Los cultivos récord de coca en Bolivia alimentan una creciente demanda mundial de cocaína

• El 16 de septiembre, Estados Unidos designó a Bolivia como uno de los países que incumplió de manera comprobada sus compromisos en la lucha contra el tráfico de drogas.
• El reporte de UNODC detalla que el área sembrada ya se extiende por 36.400 hectáreas del país, un 65,5% más de lo permitido por la Ley General de la Coca de 2017.
• Una gran parte de la producción del Trópico de Cochabamba sirve de suministro para organizaciones de tráfico de drogas transnacionales con la intermediación de clanes familiares bolivianos. La violencia asociada a la actividad deja un mapa de esta presencia criminal. Entre agosto y mediados de septiembre de 2026, se registraron al menos 16 asesinatos relacionados con el narcotráfico en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni. 
• El actual gobierno presentó una nueva política antidroga para 2026-2030, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. El país cuenta con otros socios internacionales como Brasil, Chile y la Unión Europea, así como la asistencia de las Naciones Unidas.

La superficie cultivada con hoja de coca en Bolivia alcanzó cifras récord por tercer año consecutivo, impulsada por el crecimiento de la demanda global de cocaína y no por una mayor demanda en los mercados legales de hoja de coca del país.

Bolivia cuenta con la industria legal de hoja de coca más grande del mundo. Pero mientras su producción crece gradualmente, el comercio autorizado no ha aumentado en la misma medida, según las estimaciones publicadas en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que apunta a una posible desviación hacia la producción de cocaína.

El país ha reforzado progresivamente su rol como país productor de cocaína para abastecer la demanda global, además de continuar sirviendo como punto de tránsito para el producto peruano, en un contexto de expansión de los mercados globales y cifras récord de consumo. Controlar esta situación es uno de los principales retos para el gobierno. El 16 de septiembre, Estados Unidos designó a Bolivia como uno de los países que incumplió de manera comprobada sus compromisos en la lucha contra el tráfico de drogas.

El reporte de UNODC detalla que el área sembrada ya se extiende por 36.400 hectáreas del país, un 65,5% más de lo permitido por la Ley General de la Coca de 2017. La norma establece el límite legal en 22.000 hectáreas repartidas entre la región de los Yungas, en el departamento de La Paz y, en menor medida, el Trópico de Cochabamba.

Como resultado, la producción potencial de hoja de coca secada al sol —la forma de conservación para su uso tradicional— aumentó un 9%. Una vez descontada la hoja que fue destinada al mercado autorizado, el potencial de producción de cocaína habría alcanzado las 275 toneladas.

Las autoridades también han detectado más de 3.000 fábricas de pasta base y cientos de laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína en los últimos años. “La hoja de coca que se produce de forma excedentaria va directamente a los laboratorios”, afirmó el coronel Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Santa Cruz, a InSight Crime.

De la expansión de los cultivos al tráfico transnacional de cocaína

La expansión de los cultivos de hoja de coca en Bolivia se concentra principalmente en las provincias que conforman el Trópico de Cochabamba, una zona del país que desvía la mayor parte de su producción a los mercados ilegales y sobre la que el Estado tiene un control limitado.

Con una autorización legal para el cultivo de 7.700 hectáreas, la región alcanzó en 2025 una superficie sembrada de 17.470 hectáreas. Dentro de ella, la provincia del Chapare concentra la mayor parte de los cultivos y el mayor número de fábricas de pasta base y laboratorios de cristalización de cocaína destruidos por las autoridades en el país.

Aunque cuenta con un mercado autorizado para comercializar la hoja de coca, allí se vendió menos del 10% de su producción en 2025.

La capacidad del gobierno de controlar este territorio es ampliamente cuestionada. Históricamente, la zona fue un foco de conflicto entre sindicatos campesino-cocaleros y el Estado debido a las políticas de erradicación forzosa y la represión estatal asociada hasta principios del siglo XXI. Desde entonces, la influencia y control sociopolítico del movimiento cocalero es significativa.

Las autoridades han sido incapaces de detener a Evo Morales, líder cocalero del Chapare y expresidente de Bolivia, quien presuntamente permanece en esa región y está prófugo de la justicia desde finales de 2024. Morales no se presentó al juicio en su contra por presunta trata de personas y estupro y, posteriormente, fue acusado de terrorismo y alzamiento contra el Estado en el contexto de las protestas contra el gobierno en 2026. Además, los sindicatos cocaleros impidieron las actividades de erradicación en la zona por desacuerdos con el sucesor y rival político de Morales, Luis Arce, lo que explica en parte el crecimiento de los cultivos en este período.

Una gran parte de la producción del Trópico de Cochabamba sirve de suministro para organizaciones de tráfico de drogas transnacionales con la intermediación de clanes familiares bolivianos. La violencia asociada a la actividad deja un mapa de esta presencia criminal. Entre agosto y mediados de septiembre de 2026, se registraron al menos 16 asesinatos relacionados con el narcotráfico en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni.

El exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó a InSight Crime que los casos de sicariato se concentran en los corredores estratégicos de narcotráfico, como la frontera entre Cochabamba y el departamento de Santa Cruz, la zona fronteriza de este departamento con Brasil y las zonas de Beni donde se localizan pistas de aterrizaje clandestinas.

“Desde el punto de vista estadístico, Bolivia no representa un fenómeno que llame la atención. Pero sí llama la atención para la comunidad, que no estaba acostumbrada a este nivel de delito en el pasado”, explicó.

El gobierno de Rodrigo Paz, quien ganó las elecciones en 2025, apostó por recuperar las relaciones con la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) tras 18 años de cooperación interrumpida. Pese a algunos avances, como el arresto del presunto narcotraficante Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz, la administración estadounidense ha mantenido su designación como país que no ha cumplido sus compromisos en la lucha contra el tráfico de drogas. Según la declaración oficial, Estados Unidos deja la puerta abierta a revertir esta designación en el futuro si el país reduce los cultivos y se compromete de forma más firme en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, el gobierno de Paz presentó una nueva política antidroga para 2026-2030, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. El país cuenta con otros socios internacionales como Brasil, Chile y la Unión Europea, así como la asistencia de las Naciones Unidas. Entre los nueve ejes estratégicos de la nueva política se encuentra el control responsable de los cultivos de hoja de coca.