Oposición pide interpelación a INRA por denuncias contra funcionarios

Desde 2015, se registran más de un centenar de denuncias por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La dotación irregular de tierras en la Chiquitania es el caso más polémico y que está en pleno proceso de investigación.

Legisladores de oposición piden informes y una interpelación para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, cabeza de la cartera a la que pertenece el INRA. La unidad de Transparencia de la entidad solicita que sustenten las acusaciones.

“Hay irregularidades en el INRA. Muchos asentamientos humanos han sido realizados en tierras de producción forestal permanente, que no tienen vocación agrícola. Además, la Ley 741 da autorización para que cada comunario queme y desmonte hasta 20 hectáreas sin ningún control técnico. Si en una comunidad son 50 habitantes, estaríamos hablando de 1.000 hectáreas”, alertó la diputada por UD Eliana Capobianco.

Sostuvo que se inviabilizó el funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales en Santa Cruz, que son las instancias para el tratamiento de denuncias e irregularidades. “Son más de 100 veces que no asiste el director departamental del INRA y su presencia es un requisito”, añadió.

Por esos motivos, solicitó una interpelación para el ministro Cocarico el pasado 12 de septiembre. Espera una respuesta.

La diputada por el MAS Mireya Montaño dijo que todos los diputados tienen las atribuciones para fiscalizar. Recalcó que las denuncias deben ser debidamente sustentadas para no difamar. “En este caso la comisión de autonomías, de la que la diputada Capobianco forma parte, ha debido munirse de mucha documentación para interpelar a las autoridades”, sostuvo.

70 casos del INRA y Santa Cruz

Según registros a los que Página Siete tuvo acceso, la Unidad de Transparencia del INRA recibió en lo que va del año más de 70 denuncias de irregularidades jurídicas y administrativas. Todas referidas a irregularidades cometidas por la institución.

Consultado sobre el tema, el director de esa unidad, Nelson Antezana -quien recién asumió el cargo hace cuatro semanas- explicó que hay denuncias sólo verbales que no tienen pruebas. Aclaró que los casos que atiende Transparencia son de “trabajadores de INRA que no cumplen sus funciones; hacen cobros por el proceso de saneamiento (corrupción); o se niegan a brindar información”.

Manifestó que, de las 70 denuncias registradas, se resolvieron 60. Las demás fueron rechazadas por falta de documentación.

Pero no son los únicos casos. En Tarija, en febrero de 2018, vecinos de la zona Pampa Galana, denunciaron al INRA por el saneamiento del 35% de tierras que eran parte del barrio Tarijeños en Progreso, que estaban destinadas a ser área de equipamiento.

En Santa Cruz el director departamental Sergio Abraham Imaná está siendo procesado por incumplimiento de deberes, dotación ilegal de tierras y asociación delictuosa. Están involucrados otros tres funcionarios.

Además, ya en 2015 se había denunciado al INRA y a la ABT, por la dotación de tierras al asentamiento Túpac Amaru, en el valle Tucabaca de Roboré.

El parque Tunari

En diciembre del 2018, en Cochabamba, el exdirector del Parque Nacional Tunari, Carlos Espinoza, el director Héctor Bejarano y el jefe de Control de Tierras, Alberto Terrazas, dieron a conocer que la entidad saneaba terrenos del área forestal.

No era la primera vez que se desvelaba el hecho. En 2017, el asambleísta departamental de la Llajta, Freddy Gonzales, denunció “una intención maliciosa del INRA” de parcelar y entregar a particulares tierras en el área protegida de 328.478 hectáreas compartidas por 11 municipios.

“Hay avasallamientos en toda esa franja ecológica. El INRA debe controlar pero en lugar de eso están saneado”, dijo Gonzales.

En la zona de Albarrancho, en marzo pasado, la directora nacional de Asuntos Jurídicos del INRA, Vania Kora, presentó una demanda penal en la Fiscalía de Cochabamba en contra de sus empleados, por cobros irregulares y el tráfico de unas 315 hectáreas.

Corruptos destituidos

Una de las denuncias más llamativas fue presentada por el actual viceministro de Tierras y exdirector Nacional del INRA Juan Carlos León. La autoridad declaró que hubo un centenar de procesos por corrupción y tráfico de tierras durante su gestión (de diciembre de 2018 a abril de 2019). Indicó que por éstos destituyó a igual número de funcionarios.

“Tenemos más de 100 procesos penales que se están dando no sólo a funcionarios públicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino también a particulares. Se ha despedido a esa gente”, señaló León.

En la ocasión Cocarico recomendó a León concentrarse en combatir la corrupción. “No se tolerará a funcionarios corruptos”, afirmó el Ministro.

En 2018, el diputado Amílcar Barral (UD) denunció a Cocarico por nepotismo, pues dos presuntos familiares: Orlando Achu Cocarico, jefe de Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca, y Édgar Yana Chambi trabajaron en el INRA.

Otro familiar observado fue su hermano Rogelio Cocarico Yana, enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil dólares a cambio de sanear tierras ilegales.

