Los Snowdens bolivianos. 2da. parte

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Boris Villegas

Si Roger Pinto se  convirtió en la figura de la oposición  política incómoda para el Gobierno, Boris Villegas detenido en la cárcel de Palmasola, otrora aliado de  la actual administración, es una fi gura clave para develar casos no aclarados en los que está en juego la palabra del Ejecutivo y una maraña de casos que han puesto en jaque la transparencia del Estado Plurinacional.

 

BORIS VILLEGAS OBSERVA DETRÁS DE LA multitud el momento clave. El  canciller Choquehuanca es zarandeado por un grupo de mujeres y obligado a marchar. Villegas habla por celular y se queda solo mientras la columna de marchistas avanza. Él sabe que se trata de un show. Horas más tarde el canciller desmiente los rumores. “No, no hubo secuestro”, dice asumiendo el papel de víctima. “Me obligaron a marchar”. Esas escenas serían la antesala del justificativo que utilizarían las fuerzas de seguridad  del Estado para intervenir la VIII Marcha Indígena. El plan había sido diseñado en la  residencia presidencial de San Jorge. El encargado de hacer cumplir el operativo: el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Además, Villegas afirma que la determinación  fue transmitida al contingente policial por el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán.  “Los oficiales expresaron su malestar con esta orden, tanto así que Farfán y mi persona salimos al patio para comunicarnos con Llorenti. Fue enfático  al señalar que esa orden debería cumplirse  sí o sí, con las consecuencias políticas que ello  acarrearía…”, aclara Villegas ante una comisión de fiscales  que investiga el caso denominado “red de extorsión”.

Cuando estalló el escándalo la ministra  de Defensa Cecilia Chacón presentó su carta de renuncia en la que decía que el “proceso de cambio” se había desviado de sus objetivos. Era hasta ese momento impensado que un Gobierno que se hacía llamar plurinacional reprimiera a un grupo de indígenas que se oponía a la construcción de una carretera asfaltada en un parque declarado reserva natural.

El procesado, también hizo conocer que la falta de medios logísticos y de vehículos para la intervención en Chaparina fue solucionada con motorizados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad uniformada dedicada a la erradicación de plantaciones de hoja de coca y que está conformada por policías y militares. “Cuando llamé al ministro Llorenti a La Paz para solicitarle más camionetas, me indicó que ya había hablado con el coronel (Williams) Kaliman, que era el comandante de la FTC. Me respondió que eso era lo máximo que los ‘milicos’ podían darnos”, expresa Villegas en otra parte de su testimonio. Otra de las revelaciones es que se armó un show mediático con policías heridos que llegaron a La Paz  junto con Choquehuanca, luego de ser evacuado en una aeronave.

“Busca a los que están más jodidos, cinco o seis policías y embárcalos en el mismo avión con el canciller. Yo le dije que eso no era necesario… No importa, es necesario que hagamos show, yo voy a mandar ambulancias para que los recojan y tal cometido fue cumplido… En pleno aeropuerto Llorenti y el canciller dieron una conferencia de prensa consiguiendo el respaldo a la acción del Gobierno y el repudio internacional a los marchistas que supuestamente habían secuestrado a Choquehuanca”, sostiene Villegas

 

La red de extorsión

En la celda que ocupa en la cárcel de Palmasola donde se encuentra detenido, Boris Villegas acaba de recibir a un grupo de fiscales que le han tomado declaraciones en el proceso conocido como la “red de extorsión”. Dice que tiene mucha información comprometedora que no hace mella en las autoridades de Gobierno.

Ellos afirman que se trata de un reo y lo que diga los tiene sin cuidado. Temas como la represión en Chaparina, el uso de armas letales en el desbloqueo en Caranavi, la  intervención en el Hotel Las Américas, la represión y muerte en la Calancha y el comprometedor caso del judío norteamericano Jacob Ostreicher habrían sido cuidadosamente grabadas por Villegas.

Hace pocas horas el viceministro Jorge Pérez ha salido en defensa de Llorenti. Ha dicho que las declaraciones de Villegas son un complot tramado por la derecha para  desprestigiarlo. Una fuente del propio esquema afirma que la estrategia de defensa apunta salvar responsabilidades en caso de que se decida investigar a fondo. “Yo no fui, tampoco Sacha, es la derecha; entonces Llorenti se quedará sólo. Pérez ya no podrá defenderlo desde el llano”. Arrecian las pugnas internas.

 

Villegas aprieta el acelerador

En mayo de 2010 según la versión del mismo Villegas, Sacha Llorenti fue la figura central en el desbloqueo de la ruta a Caranavi. La medida ya duraba 10 días y mantenía nerviosos a los encargados de la seguridad. Los manifestantes exigían que el Gobierno cumpla su palabra. En abril de ese mismo año el presidente Morales se comprometió instalar una procesadora de cítricos en la zona. Se cree que por cuestiones internas, el primer mandatario cambio de idea; que el senador masista Fidel Surco, torció la palabra empeñada para que la fábrica se construya en Palos Blancos, Alto Beni, donde radica el hermano del senador Surco, el dirigente colonizador de medio peso, Luis Surco.

Villegas confesó a los fiscales que el  operativo se planificó en el despacho de Llorenti. Hay diferentes versiones sobre la cantidad de policías que partieron a la región del Norte paceño. Se llegó a decir en su momento que fueron cerca de 1.000 uniformados. Dos jóvenes murieron ese mismo día por el disparo de armas de fuego. Fidel Hernani de 16 años cayó mientras escapaba de la brutal represión entre los matorrales. David Calisaya, joven de 18, recibió un tiro en el pecho de manera frontal. Testigos presenciales manifestaron que un policía le disparó mientras exigía que cese la gasificación. También resultaron heridos algunos policías y cientos de pobladores quedaron heridos y contusos.

