Inseguridad jurídica: Los Intocables del gabinete ministerial

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El gran capital del Gobierno: La bonanza económica. Cómo se definen las estrategias jurídicas. El idilio con las masas.

Evo Morales buscará su reelección con un aparato de propaganda pocas veces antes visto. Él es el principal factor de motivación de sus equipos de campaña. Veamos: el 22 de enero trazó el horizonte de un año electoral. Por eso, el presidente no quiso saldar las cuentas pendientes de su administración con los casos de corrupción que comprometen al Gobierno. En cambio, presentó un escenario de maravilla, en el que las finanzas son el principal catalizador de su oferta. No sería correcto, sin embargo, inclinarnos apenas por las percepciones que tiene la gestión en cuanto a su poderío y dinámica económica.

Para el ciudadano de a pie, al que no le gustan los cuentos chinos, la amnesia impuesta por el Gobierno a los recientes escándalos de corrupción, que han llevado a la cárcel a “mandos medios” del Gobierno, le queda como sabor amargo; la sensación de que algo no anda bien y compromete seriamente la transparencia de la gestión.

Desde que el presidente calificó a sus ministros presumiblemente implicados  en la “red de extorsión” como “los mejores” de su gabinete, la lectura ambigua es que en su Gobierno existen funcionarios intocables, en el que se incluye él y el equipo de sus principales colaboradores. Los de la mesa chica. Los que han adelantado que el hecho de corrupción es un “asunto cerrado”.

Por debajo de esta nueva casta gubernamental, vienen los presidentes de las cámaras legislativas,  viceministros, directores; gerentes y administradores de las instituciones autárquicas, sujetos a purgas y persecuciones, si osaran levantar la voz de protesta por alguna decisión suprema de los escogidos.

Bajo esta consigna, se inaugura la tercera fase del Estado Plurinacional, dividida entre todopoderosos; en el que no necesariamente se encuentran los dirigentes de las organizaciones sociales que pelearon en las calles para deponer a una elite que consideraban “entreguista” de nuestros recursos naturales y a la que se plegó el dirigente cocalero Evo Morales, en las jornadas de octubre de 2003.

Esta clase dirigencial ha pasado a jugar un papel aislado: los ípsilones, para recrear la comparación con el libro “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley.

Esta delimitación en los niveles administrativos, es parecida a la inquisición que persiguió a quienes no pensaban igual. En este escenario, se ha ingresado a una desnaturalización evidente del proceso de  “descolonización” tan defendido por el actual esquema. Y, sin ir más lejos, el de la “revolución cultural” que subyace apenas en el imaginario de unos cuantos que aún creen en el “proceso de cambio”.

EL ROL PRESIDENCIAL

Este reconocimiento implícito en la conformación de niveles por grupos de poder, es aún más evidente después de la definición del vicepresidente García Linera, que ha dicho que en el Gobierno se practica el “centralismo democrático”, cuya tesis, configura un régimen cada vez más cerrado y secante, en el que no se puede pensar libremente a costa de ser borrado de las listas para ocupar algún cargo en el aparato estatal. Léase el caso de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, exonerada de su puesto por pensar diferente y castigada con mensajes descalificadores del propio presidente,

En esta dimensión del nuevo orden, alternan, por ejemplo, decisiones como la de no aceptar la carta colectiva de renuncia de sus ministros, tal como ha ocurrido en los últimos 30 años. El jefe de Estado los invita en cambio a seguir en sus funciones sin hacer una evaluación de sus aciertos o equivocaciones.  Hasta se ha dado el caso de una ministra de Estado, que publicó la solicitada de su madre en los periódicos, pidiendo que renuncie; tendiendo de esa manera el colchón de su ratificación. Pero, además, es la época de la incredulidad, en la que están dispuestos a considerar bruto al ciudadano que razone con sentido común estos juegos maquiavélicos de poder.

EL DECISIVO VIAJE A CUBA

¿Qué cambia la opinión del presidente en la demarcación de un esquema cada vez más cerrado? Una fuente política no duda en plantearlo: “sus repentinos viajes a Cuba”, dice.

Tras el escándalo por la “red de extorsión” y a su retorno de la isla caribeña se escucharon las primeras salvas de ataque contra la embajada norteamericana apuntada por urdir la “tramoya” con el libreto de una película con actor famoso incluido. “En la isla de Cuba le reformatean al presidente cada vez que debe salir por los fueros para defender lo indefendible y, encima, para hacerse más popular”, apuntó la fuente. El discurso de ataque se sustentó en subterfugios que blindaron a los ministros presumiblemente comprometidos en la red.

