La corporación de los “avasalladores” de tierras

Finalmente, un día cercano, llegan “los comunarios”, con sus carpas, sus banderas, sus cobertores plásticos y hasta con calaminas y ladrillos. El nivel de organización y práctica ha hecho que, según diversos testimonios, no tarden en aparecer maquinaria pesada y modernas herramientas para el desbosque. Llegan además prestos para eventuales confrontaciones, ya sea frente a residentes de zonas cercanas o la Policía. Llegan con petardos, palos, machetes y, más recientemente, con armas de fuego y pasamontañas. Se muestran conocedores de tácticas militares y tienen hasta poder de reclutamiento. No por nada se han dado casos de anuncios en las redes sociales que decían: “Se busca gente para conformar comunidad campesina en San …”.

Un fenómeno extraño

Se trata de un fenómeno paradójico si se considera que Bolivia se halla afectada por un proceso de urbanización y de vaciamiento del campo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 70,5 por ciento de la población del país actualmente vive en áreas urbanas. Es más, proyecciones del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) prevén que, en 2032, el 90 por ciento de los bolivianos vivirá en áreas urbanas. Es decir que quienes están avasallando tierras no son, precisamente, campesinos, porque ellos se están yendo a las ciudades. ¿Quiénes son?

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“No es un tema campo-campo —remarca Alcides Vadillo, investigador de la Fundación Tierra—. No son campesinos tomando tierras en el campo. La mayor parte de esto que se denomina genéricamente como ‘avasallamientos’ son gente que sí estuvo ligada al campo. Son hijos de campesinos en muchos casos, pero que viven más que todo en ciudades intermedias como San Julián, Yapacaní, Cuatro Cañadas o las del Chapare. Vienen más de ciudades intermedias y ocupan tierras. Y, en ese escenario, lo primero que se puede ver es que hay una motivación esencialmente económica, es un negocio”.

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En ese marco, el analista señala que, por una parte, están quienes organizan esta clase de grupos. Son quienes ofrecen tierra a cambio de aportes económicos que permitan que la organización opere. “La gente pone el dinero —explica Vadillo—. Por eso hay denuncias de que estos tomatierras llegan en vehículos costosos a los lugares que son ocupados. Estos nuevos avasalladores ya no entran a hacer chaqueo de la forma tradicional, con hachas y machetes, es decir, en base a la propia fuerza de trabajo. Entran con maquinaria agrícola, con equipos de marca como Caterpillar a hacer desmontes de carácter agroindustrial, lo que demuestra ciertas importantes capacidades económicas”.

Narrativa intrigante

Valga remarcar: no son campesinos quienes avasallan las tierras. Sin embargo, quienes movilizan grupos que toman tierras y quienes sufren estos despojos sembraron la idea de un conflicto, que marca casi maniqueamente a dos antagonistas: por un lado se ubica a los “terratenientes”, “latifundistas”, “oligarcas”, “empresarios corruptos”, etc.; por el otro, “avasallador”, “delincuente”, “colla”, “masista”, etc. Una estigmatización que ha repercutido en el imaginario colectivo y cobrado cada vez más connotaciones políticas.

“Se está jugando con narrativas que llevan a confrontaciones de clase y confrontaciones étnicas —explica el investigador de la Fundación Tierra—. Es algo peligroso si no se desmontan estos discursos y se los pone en la realidad más concreta. Ello porque esas narrativas constituyen una instrumentalización política del tema de la tierra. Unos la usan para tomar la tierra y otros para defenderla. El concepto de ‘avasallamiento’ se volvió muy grande, muy genérico”.

4 tipos de “avasalladores”

En efecto, según diversos análisis, se puede identificar hasta cuatro tipos de “avasallamientos” o “avasalladores” y no precisamente dos frentes claramente definidos. El primer caso no necesariamente podría resultar ilegal o delictivo. Ello porque se ha llamado “avasallamiento” a las tierras que entregó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) a nuevas comunidades autorizadas para asentarse. Sin embargo, en este nivel, múltiples denuncias señalaron una conducta nada transparente del INRA. La institución manejó la asignación de tierras fiscales como un mecanismo de entrega de dádivas a militantes políticos del partido en funciones de gobierno.

“Probablemente, en este caso, un requisito para acceder a tierras fiscales sea tener carnet del MAS —explica Juan Carlos Paz (nombre ficticio), un jurista dedicado al área—. En los primeros cinco años del gobierno de Evo, de conflicto directo con los agroempresarios, eso funcionó masivamente. Se beneficiaron dos organizaciones aliadas al masismo: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib). Ellos recibían tierras, mientras que pobladores de zonas cercanas no o le ponían muchas trabas. Entonces éstos identificaron a los recién llegados como ‘avasalladores’, por mucho que sus papeles eran legales”.

En efecto, según datos del INRA, hasta fines de 2021, la Cscib logró la titulación de 25 millones de hectáreas en favor de sus afiliados. La cifra equivalía al 28 por ciento del total de tierras tituladas por aquella institución. Las vinculaciones entre la administración del régimen agrario y estas organizaciones obviaron todo principio de conflicto de intereses. La mayoría de los ministros de Desarrollo Rural y Tierras fueron dirigentes de alguna de estas organizaciones. Es más, incluso el actual director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), responsable de cuidar el patrimonio medioambiental, Teodoro Mamani, fue dirigente de la Csutcb.

