Especial: Movilización Poselectoral

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Desde este miércoles y en los próximos seis días dat0s compartirá con sus lectores, material especial sobre la movilización poselectoral que ha sumido al país en una crisis sin precedentes. Para la comprensión histórica de sus efectos iniciará la serie con un recuento desde la recuperación de la democracia en 1982, los posteriores pactos de gobernabilidad que abrió paso al denominado “neoliberalismo”, pasando por el agotamiento del modelo económico dependiente en octubre de 2003, hasta la posterior instalación del Gobierno del MAS que culmina con la movilización poselectoral de octubre de 2019 que ha sumido al país en uno de sus momentos más dramáticos de la última década. 21 días de movilización que derivaron en la “renuncia” de Evo Morales a la presidencia y la posterior conformación de un Gobierno transitorio que debe convocar en los próximos meses a nuevas elecciones en medio de un estallido social que trata de ser contenido con el Ejército en las calles.


I. Para entender la emergencia (la recuperación de la democracia y la pactada)

Una primera parte de esta historia es comprender el movimiento político acumulado desde 1982 con la recuperación de la democracia hasta el quiebre poselectoral de las pasadas elecciones de este año. Sus actores y posteriores consecuencias.

Para explicar la movilización después del proceso electoral de octubre se hace necesario recorrer un poco a la historia para que se entienda el concepto manido de democracia que se ha convertido en el primer tema de discusión en el país. Similar en un contexto más amplio al que vivió el año 78´ cuando Bolivia peleaba por la recuperación de la democracia. Entonces un grupo de mujeres palliris de las minas de Llallagua, Potosí, mantuvieron una huelga de hambre que originó un movimiento de descontento contra la dictadura militar que venía de gobernar siete años con las libertades conculcadas. Un primer argumento de análisis por lo tanto es el rechazo al esquema militar que se había extendido entonces con la ideología de Seguridad Nacional que repercutió en todas las naciones del Cono Sur.

El método de la huelga de hambre dio pie a que el entonces presidente Hugo Banzer cediera la apertura electoral en la que, igual que ahora, se habló de un gigantesco fraude electoral que obligó al Gobierno militar a anular el proceso convocando a nuevas elecciones. Hasta el año 1982 el país se empantanó con otros dos procesos electorales en los que ninguna de las fuerzas políticas consiguió la mayoría parlamentaria obligando a retrasar el traspaso de mando a un nuevo presidente. La resistencia entonces creció fragmentada y grupos radicales de las FFAA encabezados por Luis García Mesa -condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto- se animó a dar un golpe de Estado que descabezó a la oposición. Todo ese periodo estuvo marcado por la resistencia de los cuadros políticos organizados.

Hernán Siles Zuazo (MNRI), candidato de la Unidad Democrática Popular (UDP) -organización que congregó en su seno una base de partidos de izquierda y agrupaciones sociales y sindicales de mineros, fabriles, campesinos y otros sectores- empozado como presidente en 1982 tuvo que renunciar anticipadamente al cargo por la crisis económica duramente su administración por una inflación que sobrepasó la barrera de 20.000%. Este segundo factor, el económico, es fundamental para entender el actual movimiento. De acuerdo a todos los análisis económicos uno de los atributos del actual modelo es el crecimiento económico sostenido que permite a las ciudades hoy movilizadas, adquirir productos sin largas fi las y la moneda que entonces no tenía ningún valor frente al dólar; que a diferencia de hoy mantiene una paridad estable con relación a la moneda norteamericana.

La composición de fuerzas políticas al no conseguir mayorías por el voto fragmentado inauguró la democracia pactada con el primer Gobierno de estas características que se conformó entre el MNR de Paz Estenssoro y ADN de Hugo Banzer en 1985, tras la salida de Siles Zuazo. Ese Gobierno frenó la hiperinflación con la Nueva Política Económica (NPE) y descabezó a los residuos del movimiento popular sincronizados en la Marcha por la Vida de alrededor 20.000 trabajadores mineros y una resistencia debilitada del movimiento popular.

La democracia pactada sucesivamente se alternó el poder luego en las elecciones de 1989 cuando el ganador de esas elecciones Gonzalo Sánchez de Lozada fue desplazado por un acuerdo entre ADN de Banzer y el MIR de Jaime Paz, que de ser tercero en ese proceso asume la presidencia hasta 1993, año en el que finalmente el MNR de Sánchez de Lozada gana con una mayoría importante, pero sin control de los órganos legislativos. En esa gestión se aplican políticas sociales como la Participación Popular y medidas de ajuste económico como la Capitalización de las empresas públicas que pasan a ser controladas por la empresa privada con capitales foráneos.

El Gobierno del MNR cede la presidencia a ADN de Banzer en el año 1997. La gestión gubernamental de Banzer Suárez es interrumpida por una enfermedad terminal que lo obliga a renunciar a la presidencia en 2001, sustituido por su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga que concluye ese periodo en medio de un panorama electoral incierto ya que los pactos de gobernabilidad estaban ingresando a un periodo de agotamiento e incredulidad pues no sirven para mejorar las condiciones de vida de las mayorías nacionales.