INRA en crisis: 6 directores interinos en 5 años

En los últimos cinco años el INRA tuvo seis directores interinos. El 12 de junio de 2014 fue Jorge Gómez Chumacero. El 11 de mayo de 2016, Jhonny Cordero Núñez. Menos de un año después, el 13 de marzo de 2017, se nombra a Eugenia Beatriz Yuque Apaza.

El 24 de octubre de 2018, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Lahor Cortez Chávez fue posesionado. Ese mismo año, el 12 de diciembre de 2018 asume la dirección nacional Juan Carlos León Rodas.

En el boletín trimestral de la Fundación Tierra, Doce, se apuntan los 22 directores que tuvo INRA desde su creación en 1996. El último que figura es León, quien renunció a su cargo el lunes 15 de abril de este año, tras cuatro meses de haber asumido esas funciones.

“Desde que se ha fundado el Instituto Nacional de Reforma Agraria sólo ha habido un director que ha sido legalmente designado. Después todos asumieron funciones de manera interina. Lo peor es que en los últimos años eso se ha ido volviendo casi una costumbre. Nombrando autoridades casi cada cuatro meses”, aseveró el investigador de la Fundación Tierra Esteban Sanjinés.

El investigador señala que los cambios también fueron a nivel departamental. “Por lo general son por indicios de corrupción. En La Paz se sabe que los anteriores directores han estado involucrados en asentamientos irregulares. Todo queda oculto después del cambio”, manifestó.

Observó que incluso hubo “un INRA paralelo” en 2011. “Todo muestra que la institucionalidad agraria está en crisis”, aseveró Sanjinés.

Ilegal: en 4 años se desmontaron 675.969 ha

Un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) revela que durante cuatro años, de 2012 a finales del 2016, se deforestaron ilegalmente 675.969 hectáreas. La cifra es casi tres veces mayor a las 227.734 hectáreas desmontadas “legalmente”. La información fue solicitada por el diputado Yerko Núñez (UD).

Según el informe, en 2012, hubo 117.941 hectáreas desmontadas ilegalmente y otras 10.093 de forma legal. En 2013 los desmontes ilegales fueron en 158.149 hectáreas y los legales 21.010. En 2014 se perdieron ilegalmente 179.687 hectáreas de bosque y 35.258 por desmonte legal. En 2015 la deforestación ilegal llegó a 155.249 hectáreas, mientras que la legal, a 85.070.

Finalmente, para 2016 (de enero a octubre) se registraron 64.941 hectáreas en desmonte ilegal y 76.299, en legal.

“Vamos a pedir un PIE, con la actualización. Queremos saber qué ha pasado desde 2016 hasta 2019, con los desmontes ilegales que hemos conocido en Santa Cruz y Beni”, anunció el señador Núñez.

Al respecto, el investigador de la Fundación Tierra Esteban Sanjinés señaló que la promulgación de nuevos decretos han relativizado lo que dice la ley. Es un “perdonazo” para deforestaciones.

“Lo que antes era ilegal ahora es legal. Cientos de miles de hectáreas se han regularizado. Pero si tomamos como referente la ley forestal, son desmontes irregulares”, aseveró.

En las conclusiones del informe se señala que “la legalidad aumentó gradualmente de 91.369 hectáreas en 2012 hasta 120.909 en 2015”. El informe está firmado por el entonces director ejecutivo de la ABT, Rolf Köhler Perrogón.

En diciembre de 2018, Cliver Rocha asumió la dirección de la ABT. En junio pasado, él denunció que un empleado de la Autoridad de Bosques firmó 2.096 resoluciones para el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas y recaudó 6 millones de dólares.

Director nacional a.i.
Roberto Polo Hurtado Tiene una licenciatura en Derecho. El 5 junio de 2019 asumió el cargo de manera interina.

La Paz
Eloy Poma Machaca En 2009 era cónsul de Bolivia en Puno. En 2017 era director general de Administración de Tierras.

Oruro
Wilder Condori Choque Es abogado. Trabajó en INRA Cochabamba y Oruro. El 1 de febrero asume en cargo a.i.

Potosí
Jaime Javier Flores Ramos Es licenciado en Geodesia y Topografía. En 2009 fue técnico topógrafo en Obras Sanitarias.

Tarija
Hugo Augusto León Gutiérrez Es abogado, fue concejal y fundó la Federación Departamental de Transporte.

Chuquisaca
Adhemar Rivera Martínez El abogado trabajó en el Tribunal Agroambiental y en saneamiento en Cochabamba.

Cochabamba
Edwin Almendras Vásquez Es abogado. Trabajó en la Unidad de Asesoría Legal en la Alcaldía de Shinahota.

Beni
Nazaret Coímbra Saavedra Es ingeniero agrónomo. Nació en el municipio de San Ignacio, provincia de Moxos.

Pando
Sdenka Andrea Arab Aguada Es abogada. Trabajó como asesora jurídica de la organización social en 2009.

Santa Cruz
Sergio Abraham Imaná Canedo Es abogado. Fue asesor jurídico de Trabajadores de Pueblos Originarios.