“Es como si en La Paz se nombrase gerente del Puma Katari a un dirigente de la Federación de Transportistas o que la Autoridad de Telecomunicaciones quedase en manos de uno de los propietarios de VIVA”, ilustra Paz. Tras su posesión, en diciembre de 2020, Mamani destituyó a directores del Sernap que acreditaban 20 años de experiencia y estudios especializados en el área. En febrero de 2022, se develó una carta del Pacto de Unidad, regional Beni, liderado por la Cscib, para que Teodoro Mamani les asigne 13 cargos. La solicitud citaba cada puesto con nombre y apellido, y abarcaba desde administrador a responsable del servicio de limpieza.

Avasalladores II

Un segundo tipo de avasalladores surgió entonces en la segunda etapa del gobierno de Evo Morales. Paz resume: “Cuando, alrededor de 2011, el MAS se entendió con los agroindustriales estas organizaciones apuntaron a propiedades no saneadas, e incluso saneadas, parques nacionales y tierras indígenas. Son como los frustrados colonizadores de los años 60, pero ésos o morían, o se volvían a sus pueblos en el occidente o se adaptaban. Ahora, los que buscan tierras van por todo. Es, además, muy claro que una minoría de los actuales se dedica al agro, lo demás es puro tráfico y negocio, cada vez más mafioso”.

En suma, el segundo tipo de “avasalladores” ha cobrado un carácter más delictivo porque irrumpió en propiedades privadas. Las autoridades del INRA y el Viceministerio de Tierras han informado que en todo el país se produjeron 208 casos. Por su parte, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), más de 120 propiedades privadas fueron avasalladas en Santa Cruz, 50 de ellas entre 2021 y 2022.

La tercera clase de “avasalladores” ha irrumpido precisamente en los últimos años y de manera por demás llamativa y amenazante. “Hubo unas 14 propiedades en Santa Cruz a las que ingresaron con características sin precedentes —dice Vadillo—. Entraron con armas de fuego, de manera militarizada, con capuchas, ejerciendo mucha violencia. Hubo disparos y casos con muertos y heridos. Hubo quemas de casas, de cosechas, de maquinarias. Lo sorprendente es que recién a mediados de diciembre se realizaron ciertas acciones de las autoridades que derivaron en 13 detenciones”.

¿Avasalladores funcionales?

¿Por qué ese nivel de violencia en estos tiempos si en otros casi 200 casos no ha sido necesaria? Vadillo deduce que existe una intencionalidad política ligada a la disputa interna que se ha desatado en meses recientes en el MAS. “Probablemente, se busca generar mayor tensión, mayor confrontación y poner en una situación complicada al Gobierno —explica—. Ello porque, si no hace nada, queda como cómplice de esas acciones violentas y que el Estado de derecho no está funcionando. Entonces da pie a que sean los propios propietarios quienes se organicen para defender su tierra. Pero si actúa para desalojar y sancionar estas acciones, queda como agresor de los campesinos y que pactó con el sector empresarial”.

Pero además de los “avasalladores legales”, de los “avasalladores de propiedades ajenas” y de los “avasalladores ultraviolentos” existe una cuarta clase de “avasalladores”. También se han ajustado al concepto de la toma arbitraria de tierras varios empresarios. Se trata, según diversos casos y denuncias, de quienes, por ejemplo, tuvieron concesiones forestales y cuando ya eran revertidas al Estado para que sean tierras fiscales buscaron amañar la ley. Luego optaron, ya sea individualmente o como empresas, por buscar una explotación agroindustrial y la plena propiedad de las mismas.

Un caso singular resultó el que se desató en la zona de las Londras, el 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos de Santa Cruz. Allí los empresarios intentaban convertir una exconcesión forestal en propiedad agroindustrial. Hacia esa zona también se había dirigido un grupo de comunarios decidido a tomar las tierras. El conflicto derivó en un violento secuestro de 17 personas, varias de ellas periodistas, por parte de un grupo de encapuchados armados.

El gran negocio

En todos los casos, queda en evidencia la esencia de los intereses de fondo. “Es un negocio de la tierra el que se hace en todos los niveles de ‘avasallamiento’. La tierra es una mercancía y quien la toma negocia con ella, en diversos niveles que escalando llegan a grandes manejos de capital. En ese juego fluye información de fuentes de primera mano sea sobre áreas fiscales, procesos inconclusos, litigios, etc. Muchos exfuncionarios del INRA o de los tribunales agroambientales trabajan como asesores de estos grupos que se forman para tomar tierras. Se suman grupos de abogados, topógrafos, técnicos, etc. Incluso se nos ha informado de la participación de diputados”.

Lo singular del creciente problema de los “avasalladores” resulta un proceso que a 72 años de la histórica Reforma Agraria la tierra vuelve a pocas manos. “Generalmente, tras cada pleito de posesión o titulación las tierras que tomaron 50 o más personas, se quedan en manos de cinco o 10 —explica Paz—. Luego, éstas las revenden o alquilan a la agroindustria conformada por empresarios nacionales, pero también a muchos extranjeros y menonitas, y es orientada sobre todo a los monocultivos transgénicos y, en menor medida, ganaderos. Toda esa producción acaba en manos de grandes empresas transnacionales”.

Luego, tal cual han denunciado diversas organizaciones ambientalistas, las tierras agotadas son descartadas. En ese ritmo, Bolivia ha ido escalando en los rankings mundiales de países deforestadores, incluso, hasta el cuarto lugar. Y así se avanza deforestando por nuevas tierras en un proceso mayúsculo de destrucción medioambiental. ¿Quiénes son los beneficiarios de fondo?