Los Snowdens bolivianos. 1ra. parte

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Roger Pinto

Los héroes son siempre los que toman la decisión final. El ministro consejero de la embajada de Brasil en Bolivia Eduardo Saboia fue quien comando la arriesgada operación de sacar al senador Pinto de Bolivia. El diplomático dijo después del operativo que tomó la  decisión en apenas 24 horas. Reveló que durante los últimos 30 días había escrito varios informes al Ministerio  de Relaciones de Brasil en los que señalaba que “había que tomar algún tipo de medida extrema”.

 

LOS INFORMES MÉDICOS ERAN DELICADOS Y Saboia confesó que no quería cargar en  la conciencia el peso de un muerto en los ambientes de la embajada, más aun,  cuando el caso era seguido casi a diario por los medios de comunicación.

Saboia dice que estaba seguro del éxito  de la operación, además de que las autoridades bolivianas dieron señales de que no harían nada. “Escuchamos algunas veces a ministros declarando que Brasil sabía lo que tenía que hacer  en este caso. Dejaban subentendido que no harían nada”. Se sabe que en junio una delegación del más alto nivel del Gobierno de Brasil se entrevistó con autoridades nacionales para tratar el caso de los “torcedores” de Corinthians que estaban presos en Oruro. En esa ocasión también  abordaron el tema del asilo diplomático que Brasil había concedido al legislador boliviano. Hoy se sabe, de acuerdo a la versión de los funcionarios del vecino país, que el  Gobierno de Bolivia no se oponía a una salida de Pinto por tierra pero no se comprometían a velar por su seguridad.

Las reacciones de la diplomacia brasileña y de los sectores políticos del país fueron los extremos. Por un lado, al conocerse el criterio de que el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sancionaría a Saboia,  hablando incluso de exonerarlo de su hasta ahora intachable carrera diplomática, sectores de la oposición dijeron que la decisión del encargado de negocios fue valiente y que debía ser considerado como héroe en lugar de abrirse contra él un proceso “injusto”. “Saboia obró por cuestiones humanitarias arriesgando su propia vida. Las declaraciones del Planalto – que corresponde a su similar del Palacio Quemado en Bolivia-, son las de un Gobierno pero de ninguna manera reflejan la posición del Estado brasileño”.


Los presidentes

El senador Pinto es asistido por dos abogados: el brasileño Fernando Tiburcio, con una lista larga de contactos en Bolivia y el boliviano Luis Vásquez. En La Paz, el abogado Vásquez confesó en un programa de TV que nadie sabía del operativo. Ya Tiburcio dijo que se decidió ejecutar la extrema medida en vista a que la Cancillería de Brasil tomó imposiciones “abusivas restringiendo sus derechos”. Esas restricciones fueron asumidas luego que el presidente Morales manifestara su molestia a la presidenta Rousseff en un encuentro de presidentes en África.  Morales se quejó en esa reunión. Le dijo a su colega brasileña que Pinto está promoviendo “reuniones políticas” en la sede de la Embajada de

Brasil en La Paz. Como respuesta a esa denuncia, Rousseff encomendó a su canciller Antonio Patriota cuidar en persona del caso hasta encontrar una solución.

El operativo como se supo más tarde, no tenía el visto bueno de la presidenta Rousseff. Ella estaba segura que el Gobierno boliviano acabaría cediendo y entregando el salvoconducto al senador. Es por eso que el plan de fuga se ejecutó en el mayor sigilo y en tiempo récord. Apenas estaban informados el canciller Patriota; el ex embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato y el encargado de negocios Eduardo Saboia.

Al enterarse del operativo, la presidenta  Rousseff destituyó a Patriota, canceló el nombramiento de Biato como embajador en Suecia y sancionó a Saboia.  Tiburcio, aseguro que su defendido estaba comenzando a sufrir los efectos psicológicos del encierro. Dijo que se restringieron las visitas y que solo podían ver a Pinto una de sus hijas, el abogado y eventualmente era asistido por un médico. “Estaba en condiciones inhumanas”, advirtió.

Durante las últimas dos semanas el legislador boliviano -calificado por el Gobierno como vulgar delincuente-, había sufrido un doloroso cuadro de cólico renal que lo había desmoralizado y que en su momento le hizo pensar lo peor. Se habló incluso de suicidio.

Todos estos factores fueron analizados por Itamaraty que decidió sacar a Pinto de un encierro que duraba 455 días.

 

El operativo

Pinto bajo desde el primer piso de la  Embajada de Brasil en la que vivió durante todo este tiempo por el  ascensor  al garaje del edificio Multicentro de la avenida Arce donde funcionan las oficinas de esa  legación diplomática. Allí esperaban dos movilidades diplomáticas  Nissan Patrol 4×4 que pertenecen a   los registros de la embajada brasileña  en La Paz. Fue en una de esas movilidades que Pinto, Saboia y en chofer viajaron 21 horas escoltados a prudente distancia por la segunda movilidad en la que viajaron además del chofer dos fusileros navales que trabajan en la sede de la embajada en Bolivia. La escolta adelantaba el paso a la primera movilidad solo cuando se debían pasar los retenes de control, alrededor de  15 que existen en el recorrido por tierra entre La Paz y Santa Cruz.

