Participación Popular: ven recentralización de los recursos

Después de 25 años de la aprobación de la Ley  de Participación Popular (LPP), especialistas e impulsores de ese proceso de descentralización  ven que hay un retroceso, y que aquello se evidencia en fenómenos como la denominada “recentralización” de los recursos.

Esa norma emblemática fue aprobada el 20 de abril de 1994,  durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Con la Ley de Participación Popular, el país se  “municipalizó”  (la cantidad de municipio ascendió a más de  300).

El analista  político, Iván Arias,  quien fue parte del equipo de trabajo de la Ley 1551, sostuvo que esta fue la primera norma que descentralizó los recursos y competencias, y que “coronó” ese proceso con la creación de municipios. El especialista dijo, además, que la LPP   es la primera ley, en América Latina, que establece la participación de la sociedad civil.

“Hoy a 25 años, lastimosamente, a pesar de la Constitución donde habla de un Estado autonómico, lo único que se ve son retrocesos. La última estocada en esta recentralización, en este volver a antes de 1994,  de 1952, donde el Estado central lo hacía y lo deshacía, es  el caso de la Ley del Seguro Universal de Salud, una ley que consideramos importante, pero una vez más se hace sin participación municipal”, afirmó Arias.

El director del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, mencionó que hace 25 años hubo una estrategia importante que consolidó el régimen económico financiero que estuvo vigente en el país.

“Al no haberse movilizado el régimen económico financiero, peor hoy con nuevas autonomías, con nuevas competencias que se han transferido en la Constitución Política del Estado, obviamente hay una recentralización de los recursos”, subrayó Yaksic.

Iván Finot, economista y  autor de Democratizar el Estado,  libro que se publicó hace más de 25 años y que fue una de las bases para llevar adelante la municipalización de los 90, que tuvo como punta de lanza la LPP,  afirmó que no solamente hay una “recentralización”, sino que en la actualidad el Gobierno  “hace las tareas  que tienen que hacer los alcaldes, con fines de propaganda”. A su juicio, hay “una reversión” en esa materia.

“Hay una recentralización de los recursos económicos también, porque con recursos municipales están haciendo tareas como el bono dignidad  que sale de los recursos del municipio y que son tareas que debían salir los recursos del Gobierno nacional”, puntualizó Finot.

El especialista  explicó que el objetivo fundamental de la LPP   era incluir a la población rural en el régimen municipal, porque hasta antes de la  promulgación de esa norma se tenía dos regímenes territoriales,  heredados de la colonia. Para los descendientes de los españoles, los municipios;  y para los descendientes de los indígenas, “los corregidores”.

Para finalizar, Arias realizó un balance de la norma, con  énfasis en su trascendencia histórica: “Al principio la LPP  fue calificada de ley maldita y luego ley bendita, fue la única ley que no se necesitaba ser parte del partido de gobierno;  era una ley donde todos los bolivianos valíamos por igual y por lo tanto todos los recursos se tenían que redistribuir también bajo forma igualitaria”.