Entregan evidencias de corrupción en TCP

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, se comprometió a investigar y no “sólo identificar, sino procesar y encarcelar” a los presuntos “operadores” que estarían realizando cobros irregulares en esa institución para la emisión de determinados fallos judiciales, según denuncia del Colegio de Abogados de Chuquisaca.

La presidenta de la entidad colegiada, Silvia Salame, en la reunión que sostuvo ayer con el titular de este tribunal, ratificó que hay personas allegadas a los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son siempre abogados, que cobran por determinados fallos, y le entregó a la autoridad judicial las evidencias de esos actos de corrupción.

Según la jurista, casos como este, también se dan en el Tribunal Supremo de Justicia, los mismos que deben ser investigados.

“Se ha instruido a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hacer las investigaciones pertinentes, porque si existe un acto de corrupción, no solamente deberá identificar a los responsables, sino que deben ser procesado y deben estar en la cárcel”, enfatizó Flores.

El magistrado también pidió a  los abogados y a la ciudadanía en general a no acceder a solicitudes de cobros para la emisión de un fallo, porque que “estos dineros no llegan al Tribunal Constitucional sino se quedan en otros intermediarios u operadores”.

Asimismo, instó a la población a apoyar la labor de esa institución, denunciando los hechos de corrupción en los buzones habilitados en las ocho Unidades de Coordinación del TCP en todo el país.

En ese marco, el titular del TCP rechazó categóricamente cualquier posible extorsión en los fallos que emiten las diferentes salas, por lo que consideró importante que “la gestión judicial se desarrolle en el ámbito de la transparencia, pero principalmente con la verdad ante el pueblo”.

Salame reiteró que “recibió  reiteradas denuncias, en sentido de que se estuvieran realizando cobros en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia”.

“Había unos señores llamados ‘operadores’ que no eran funcionarios, pero que tenían cierto acceso al tribunal, eran los determinaban solicitudes de cobros” aseguró.

La jurista precisó que estas denuncias no tenían el objetivo de perjudicar la imagen de los tribunales ni de los magistrados, sino reclamar por el derecho a una justicia  transparente y accesible en igualdad de condiciones, que tienen todas las personas.

Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, por su parte, pidieron a la presidencia del Colegio de Abogados de Chuquisaca formalizar la denuncia con pruebas sobre esos supuestos cobros por determinados fallos judiciales, para iniciar las acciones correspondientes para sancionar a las personas o funcionarios que estarían involucrados en estos hechos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, señaló que los representantes de esta entidad colegiada, como personas de derecho, tienen que denunciar a los funcionarios involucrados en actos de corrupción.

“El tema de la corrupción es personal, no institucional, no se puede señalar que una institución está siendo objeto de corrupción, si es que no se identifica en forma precisa al actor de estos hechos”, señaló Hurtado, al indicar que en el caso de los juzgadores que estén cometiendo delitos o actos de corrupción, existen los mecanismos legales respectivos como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para iniciar los procesos penales que el caso amerite.

Detienen a fiscal

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz aprehendió el martes al fiscal Juan Javier Peñaloza Ramos y a la abogada Ana Marlene Rojas Casas, acusados de extorsionar a María  Flores, implicada en un delito de robo agravado, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

El fiscal habría sido sorprendido en flagrancia con un sobre, con los 3.500 bolivianos que le entregó Flores, a quien extorsionaba con la amenaza de ordenar su detención.

Fiscal dice que no habrá protección

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, reiteró ayer que no se protegerá a ningún representante del Ministerio Público implicado en hechos de corrupción, en alusión a la aprehensión del fiscal Juan Javier Peñaloza sindicado de recibir dinero de una persona involucrada en un delito de robo agravado.

Guerrero dijo que este caso será investigado de la forma más transparente. “Dentro de este proceso se realizarán los procedimientos establecidos, el allanamiento a la oficina del fiscal Peñaloza la cual se encuentra precintada para luego aguardar la audiencia de medidas cautelares”, dijo.

“Nosotros no vamos a proteger menos encubrir absolutamente a nadie. En el marco de la ley de la objetividad del procedimiento ya se ha actuado de manera inmediata contra este fiscal Juan Javier Peñaloza y se está realizando todas las tareas investigativas”, expresó en contacto con los medios de comunicación tras su llegada a la sede de gobierno para firmar un convenio con el Ministerio de Educación.

Al difundirse la información de la detención del fiscal Peñaloza, a través de los medios de comunicación, aparecieron otras presuntas víctimas del funcionario del Ministerio Público, quienes aseguraron haberle entregado dinero a cambio de favorecerse con algunas medidas y no verse perjudicados con resoluciones judiciales.