Los videos del ataque a la Alcaldía alteña desaparecieron
Fueron eliminados los videos de las cámaras de seguridad de la Alcaldía de El Alto que grabaron el fatídico ataque del 17 de febrero, informó ayer la Fiscalía General del Estado. El municipio alteño aseguró que el aparato de registro de imágenes no fue manipulado antes de ser entregado para su investigación.
“El examen pericial de la central de imágenes que se denomina VDR (Video Disk Recorder) revela que no se pudieron recabar archivos de fecha 17 de febrero de 2016. Todos los videos fueron eliminados”, reportó el fiscal general, Ramiro Guerrero, ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
Guerrero brindó el informe de la investigación de la quema del edificio municipal alteño junto al fiscal regional de La Paz, Edwin Blanco, y la fiscal miembro de la comisión especial, Susana Boyán. Respondió a diez preguntas formuladas por los diputados en relación al proceso.
El 17 de febrero, una marcha de padres de familia derivó en la toma y quema a la Alcaldía de El Alto con un saldo de 6 muertos, por asfixia, y 26 heridos. Las pericias determinaron que había 211 personas dentro del edificio edil cuando empezó el ataque.
Sobre los videos desaparecidos, Guerrero explicó que el aparato de VDR -que registraba imágenes internas y externas del edificio municipal- fue entregado el 19 de febrero por la Alcaldía alteña. “Fue dos días después de los hechos, pese a que el Ministerio Público requirió de manera inmediata la entrega de este equipo”, aseguró.
Según el informe leído por Guerrero, no se hallaron alteraciones o modificaciones en el VDR, ni se pudo evidenciar cuántos equipos de registro se encontraban grabando. El aparato tiene posibilidad de conectarse a 16 videograbadoras.
Informó que en el peritaje, realizado la misma noche del 17 de febrero, la comisión de fiscales no encontró el VDR en el edificio quemado. “Funcionarios municipal de El Alto habían procedido a retirarlo de donde se encontraba. Se conminó su entrega al Ministerio Público”, aseveró.
El fiscal añadió que tiene conocimiento de que existía otro VDR en el despacho de la alcaldesa, Soledad Chapetón. “Hasta el momento no ha sido entregado, pese a reiteradas solicitudes que ha realizado la comisión de fiscales”, dijo Guerrero.
Al conocer el informe de la Fiscalía, la directora general de Asesoría Jurídica municipal de El Alto, Sonia Vallejos, dijo a Página Siete que la Alcaldía entregó el equipo de registro de videos el 18 de febrero. Aclaró que no existe un segundo aparato en el despacho de la alcaldesa, sólo un monitor de computadora.
“Nos hemos sorprendido ante la declaración (del fiscal) porque el VDR se ha entregado al día siguiente de los hechos. Tengo la fecha de recepción del equipo. Además, el informe dice que los videos habrían sido eliminados, pero que no se evidenció alteraciones”, puntualizó Vallejos.
Agregó que la Fiscalía les informó que trabajarían con las grabaciones de la gasolinera que está frente a la edificio quemado y de los medios. Adelantó que el municipio solicitará un peritaje.
“Hay elementos tecnológicos para recuperar datos eliminados. Si ellos no pueden, nosotros contrataremos un peritaje. Él (Guerrero) quiere dar a entender que la Alcaldía ha borrado las imágenes y no hay nada más falso.
Somos las víctimas más interesadas en que se haga justicia”, dijo.
Investigan participación de Elío y jefes policiales
Existe un proceso legal para determinar la responsabilidad del exviceministro de Régimen Interior Marcelo Elío y autoridades policiales en la quema de la Alcaldía de El Alto, informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. Anunció que solicitarán el registro de llamadas que realizó la alcaldesa alteña, Soledad Chapetón.
“Hay un caso que está en investigación en la Fiscalía de El Alto y es por incumplimiento y otros tipos penales de precisamente estas autoridades (Marcelo Elío). Se realizará todos los elementos de investigación para llegar a la verdad histórica”, dijo el fiscal.
Agregó que la investigación también incluye a autoridades policiales y que el excomandante de El Alto, José Peña, ya brindó su declaración. La Alcaldía denunció que el 17 de febrero la Policía no atendió las constantes llamadas de ayuda de los ediles .
“Estamos en investigación. La comisión de fiscales, a través de un requerimiento, ha pedido el registro de llamadas telefónicas que se realizaron ese día desde diferentes celulares”, informó.
Tras la declaración de la Alcaldesa alteña, la Fiscalía evalúa su grado de responsabilidad. La diputada Mireya Montaño adelantó que el Ministerio de Gobierno brindará un informe la próxima semana. Hasta la fecha más de 300 testigos han declarado y hay 14 personas imputadas.