Información – Justicia | Nadia Cruz, Defensora del Pueblo

Una de las cosas que nos ha sorprendido es la parte de investigación que se realiza en sus oficinas, ¿cómo se generó ese proceso?

La Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional bastante amplio, además se han amplificado nuestras funciones no solo dentro del territorio nacional sino con funciones específicas para bolivianos y bolivianas en el exterior. Eso ha implicado  que la estructura institucional responda ya no solo a los mandatos  de defensa, vigencia, ejercicio y cumplimiento de la forma tradicional a través de la canalización de quejas, sino también dar saltos cualitativos en la investigación de carácter estructural en temáticas latentes relacionadas a la sociedad, como la trata y tráfico de personas, la situación de poblaciones indígenas o como ocurrió en el país en 2020: una trabajo de investigación y seguimiento sobre salud y derechos humanos en el contexto de la pandemia. En otro contexto más particular con la crisis de Estado que sufrió Bolivia en 2019 a través del registro in situ, el acompañamiento de las denuncias de las víctimas nos permitió elaborar un informe titulado ´Crisis de Estado´, y detrás de cada informe hay un trabajo de investigación intenso, hay equipos desplegados a nivel nacional trabajando bajo una sola línea que es la defensa de los derechos humanos.

¿Cuánta gente está involucrada en este grupo de trabajo?

Solamente personal de planta tenemos alrededor de 160 personas, pero con consultores llegamos a 220 personas a nivel nacional.

Hemos identificado entre los temas que has trabajado el de la niña violada de sus derechos y traslada a un centro religioso para que dé a luz, ¿cómo ha sido eso para ti, un tema que ha merecido rechazo por varios sectores de la población?

Ese caso que lo conocimos internamente como la ´Niña de Yapacani´ no es el primero, no es el único, día a día se van registrando ese tipo de casos a nivel del Estado, y son estas niñas las que siempre son las más vulnerables, ya que no sólo deben sobreponerse a la violencia sexual que es aberrante, sino que además pasan por procesos de revictimización ante sus familias, ante sus comunidades y peor aún ante un Estado en el que muchos servidores públicos llegan a ser indolentes. Cuando nosotros conocemos este caso, no lo conocemos en la forma adversaria al Estado. Este caso lo conocimos como tenemos recorridos a nivel nacional otros casos, como uno más  en el que en principio veíamos voluntad de los servidores públicos por encontrar una solución ante un mal procedimiento, pero luego vemos, y eso si nos generó mucha frustración, ver cuán débil puede ser el Estado cuando una Iglesia quiere entrometerse en políticas públicas estatales que son reportadas por el Estado nacional como logros o avances en lo que se refiere a una interrupción legal del embarazo y ahí, la única reacción de los defensores de los derechos humanos es dotarnos de las competencias que nos otorga la CPE y de otras armas de la militancia de los derechos humanos para poder, bajo una sola premisa, trabajar por el respeto y el restablecimiento de los derechos. En el caso de la ´Niña de Yapacaní’ la Defensoría del Pueblo activó y rectificó el compromiso que tenemos con las poblaciones más vulnerables.

En orden de importancia cómo ves los casos sobre violación de derechos humanos a personas vulnerables, ¿tienes una lista de casos que se te vengan a la cabeza para contarnos?

Hay una premisa en Derechos Humanos que es el Estado que genera las medidas de reparación inmediatas para su subsanación; esta reparación de derechos tiene que estar de acuerdo a los estados democráticos a cargo de un sistema de justicia. Pero da la casualidad que en Bolivia la Defensoría del Pueblo tiene registrados la mayor cantidad de casos en los servidores de justicia, nos referimos a fiscales, jueces, defensores públicos, sea nivel administrativo o a nivel de instancia más baja como son los sistemas integrales municipales o las defensorías de la niñez. Ahí lo que diría es que las poblaciones en situación de vulnerabilidad lastimosamente no encuentran al primer reparador estatal que debiera ser el sistema judicial, es ahí donde ocurre la gran vulneración por prelación de acuerdo a las quejas que registramos en las oficinas: mujeres adultas, mayores en un buen número, la población de niños, niñas y adolescentes, las poblaciones con discapacidad son las que acuden a la Defensoría del Pueblo porque las instancias encargadas para velar por sus derechos han sido las primeras en vulnerarlas.

¿Cómo ves la situación de la justicia, es complicado coordinar un trabajo de seguimiento e interés?

Lo que te podría decir a nombre de la Defensoría del Pueblo y de mi pueblo es que la justicia es lamentable, y para que no quede un tinte personal, para que nadie se sienta aludido, no es un tema de las mujeres o los hombres que ahora casualmente ocupan un cargo en el sistema de justicia. En nuestro país el sistema de justicia sigue siendo extremadamente colonial, lejano de la población; el sistema de justicia no llega a comprender que las demandas de asistencia familiar de las madres que van a rogarles a los padres para velar por la sobrevivencia de los hijos, no alcanza a administrar con la celeridad que corresponde. El sistema de justicia lamentablemente no puede resolver pequeñas causas, no le está dando una respuesta a la demanda de la población. Y si vamos a causas más estructurales, las violaciones de derechos humanos como las ocurridas en 2019, es peor; han pasado dos años y a la fecha no contamos con una sentencia, una acusación y tenemos a la principal autora pidiendo todos los días salir en libertad. Ella puede hacerlo y está en su derecho, el problema es que es nuestro sistema de justicia no ha imputado hasta ahora, me refiero a la señora Añez.

Durante el Gobierno transitorio has sido atacada para alejarte del cargo, ¿ha sido un momento difícil para ti?

Muy complejo, pero la diferencia es cuando un servidor público llega a un cargo sin contar con las capacidades, no me refiero a competencias ya que estas se construyen. El cargo del Defensor del Pueblo debe estar íntimamente ligado a la posibilidad de enfrentar las épocas y momentos más complejos y pasivos, también. En mi caso particular provengo de una cuna en el que las mujeres se enfrentaron a dictaduras genocidas y en momentos tan complejos que yo los había vivido con relativa tranquilidad, era recordar su lucha para comprender que muchas veces la única forma de construir colectividad, sociedades más sanas y justas es a través de la entereza en el momento y rol histórico que a una le toca asumir.

¿Has hablado de la dictadura crees que desde entonces ha habido cambios o se ha mantenido invariable la justicia, crees que el país avanza en el respeto a la justicia?

Por supuesto que sí y me tocó vivir. Mis padres no tuvieron acceso a salud ni educación que yo si tuve, no solo por su esfuerzo, sino porque el Estado con el tiempo fue generando mayores oportunidades. Yo vengo de una familia periférica, pero los procesos de discriminación que una persona desde mis orígenes vive, te aseguro que, con la Constituyente y los antecedentes familiares, han generado la posibilidad de visibilizar que se abrían oportunidades para quienes estábamos destinados a no tenerlas. Con esa convicción puedo decir que sí hay avances, no solo a nivel normativo que sigue siendo uno de los puntales de lanza del actual Estado, pero también hay que reconocer que ha habido retrocesos que hay que avanzar como parte de la construcción democrática, lo que nosotros llamamos es que ´el horizonte siempre va a ser vivir bien´ y será de acuerdo a la generación que nos toque vivir el cuanto avanzamos. En la crisis de 2019 y con la ´Niña de Yapacaní´, me tocó vivir retrocesos, no en la misma envergadura pero que afectan el ejercicio de los derechos humanos.

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