Nuevamente, el papel de la oposición es inútil. En este y en otros casos, ha demostrado un absurdo grado de complicidad. En el tema específico que nos ocupa, el Movimiento Sin Miedo (MSM), convocó a los titulares de Gobierno, Presidencia y de Transparencia a rendir informes en la Asamblea Plurinacional de donde salieron fortalecidos. La mayoría oficialista en ambas cámaras diluyó cualquier interpelación. Y cuando la justicia los llamó a declarar a Santa Cruz, los dignatarios de Estado tomaron nuevamente la delantera. Fue el momento clave de una victoria indisoluble. Algunos periodistas comenzaron a hablar en el mismo tono. Respaldaron la versión de que “por primera vez en la historia un Gobierno se abre a las investigaciones promovidas en la justicia para aclarar un escandaloso caso de corrupción”.

En otro caso, aún más delicado, el mismo partido opositor plantea que la reelección del presidente se debería resolver en un referéndum, olvidando que la constitución no se negocia.

Pero fue el propio mandatario, quien definió claramente el nuevo escenario. En la inauguración del año judicial dividió con nuevas reglas los ciclos jerárquicos de la nueva casta gubernamental. Él se hará cargo de todas las decisiones políticas. El gran protector, al que se le deben las correspondientes pleitesías. En esa línea, cuando los periodistas le preguntaron por la consulta que la bancada oficialista envió al Tribunal Constitucional para que defina su postulación a las elecciones de 2014, dijo sin contemplaciones que esa discusión “está demás”.

UN PASO ATRÁS

En este escenario, cómo se debe interpretar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de dejar sin efecto artículos de la Ley Marco de Autonomías que disponía que a sola acusación formal de un fiscal, podían ser destituidas autoridades electas. La decisión, abrió un debate político que ha dejado varias lecciones abiertas.

Una de ellas, planteada por una fuente desconfiada. “Podría tratarse de una maniobra para reforzar la idea de que los fallos del Tribunal Constitucional son independientes de cualquier injerencia política, en el caso de la habilitación de Evo para las elecciones del próximo año”. Temor que corre la misma suerte en otras fuentes.

De acuerdo a juristas consultados por DATOS, se sabe que el fallo se definió en noviembre del pasado año pero no se lo hizo público porque existían intereses en juego. En esa época las elecciones para gobernador en el departamento del Beni. Es decir, el Gobierno puede medir los tiempos a su favor usando un par de armas sincronizadas: la presión y el despiste.

EL TRIBUNAL DE LA HAYA

Pero si al fallo del TCP, se suma el tenor de la demanda interpuesta por la diputada Norma Pierola contra el Gobierno del presidente Morales por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, esta vez sí, un cuadro nebuloso se interpone en el futuro de la actual administración.

En la demanda planteada al Tribunal de La Haya, figuran, por ejemplo, testimonios de la matanza de El Porvenir que definió la destitución y encarcelamiento del gobernador de Pando Leopoldo Fernández. Días después de ese acontecimiento, acaecido en septiembre de 2008, el gobernador fue detenido y encarcelado en el panóptico de San Pedro de La Paz acusado por “genocidio” como principal responsable por la matanza de 16 campesinos. Cargo que no se le ha podido probar a 4 años y 5 meses de su detención ilegal. Este caso viola las normas vigentes; una condición en la que, además, permanecen más de la mitad de los reos privados de libertad en las cárceles del país.

Varios juristas con los que conversó DATOS, manifestaron que es posible que el Gobierno del presidente Morales haya tomado nota y opte por dos caminos que definan su accionar para evitar que más denuncias sobre abusos políticos, violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sumen en su contra en tribunales internacionales.0 Dicen, los juristas, que la admisión en primera instancia de una demanda penal en la Corte Penal de La Haya, es un antecedente muy serio que los gobernantes deberían analizar cuidadosamente.

Tanto el fallo del TCP, así como la demanda planteada por la diputada Pierola, son vistos desde diferentes ópticas de lectura. La primera tiene que ver con una especie de “salvaguarda” para que el presidente  Morales se postule nuevamente como candidato a la presidencia en las elecciones generales que se disputarán el 2014. Un tema que tiene que ver directamente con la imagen de independencia con el que se quiere coronar las decisiones el TCP.

