El fino hilo entre red social y la depresión

Algunos países afinan sus legislaturas para poner freno a las redes sociales que están poniendo en riesgo la salud mental de sus “clientes” (las comillas son de ellos, o sea se nos trata como un negocio).

Un delicado y sombrío debate se ha instalado en la sociedad del que no conocemos ni el 1 por ciento. En noviembre de 2017 se suicidio en Londres una menor de 14 años. La joven Molly Russell, fue hallada muerta en su habitación de la localidad de Harrow, al noroeste de Londres. Se había quitado la vida. Su familia nunca detectó ningún comportamiento extraño en ella, más allá de que pasaba más tiempo encerrada en su habitación. Lo achacaron a los cambios propios de la adolescencia. Pero cuando su padre, Ian Russell, revisó el correo electrónico de Molly en busca de alguna posible explicación de la tragedia, se encontró con un mensaje de Pinterest de hacía dos semanas titulado “Pins de depresión que te pueden gustar”. Siguió investigando y comprobó que, durante los seis meses anteriores a su muerte, la joven compartió o reaccionó en Instagram ante más de 2.000 publicaciones relacionadas con el suicidio, las autolesiones o la depresión.

Cinco años después, Instagram y Pinterest han sido llamadas por las autoridades británicas. Elizabeth Lagone, directora de salud y política de bienestar de Meta, empresa matriz de Instagram, y Jud Hoffman, director global de operaciones de la comunidad de Pinterest, declararon a principios de octubre en un juzgado británico. Es la primera vez que dos tecnológicas participan en un proceso legal relacionado con el suicidio de un usuario. “(Molly Russell) murió a causa de lesiones provocadas por ella misma mientras padecía de depresión y sufría los efectos negativos de contenidos en internet”, dijo Andrew Walker, abogado y médico forense (senior coroner).

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Esta figura tiene en el Reino Unido la potestad de iniciar investigaciones independientes que determinen las causas de la muerte de las personas. Walker no clasificó el suceso como un suicidio: el jurista estableció que internet había “afectado su salud mental de forma negativa y contribuido a su muerte”.

Las empresas no se enfrentan a multas ni sanciones. No se las convocó a un juicio penal o civil, sino a sesiones forenses. Pero se ha abierto el debate acerca de su corresponsabilidad en ciertos casos de suicidio, algo que no había sucedido antes.

Regulación a la vista

California (EEUU) se ha convertido en uno de los pocos Estados que han decidido plantar cara a las grandes tecnológicas y aumentar su regulación. El Gobierno demócrata ha promulgado en septiembre (2022) una ley que obliga a las redes sociales como Twitter y Meta (Facebook) a revelar sus políticas de moderación de cometarios y censura. Esto como una forma de combatir la desinformación, el discurso de odio y el extremismo que se ha instalado en la vida pública de Estados Unidos y que tiene a los canales digitales como principal vía de propagación.

La ley nació en California no por los mismos motivos que los que impulsaron a los padres de Molly Russell a buscar la ayuda de un abogado para establecer las posibles conexiones de su suicidio con la influencia de las redes sociales. En el país las reacciones tienen directa incidencia a la toma del Capitolio de enero de 2021 por simpatizantes de Donald Trump.

Más allá del hecho político, la norma exige que las compañías entreguen, desde 2024, informes detallados a la Fiscalía de California en la que expliquen cómo moderan el debate en línea. Esto incluye revelar si la vigilancia se deja en manos de inteligencia artificial, el sistema de jerarquización de ofensas y comentarios eliminados. Las empresas que no entreguen esta información serán multadas.