo. Específicamente, prioriza inversiones locales sobre las inversiones extranjeras, situación que repercute de manera negativa de construir un ambiente favorable para el desembolso de recursos foráneos.
Negociación y controversia
En el caso de la cementera Fancesa, no hay una notificación de controversia, tampoco demanda arbitral debido a que siguen las reuniones entre la Gobernación de Chuquisaca, Alcaldía de Sucre y directorio de Fancesa y la PGE; en el caso de la eléctrica Elfec la PGE hace seguimiento, mientras que sobre Air BP hay posibles acercamientos que permita una eventual solución que ponga fin a la controversia con el Estado.
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