En cuanto a la demanda interpuesta por la diputada Pierola; ha abierto una vieja herida y restablecido el debate sobre la actuación de la actual administración en los casos donde las fuerzas represivas del Estado cometieron violencia en grado extremo tanto política como psicológica. Sin dar muchos detalles, la legisladora ha manifestado que la demanda está debidamente sustentada con pruebas fehacientes, testimonios, gráficas y videos que sistemáticamente fueron rechazados por la justicia en Bolivia, negando el derecho a un proceso justo contra sus víctimas y los acusados, en varios procesos.

LOS CASOS MÁS SERIOS

Son los que se suscitaron en septiembre de 2008 en la localidad pandina de El Porvenir. Los apuntes planteados en la demanda penal al Tribunal de La Haya, sustentan una serie de antecedentes previos, como, por ejemplo, el reclutamiento de campesinos que marcharon sobre Pando para provocar el  enfrentamiento fratricida.

En los mismos documentos, se plantea la investigación del caso denominado “Terrorismo” en el que se habrían vulnerado varios preceptos del derecho a la vida que asiste a cualquier persona cuando se encuentra fuera de su país.

Durante el operativo del hotel Las Américas, un grupo especial de la Policía Nacional, habría violado normas elementales de los tratados que rigen en materia de derecho internacional. En ese hecho de sangre, suscitado en abril de 2009, tres supuestos mercenarios fueron reducidos por las fuerzas policiales sin elementos probatorios de que estaban comprometidos con la desintegración de Bolivia, como platea la parte acusatoria.

Más de una treintena de personas se encuentran detenidas hasta el día de hoy en el mismo proceso, acusadas de facilitar la supuesta acción mercenaria. Es otro caso, que ha sobrepasado los límites perentorios establecidos en la legislación nacional.

Otro de los casos expuestos en la demanda es la violenta intervención contra la VIII Marcha Indígena de septiembre de 2011 en Chaparina. Hasta la fecha, con una serie de subterfugios, la parte acusatoria ha dilatado el proceso para señalar a los responsables; quién o quiénes dieron la orden que derivó en la violenta intervención contra los marchistas entre los que habían mujeres y niños. El Gobierno del presidente Morales ha declarado a los territorios indígenas como la reserva moral de su administración, pero aun así, el caso sigue en la nebulosa. Oficiales de la policía han señalado que “no se rompió la cadena de mando”, como aseguran las autoridades para deslindar responsabilidades sobre la brutal intervención. Incluso, cuando se supo que la ex ministra de Defensa, Cecilia Chacón, declaró su disposición de comparecer a los tribunales como testigo en el proceso, el fiscal suspendió la audiencia.

“Son elementos que ponen contra las cuerdas a la actual administración”, aseguran los juristas.

Otro de los puntos de la demanda contra la administración del MAS, es el caso de la violenta represión que ejercieron las fuerzas del orden público contra una manifestación de ciudadanos en Sucre. Los manifestantes, intentaban impedir, en noviembre de 2007, que la Asamblea Constituyente se traslade a Oruro donde finalmente el Gobierno aprobó la nueva Constitución Política del Estado.

En la violenta represión murieron tres estudiantes y más de un centenar de personas resultaron heridas. A pesar de que han pasado más de 5 años desde aquellos acontecimientos, la justicia no se pronunció para identificar a los responsables de la brutal agresión.

Los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia ante la Fiscalía General de la Nación que tiene su sede precisamente en la capital de la República. Todos estos antecedentes están siendo cuidadosamente examinados por el Gobierno, que sustenta la versión de que muchos de estos casos fueron ejecutados para preservar la seguridad interna del Estado Plurinacional.

LA ESTRATEGIA DEL PRIMER MINISTRO

Varias estrategias corren paralelas para posibilitar la continuidad del MAS en el poder. Los militantes del partido de Gobierno están convencidos que el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitará a Evo a una “segunda” reelección.

En cuanto a la figura del referéndum señalan que “no le tienen miedo porque el presidente Morales ha demostrado ser un ganador absoluto”.

Una tercera y bastante novedosa estrategia ha comenzado a ser analizada en los círculos más próximos al poder político, aunque falta saber si convencerá a Evo. Se trata de la figura parlamentarista de primer ministro que consagraría definitivamente un esquema autoritario en periodos sucesivos constitucionales por largos años.

Pero como en todo esquema de poder, las desconfianzas están al orden del día. Fuentes en el MAS dicen que esa figura debe ser lo último en lo que esté pensando el presidente. Aseguran que Evo se reelegirá con mayoría en las elecciones de 2014, sin necesidad de recurrir a un primer ministro, ni a las “interpretaciones” del TCP.