En las elecciones de 2002 acaba imponiéndose nuevamente el MNR de Sánchez de Lozada en una alianza muy criticada con el MIR de Paz Zamora con quien arreglan un nuevo acuerdo de gobernabilidad que es derrocado apenas un año después por una poblada de descontento que se origina en febrero de 2003 provocando una veintena de muertos y culmina en octubre de ese mismo año con la huida del presidente a los Estados Unidos.

Las peculiaridades de ese periodo de Gobierno, estuvieron marcadas por la crisis económica que no pudo ser controlada por la alianza MNR – MIR. En febrero un “impuestazo” a la policía es el detonante de esa crisis en un violento enfrentamiento entre policías y militares de la guardia presidencial. En la ocasión se denuncia un supuesto magnicidio contra el presidente. Los manifestantes toman las calles de La Paz e incendian instituciones públicas, ministerios y saquean algunas tiendas del comercio.

El papel de la policía y las FFAA

Durante la crisis de febrero negro, es fundamental entender el papel de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que son las que desencadenan desde horas de la mañana de un lunes 10 los luctuosos acontecimientos que son el primer anuncio del descontento contra el Gobierno de Sánchez de Lozada. Entonces el ministro de Gobierno determina crear un “impuestazo” para los uniformados que ya entonces peleaban por mejores condiciones y justas reivindicaciones sectoriales. Atrincherados en el Grupo Especial de Seguridad (GES), próximo al Palacio Quemado, se valen de una manifestación de estudiantes del colegio Ayacucho que en horas de la mañana irrumpen en la plaza Murillo sin custodia policial y proceden a lanzar piedras y palos contra la casa de Gobierno, movimiento que horas después da lugar a una protesta armada de la policía amotinada que apunta armas al palacio de Gobierno. En la acción mueren algunos efectivos militares, hecho que desata un enfrentamiento sangriento en inmediaciones de la plaza Murillo.

El presidente Sánchez de Lozada ordena una represión violenta contra los sublevados que deriva en bajas del cuerpo policial, mientras turbas enardecidas son igualmente reprimidas por el Ejército. De ese periodo se puede rescatar el papel de los militares que cierran fi las para preservar el orden constitucional en defensa del Gobierno constituido. Los mandos castrenses dirimen el pleito horas después logrando retomar la calma, mientras los policías consiguen la derogatoria del “impuestazo”.

Tras la crisis de febrero negro, queda abierta una herida muy profunda en la composición de las fuerzas políticas que respaldaban a Sánchez de Lozada. Para superar el clima de debilitamiento político del Gobierno se suman al acuerdo MNR – MIR todas las fuerzas con presencia congresal, del que queda excluido el MAS que endurece su posición en un clima de inestabilidad social con medidas de protesta como el bloqueo de carreteras que son una constante en ese periodo.

El ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS)

Hace 16 años, en octubre de 2003, los aliados del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se reunieron de emergencia frente al impacto de las movilizaciones que habían ganado las calles de la sede de Gobierno por el malestar creciente y la negativa de esa administración de convocar una Asamblea Constituyente para modificar algunas reglas del juego democrático, a la que se suman planteamientos de orden económico inaceptables para el Gobierno de la coalición. Evo Morales que en esas elecciones obtiene el 20% de los votos, ocupando el segundo lugar, crecía alentado por las federaciones de hoja de coca del Chapare que asumen una resistencia voraz bloqueando carreteras en alianza con otras organizaciones sociales, sindicales y campesinas. Debilitado el Gobierno de Sánchez de Lozada por el escenario adverso se ve forzado a renunciar tras el estallido de una protesta en El Alto a la que se suman grupos de vecinos, mineros, sectores de trabajadores, campesinos y otros sectores.

El vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, se suma al descontento ciudadano y rompe con Sánchez de Lozada indicando que él no se mancharía las manos con la muerte de 68 personas en las manifestaciones violentas que se registran en El Alto.

Las protestas que duran una semana en medio de una crisis económica que concluye con un acuerdo negociado ya entonces con las organizaciones sociales encabezadas por Felipe Quispe Huanca y dirigentes populares de ramas afines que entronan a Mesa a la presidencia con una serie de condicionamientos que hacen imposible la gobernabilidad. Tanto así que Mesa renuncia en mayo de 2005 en medio de una aguda crisis política. Su Gobierno, en una salida sui generis, en lugar de entregar la presidencia al presidente del Senado Hormando Vaca Diez (+), empoza a la primera magistratura del país al presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodriguez que al finalizar 2005 convoca anticipadamente a un nuevo proceso electoral.

Evo Morales obtiene en esas elecciones la mayoría logrando más del 50% de los votos, en una votación considerada histórica. De ahí en más la historia es la que estamos viviendo los bolivianos con sucesivas repostulaciones del líder del MAS que se mantiene inamovible en el poder desde enero de 2006. En febrero de 2016, sin embargo, un plebiscito convocado por el Gobierno para modificar la constitución forzando otra reelección de Morales, vota contra la reelección del primer mandatario para las elecciones de 2019 en una cerrada consulta. Pero, ocurre lo imprevisto: invocando un artículo de la constitución sobre derechos humanos desconoce el resultado en las urnas y el MAS con mayoría en la Asamblea Legislativa vota a favor de su reelección.