Días después del sangriento operativo, el exministro declaró ante una comisión de la cámara de diputados -conformada para investigar los sucesos- que en Caranaví actuó un “grupo político armado”. Pero Gustavo Torrico, quien ocupaba entonces el segundo puesto del Ministerio de Gobierno señaló: “honestamente no creo que existan grupos armados regulares en la provincia de Caranavi. Lo que sí es que algunos ultristas, podrían haber desencadenado que algunas personas utilicen armas de fuego”.

¿Quiénes eran los ultristas? ¿Los policías?, ¿los pobladores? o es que había un tercer grupo infiltrado como en Chaparina que generó confusión para justificar el uso de armas de fuego.

 

El sometimiento de la justicia

Semanas después del operativo y cuando los familiares de las víctimas clamaban justicia, apareció una sugestiva fotografía en la que se veía a Sacha Llorenti a Isabelino Gómez, a Boris Villegas y a Fernando Rivera en una reunión y sobre la mesa el cuaderno de la investigación que había sido cuidadosamente cerrado para evitar que la defensa tenga acceso a información relevante.

Una vez consumados los hechos, y por la presión social, Villegas comenta que se inculpó por los hechos de Caranavi a  un grupo de policías para salvaguardar la imagen de Llorenti. Dijo que a los oficiales se les prometió que no “serían tocados”, pero por la magnitud del  caso fueron imputados como responsables del operativo. “Por órdenes del ministro Sacha Llorenti, mi persona, así como Fernando Rivera y Dennis Rodas, mantuvimos variadas reuniones con los fi scales encargados de este tema con el fi n de salvar la responsabilidad del señor Sacha Llorenti y hacer recaer todo el peso de la ley en los policías.   Este tema era coordinado directamente a través de la doctora Betty   Yañiquez, fiscal de Distrito en ese entonces de La Paz”, señaló Villegas.

 

Montar pruebas para incriminar

Sobre el abogado defensor de las víctimas de Caranavi, Jorge Quiroz, Villegas relató que se ordenó iniciar una campaña de desprestigio en contra de él y su esposa. “A través de peritos informáticos se buscó una página web donde supuestamente este señor y su esposa se dedicaban a la realización de actos sexuales”, comentó. Como se recordará, agentes de inteligencia montaron pruebas apuntando a Quiroz como un pervertido sexual. Mostraron fotos obscenas con el fi n de descalificar la investigación y  cuestionar la calidad moral del profesional. El abogado relato que fue sometido a un interrogatorio de cinco horas.

Con Sacha Llorenti ocurre algo muy especial. Durante el Gobierno de Sánchez de   Lozada ocupaba una oficina mal equipada que tenía una secretaria trabajando en condiciones precarias cuando ocupó el cargo de Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. En esa humilde oficina atendía a las víctimas que denunciaban  algún atropello contra su integridad. Fue durante años el principal encargado de velar por los derechos humanos con un presupuesto magro con el que no podía equipar una oficina como lo exigía su condición de impulsor de los derechos humanos.

Esos tiempos quedaron atrás. En el último Congreso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) los delegados expulsaron de sus fi las, mediante resolución, a su expresidente, Sacha Llorenti. “Lo expulsan a Sacha Llorenti de la Asamblea Permanente de Derechos  Humanos y además se le exige que no siga utilizando el nombre de la organización como valor curricular”.

Villegas infiltrado de la CIA

El ministro de Gobierno Carlos Romero, dice: “existen sospechas  sobre esta persona (Villegas); cuando haya elementos contundentes recién se podrá oficializar (esa identidad)”.

En los últimos meses se ha dedicado a escribir algunos recuerdos y a poner en orden una serie de documentación con la ayuda de un abogado que lo asiste desde que cayó detenido.

No cree que será fácil para el Gobierno conseguir una imputación porque a la luz de los sucesos que le han tocado vivir dice ser poseedor de información valiosísima que fue juntando a lo largo de estos años.

Villegas, es además una persona obsesionada con el orden. Por eso, dice que todas las acciones  que le ordenaron realizar estarían debidamente respaldadas para demostrar que no está solo y que todas las instrucciones  impartidas fueron consecuencia de una planificación.

Ha pedido protección para su familia y dijo que si algo les llega a pasar a él o a alguna persona de su entorno será responsabilidad del Gobierno.

Villegas, de acuerdo a su currículum, cumplió labores de asesoramiento legal integral a empresas extranjeras, nacionales y cuerpo diplomático, elaboración de informes legales ante estrados judiciales en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, seguimiento a procesos administrativos internos de esa misma cartera, entre otros.

“Las nuevas formas de lucha contra la corrupción y el pragmatismo como nueva forma de corrupción”, fueron algunas de las especializaciones que la ex autoridad del Ministerio de Gobierno desarrolló en su trayectoria académica.

Recientemente, el presidente Evo Morales sugirió que Villegas podría ser “infiltrado” de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, prefirió no adelantar acusaciones y dijo que solo existen sospechas

FRASES CALIENTES

“El ministro Llorenti nunca daba instrucciones escritas con el fi n de eludir responsabilidades. Las instrucciones que recibí fueron de palabras”.

“Para que haya equilibrio en la ‘golpeadura’ a los indígenas, Farfán me dijo que la Policía meta cuatro gases a los interculturales que apoyaban al Gobierno”.