La CAO denuncia la ocupación ilegal de propiedades ya tituladas

El Deber
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Cao, conferencia de prensa 14 septiembre

Visiblemente preocupados, los productores cruceños denunciaron que las tomas ilegales de predios no respetan las propiedades ya tituladas y menos las que se encuentran en pleno proceso de saneamiento.

Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue el encargado de precisar que en las últimas semanas la institución recibió denuncias de tomas ilegales en predios que cuentan con los respectivos papeles que avalan a los propietarios, pues se tratan de centros productivos ya titulados.

Justiniano también precisó que el accionar ilegal de algunos grupos también se hace sentir en las propiedades donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está realizando el proceso de saneamiento.

Ante esta situación, el dirigente lamentó la lentitud de las distintas instituciones públicas relacionadas con estos casos y remarcó que son las autoridades competentes en cada caso, las que deben hacer cumplir las normas.

“Lo preocupante es que no hay avances tangibles para resolver estos temas y dar tranquilidad a los agropecuarios afectados”, observó Justiniano.

Miedo a invertir

La preocupación se profundiza cuando la semana pasada, de acuerdo con Justiniano, un grupo de policías -cumpliendo las normas- procedieron a realizar el desalojo de una toma ilegal de predios en la zona de Guarayos, y fueron atacados por diferentes grupos.

El dirigente agropecuario remarcó que la situación genera incertidumbre, miedo y lo único que se exige a las autoridades es certidumbre para incrementar las inversiones, la producción y las fuentes de empleo.

Sobre el tema, Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), subrayó que los hombres de campo necesitan seguridad jurídica para las tierras que están en plena producción.

“Es inadmisible lo sucedido con la toma del predio ‘El Encanto’, ubicado en Guarayos, el mismo está titulado y cuenta con una orden judicial para el desalojo de estos grupos, pero a pesar de ello, la Policía no ha podido cumplir con su tarea por la resistencia de las personas que vienen ocupando el predio de forma ilegal”, criticó.

El dirigente soyero puntualizó que se espera que el Ministerio de Gobierno y la Policía cumplan con el desalojo de las personas que de manera ilegal se encuentran en dicho predio, pues solo de esa forma se darán señales claras de seguridad jurídica para los que se dedican a producir alimentos para el país.

Desde las 11:30 de ayer se gestionó el criterio del INRA y se les hizo llegar la declaración de la CAO. No hubo respuestas. También se llamó a los directores nacional y departamental de la entidad y tampoco atendieron sus celulares. Se insistió por la tarde, pero nada hasta el cierre de edición.

Malestar en Guarayos

De acuerdo con Desther Ágreda, corresponsal de EL DEBER, en Guarayos, Salvador Vaca, presidente del Comité Cívico, de ese municipio, sostuvo que se analiza un paro cívico por las tomas ilegales de predios productivos.

Vaca señaló que es inconcebible que gente de otras regiones del país, aparte de ocupar de manera ilegal diferentes predios, tengan una actitud violenta -en referencia a lo sucedido el sábado- en Santa María, a 40 kilómetros de Ascensión, cuando tres policías resultaron heridos de bala, al haber sido emboscados por un grupo de interculturales, luego de hacer cumplir un desalojo en un predio privado.

Áreas protegidas

El conflicto de las tierras no solo se limita a zonas productivas, sino también a áreas protegidas. Es el caso del Bajo Paraguá, en la Chiquitania cruceña.

María René Álvarez, diputada por Creemos, realizó un sobrevuelo por la zona, a tiempo de cuestionar que en dicha actividad no se presentaron funcionarios del INRA, ni de la Autoridad de Bosques y Tierra, como semanas antes se había acordado.

Álvarez precisó que en el vuelo se pudo detectar nuevos asentamientos con construcción de pequeñas casas con techos de calamina, diferentes tamaños de desmonte y una mayor cantidad de interculturales que están ingresando a esa área protegida.