Policías están en emergencia y surgen críticas contra Aguilera

Las recientes acciones legales activadas para procesar a los responsables de un presunto “golpe de Estado” en 2019 que involucra a políticos, cívicos, policías y militares activaron las alarmas en filas de la Policía Boliviana.

Policías de base se declararon en emergencia en al menos dos departamentos y plantearon que la medida se extienda a nivel nacional, mientras que oficiales de tres promociones enviaron a este medio un comunicado en el que advierten que se desató una “persecución política” y denuncian el “servilismo” ante el Gobierno del comandante de esa institución, Jhonny Aguilera.

Los pronunciamientos fueron emitidos el mismo día en que el Comando Departamental de La Paz envió al Ministerio Público una nómina de sus efectivos que entre el 10 y 11 de noviembre de 2019 se encontraban a cargo de las distintas unidades en esta urbe, en el marco de una investigación iniciada para determinar cómo murió una de las víctimas de los enfrentamientos ocurridos en esas fechas, cuando en el país se desató una eclosión social luego de un informe de la OEA que concluyó que hubo fraude en los comicios generales.

La Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de La Paz emitió un comunicado en el que denuncia que efectivos policiales son amedrentados por ciudadanos que ocupan cargos públicos y por exlegisladores. Anuncian además que no permitirán más abusos, ni tampoco “injustos procesos disciplinarios” ni “ilegales procesos penales”.

“Repudiamos estas acciones por parte de personeros del Gobierno como autoridades del Ministerio Público y el Órgano Judicial. La subordinación no es sinónimo de servilismo, la subordinación es sinónimo de disciplina”, se lee en el comunicado.

Ante ello, se comunica la declaratoria de emergencia, tal como lo hizo la Anssclapol de Cochabamba, que además difundió un documento similar al de La Paz, en el que  expresa “indignación por las acciones que se toman contra funcionarios públicos policiales”.

“El escenario nacional está minado de incertidumbre y desencanto social. Los pedidos de subordinación y lealtad constitucional expresados implícitamente explican la gravedad de la situación. El vacío de liderazgo, la gradual disolución de la idea de comunidad y la amenaza que se cierne sobre la unidad nacional reflejan uno de los momentos de mayor disponibilidad subjetiva que podría desembocar en una crisis de proporciones imprevisibles”, señala el documento.

Advierte que los errores de la política están reflotando viejas rencillas y que la justicia boliviana atraviesa la peor crisis de la historia nacional, para luego anunciar su declaratoria de emergencia “en apoyo a todos los camaradas que están siendo convocados ante instancias pertinentes vulnerando sus derechos constitucionales”.

El martes, luego de confirmar que se envió una lista de policías al Ministerio Público, Aguilera aseguró que no hay ningún miembro de esa institución que hubiese sido aprehendido por el caso denominado “golpe de Estado”.

“No existe ninguna aprehensión contra ningún funcionario policial. La información que ha estado circulando en las redes y han brindado algunas personas que se encuentran (investigadas) en el caso de presunto golpe de Estado, y que han hecho mención de ello, es completamente falsa”, afirmó la autoridad, quien personalmente condujo el operativo de traslado de la expresidenta Jeanine Añez tras su aprehensión en Beni.

Un grupo de oficiales de las promociones 89, 90 y 91 hizo llegar a este medio un comunicado, en el que  se advierte del avance de “privaciones de libertad arbitrarias e ilegales” e “injerencia política al interior de nuestra sagrada institución”.

Hace conocer además su molestia por el uso político de esa institución, lo que en su criterio  “denota una completa falta de profesionalismo, conducta ética, y servilismo humillante” del actual comandante.

Consideran que actúa de esa manera para garantizar su ratificación en el cargo y  que, para no comprometerse,  solamente emite instrucciones verbales para levantar listas de los efectivos que participaron en el motín policial de 2019 para luego enviarlas a las autoridades del Ministerio Público.