Los tres desafíos criminales que enfrenta el nuevo presidente de Bolivia

Durante la campaña electoral los temas de seguridad y crimen organizado quedaron relegados frente a las preocupaciones económicas.

Bolivia eligió a un nuevo presidente que asumirá el poder en medio de una profunda crisis económica, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para enfrentar al crimen organizado y llevar a más personas a involucrarse en actividades ilegales.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centroderecha, obtuvo el 54% de los votos y derrotó a su rival Jorge “Tuto” Quiroga en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre. Paz prometió fortalecer el control aduanero, poner fin a la minería ilegal y frenar la corrupción. Su compañero de fórmula, Edman Lara, un carismático excapitán de policía conocido por denunciar presuntos casos de corrupción en redes sociales, es ampliamente reconocido por haberle dado a Paz un impulso decisivo en las urnas.

Sin embargo, durante la campaña los temas de seguridad y crimen organizado quedaron relegados frente a las preocupaciones económicas. El país atraviesa una crisis severa con agudos desabastecimientos de alimentos y combustible. La inflación se disparó un 23% este año, y la caída de las exportaciones golpeó las finanzas públicas, amenazó el valor de la moneda y llevó a Bolivia al borde del incumplimiento de su deuda.

Esta situación podría empujar a más bolivianos hacia las economías informales e ilegales y presionar sobre la capacidad del gobierno para combatir el crimen en un momento en que enfrenta varios desafíos criminales urgentes.

Auge del narcotráfico atrae a grupos del crimen organizado transnacional

En los últimos años, el tránsito de cocaína por Bolivia se ha incrementado, y el país también se ha convertido en un productor creciente. Las fuerzas de seguridad descubrieron 1.501 laboratorios de droga en 2024, un aumento del 74% respecto a 2023. Además, el cultivo de coca continuó expandiéndose más allá del límite legal de 22.000 hectáreas, alcanzando las 31.000 hectáreas en 2023, según las últimas estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Bolivia comparte fronteras con cinco países sudamericanos, lo que la sitúa en el corazón de las rutas regionales del tráfico de drogas. Aunque carece de grandes organizaciones nacionales de narcotráfico, hay cada vez más evidencia de que grupos extranjeros se están instalando para llenar ese vacío.

El departamento oriental de Santa Cruz se ha convertido en un foco recurrente de violencia vinculada a bandas brasileñas, incluido el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV). Una ola de homicidios relacionados con drogas dejó 11 muertos en los últimos tres meses, según la policía local.

El departamento está cerca de las zonas productoras de droga y de la frontera con Brasil, lo que le otorga una importancia estratégica en las rutas del tráfico de drogas. El rápido crecimiento económico en la capital regional, Santa Cruz de la Sierra, ha favorecido al crimen organizado, según la experta boliviana Gabriela Reyes Rodas.

“Santa Cruz ha crecido tanto económicamente que estos modos de lavar dinero —conciertos, autos de lujo, etcétera— se invisibilizan”, dijo Reyes a InSight Crime, y agregó que los traficantes “se mimetizan entre la gente”.

Varios de ellos, de alto perfil, se sintieron lo suficientemente seguros como para establecerse en Santa Cruz de la Sierra. El brasileño más buscado, Sérgio Luiz de Freitas Filho, vivió abiertamente durante más de una década en un barrio cerrado antes de ser expuesto por el medio brasileño G1 en septiembre. El uruguayo Sebastián Marset también residió en la ciudad e incluso compró un equipo de fútbol local antes de huir previo a un operativo policial. Ambos siguen prófugos.

Paz reconoció que ha habido un aumento en la cantidad de drogas incautadas mientras transitaban por el país y que esas incautaciones representan solo una “fracción” del flujo real de narcóticos. Su plan de gobierno insinúa una mayor cooperación con socios internacionales no especificados y más inversión en tecnología, aunque no detalla una estrategia clara para enfrentar a las redes de narcotráfico.

Auge de la minería ilegal

El alza del precio del oro ha alimentado la minería ilegal en Bolivia, agravando el daño ambiental y creando nuevas oportunidades para grupos criminales organizados.

Los yacimientos de oro en el país son explotados casi exclusivamente por cooperativas mineras de pequeña escala que ejercen un poder político significativo y enfrentan poca supervisión, según una reciente investigación de InSight Crime. Estas cooperativas suelen exceder los límites de sus concesiones, lavan oro ilícito y cerca del 85% opera sin licencias ambientales.

También son grandes consumidoras de mercurio, un metal tóxico usado para separar el oro de la roca. Entre 2013 y 2023, el valor oficial de las importaciones de mercurio de Bolivia se multiplicó por diez, hasta alcanzar los US$4,17 millones, lo que la convierte en el mayor importador de América Latina, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la cadena de suministro del mercurio. Una red que contrabandeaba el metal desde México a Bolivia fue presuntamente abastecida por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA), una organización sin fines de lucro que investiga delitos ambientales. En julio, las autoridades de Perú interceptaron un cargamento récord de cuatro toneladas de mercurio ilegal en tránsito desde México hacia Bolivia.

El programa de gobierno de Paz afirmó que la minería ilegal debe erradicarse, pero no explicó cómo enfrentará las complejas redes criminales enquistadas en el sector.

Contrabando en expansión

La crisis económica de Bolivia también ha favorecido el crecimiento de la ya floreciente economía del contrabando.

Los bienes que se introducen o salen ilegalmente del país alcanzaron un valor de hasta US$3.500 millones en 2022 —casi el 8% del Producto Interno Bruto (PIB)—, y el contrabando crece más rápido que la economía formal, según la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia (CNI). Pequeños grupos de contrabandistas han escalado sus operaciones, sobornado a militares y agentes fronterizos, e incluso tomado el control de empresas de transporte para movilizar mayores volúmenes de mercancía.

Las fronteras porosas del país permiten el paso de una amplia gama de productos, desde cebollas hasta metales preciosos. Al evadir impuestos y restricciones de importación, los contrabandistas obtienen ganancias fáciles. Las dificultades económicas les proporcionan mano de obra y mercados amplios para mercancías baratas del mercado negro.

Durante la campaña, Paz generó alarma en los países vecinos al insinuar que consideraría legalizar los “chutos”, vehículos sin matrícula que a menudo son robados en Chile y contrabandeados a Bolivia. Sin embargo, Reyes señaló que los temores eran exagerados.

La legalización podría ofrecer a la policía “una forma conveniente de identificar qué autos fueron robados y devolverlos al cruzar bases de datos en el momento de la legalización”, explicó.

Quizás el riesgo más grave es que el fracaso continuo para controlar el flujo de bienes en las fronteras podría fortalecer aún más a los grupos criminales del país, que usan las mismas rutas de contrabando para mover drogas, precursores químicos y personas.