Lo riesgoso del operativo, a pesar de que el encargado de negocios dice que estaba seguro de su éxito, fue  la probabilidad de una intervención a las movilidades, es por eso que los tres tripulantes de la primera movilidad se encontraban con chalecos antibala. Saboia ha manifestado que una vez en territorio  brasileño la seguridad de Pinto es absoluta responsabilidad del Gobierno de la presidenta Rousseff.

 

Por qué se teme por la vida de Pinto

La persecución contra Pinto se inició  cuando reveló la participación de algunas autoridades del Ejecutivo boliviano  con el narcotráfico. Las copias de la investigación de esta denuncia fueron entregadas por Pinto al Palacio de Gobierno  en un sobre a nombre del presidente Morales, pero este evitó cualquier reacción. Fuentes en el Gobierno manifestaron en su momento que el presidente no podía avalar denuncias que apuntaban a sus allegados con el narcotráfico y que la vía para hacer este tipo de denuncias era el   Ministerio Público y no el despacho presidencial.

“Pinto equivoca el procedimiento”, dijeron desde el Ejecutivo.

La investigación que Pinto tenía en sus manos era una bomba de tiempo. Las había obtenido de manera bastante riesgosa y en condiciones que podrían hacer temer por su propia vida. Era tan delicada que meses después y ante el  silencio del Ejecutivo contactó con la revista Veja que se edita cada fi n de semana en Brasil en más de un millón de ejemplares. Veja publicó la denuncia.

La reacción del Gobierno como en muchos otros casos fue decir que se trataba de una publicación de los sectores conservadores de Brasil y restó seriedad a la publicación.

Fue uno de las primeras escaramuzas de las muchas que posteriormente comenzaron a interferir las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Brasil. El Gobierno del presidente Morales dispuso entonces el nombramiento del abogado socialista Jerjes Justiniano como embajador de Bolivia en Brasil. Una de las misiones encargadas al flamante diplomático era iniciar un juicio por difamación a la revista Veja. Antes de irse a la sede de sus funciones Justiniano declaró que le “sentaría la mano a Veja”. Un año después de ese episodio no se sabe que el Estado boliviano haya presentado una demanda contra Veja. Por su parte, la revista escribió una nota en la que aclaraba las circunstancias del hecho pero no llegó a desmentir la información.

El temor por la vida de Pinto tiene relación directa con la denuncia publicada en la revista brasileña. Pinto se convirtió en una especie de Snowden a la boliviana. Los involucrados en la denuncia son los temibles narcotraficantes Maximiliano y Osi Munhoz Filho Dorado de padre brasileño y madre beniana, asentados en Bolivia en varias actividades agroindustriales y que habían incursionado en el narcotráfico a gran escala.

Veja contó que en noviembre de 2010 Maximiliano Dorado se reunió en su casa de la ciudad de Santa Cruz con funcionarios bolivianos. En diciembre el narcotraficante brasileño fue detenido en Santa Cruz y deportado a Brasil donde se encuentra preso. Otro caso en el que están comprometidos los hermanos Dorado es el volteo al empresario judío norteamericano Jacob Ostreicher. En realidad, las tierras en las que se habían desarrollado los proyectos agroindustriales de Ostreicher y de su socio André Zolty, pertenecían a los Dorado. Osi Dorado fue detenido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en marzo de este año en Beni acusado de lavar dinero del tráfico de cocaína.

Aunque no se sabe con precisión que haya sido Pinto quien entregó a la revista brasileña la investigación sobre los presuntos vínculos de algunas autoridades del Gobierno con el narcotráfico, fue este incidente la piedra angular que luego generó una persecución implacable contra el senador pandino al que comenzaron a lloverle procesos judiciales. Cuando ya estaba alojado  en la embajada hace menos de cuatro meses fue sentenciado a un año de cárcel  en un juicio que lo apuntó por la malversación de fondos por la construcción de la Universidad Amazónica.

El Ministerio de Transparencia dice que los daños económicos que Pinto infringió al Estado alcanzan los 17 millones de bolivianos.

 

El viaje La Paz – Puerto Suárez

Uno de los momentos más dramáticos del viaje que el encargado de negocios Eduardo Saboia y el  cenador Pinto fue cuando se había agotado el tanque de gasolina y comenzaron a transcurrir kilómetros rodando con el tanque de  reserva. Saboia dijo que comenzaron a rezar Salmos. Otro momento de nerviosismo fue cuando al salir de La Paz, al promediar las 3 de la tarde del viernes  23 se encontraron de lleno con una manifestación en la Plaza San Francisco, los vehículos tomaron otra ruta y se  tuvieron que salir por Achocalla. También atravesaron en tensión los más  de 200 kilómetros de la ruta que une Cochabamba – Santa Cruz en la región  del Trópico de Cochabamba, conocida como El Chapare. Fue una operación cinematográfica.