Reclaman una solución a la crisis judicial

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Frente a la crisis que atraviesa el Órgano Judicial, acentuada por los últimos casos de corrupción, surgieron varias propuestas de profesionales, instituciones colegiadas y universidades, entre otras, para reformar la justicia en Bolivia con miras a la realización de la cumbre judicial planteada por el presidente Evo Morales, pero que aún no tiene fecha.

Todos coinciden en que se trata de un problema estructural que lejos de ser resuelto con simples “parches” debe pensarse en una solución de esa dimensión. Entre los problemas mencionan la falta de independencia y transparencia; falta de eficiencia y eficacia en los procedimientos y sentencias; bajo presupuesto asignado y un ordenamiento jurídico arcaico que debe ser actualizado.

El constitucionalista Carlos Alarcón plantea una reforma constitucional que podría darse incluso mediante una iniciática popular, En tanto, el Ministerio Público se inclina a una propuesta que consta de 10 puntos y el Colegio Nacional de Abogados presentó un documento con cinco ejes.

A esto se suma el planetamiento del Ministerio de Justicia que habla de la creación de un “extraórgano” de control. En marzo pasado, Morales señaló que convocaría a la cumbre judicial después de la agropecuaria. Frente a ello, profesionales e instituciones trabajaron por separado propuestas al Ejecutivo.

Una de ellas es la de Alcarcón, quien habla de una reforma constitucional en la jerarquía de los Órganos Judiciales; Ministerio Público, Defensa Pública, Sistema Penitenciario y en la Policía Nacional.

Para superar la falta de independencia, honestidad e idoneidad profesional, plantea la creación del Tribunal de Nombramientos (méritos) y Enjuiciamiento (castigos), “cuyas únicas funciones serían las de designar a todas las autoridades judiciales (…); de destituirlas de sus cargos por desempeño irregular o indicios fehacientes de la comisión de delitos, y de organizar y dirigir el sistema de capacitación profesional”.

Voluntad política

El fiscal general, Ramiro Guerrero, envió una propuesta al Ministerio de Justicia como un insumo para la cumbre judicial; sin embargo, recordó que es necesaria la voluntad política para llevar adelante un reforma.

“El carácter revolucionario de esta propuesta se ha planteado bajo la premisa de que la crisis del sistema no será resuelta si seguimos planteando hacer reformas conservadoras, sin tocar las estructuras mismas del andamiaje colonial, ritualista que ha  prevalecido pese a las diferentes reformas normativas”, indica la propuesta.

Se trata de cuatro planteamientos que incluyen 10 tareas a desarrollar, algunas a corto y otras a mediano y largo plazo. El primero se refiere a la materialización de la CPE con la implementación efectiva de la justicia indígena y el desarrollo de una política criminal.

El segundo, se trata de desarrollar mecanismos de autocontrol para evitar la corrupción y retardación de justicia, como por ejemplo la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial en el Ministerio Público.

El tercero se refiere al desmontaje de la vieja estructura colonial de justicia para promover el acceso a la justicia y la celeridad. El cuarto punto, el que contiene más tareas, habla del fortalecimiento de instituciones conexas con visión integral y nacional, esto incluye un nuevo proceso de selección y designación de autoridades judiciales, personal de Órgano Judicial y Fiscalía.

Elección de magistrados

El Colegio Nacional de Abogados también presentó una propuesta con cinco ejes, su presidente, César Cabrera, destaca que si bien el Gobierno reconoció que la elección de autoridades judiciales mediante el voto fue un error, la propuesta considera que no es necesaria una reforma del artículo 168 de la CPE para resolver ese tema.

“Es necesario una reforma en la parte de la preselección de candidatos a magistrados. Eso significa un gasto económico   inútil, se trata de modificar el procedimiento de la preselección  donde realmente se haga un examen y no hacer preguntas que se le hace a un estudiante de derecho”, dijo.

Esta institución propuso el 2013 un reglamento de preselección de candidatos que implicaba un minucioso trabajo para elegir a los mejores profesionales, sin embargo esta propuesta fue desechada por el Legislativo.

Los otros puntos que resalta es el incremento del presupuesto para el Órgano Judicial del 0,32 por ciento del Presupuesto General de la Nación a por lo menos el 4 por ciento, “eso representaría además un efecto multiplicador en la generación de mayor cantidad de juzgados”, pero también en la independencia de la justicia. Además, plantea adecuar a la realidad todo el ordenamiento jurídico.

Cumbre judicial toma forma

El viceministro de Justicia Indígena, René Martínez, informó que se realizan constantes reuniones para definir los pilares que tendrá la cumbre judicial. Evalúan también las propuestas presentadas al Ministerio de Justicia y la participación de organizaciones e instituciones.

Adelantó que en una primera instancia se tiene definido cinco componentes para llevar adelante la cumbre: personal, institucional, normativo, de estructura y modernización.

A esto surge el planteamiento del Ejecutivo de crear un “extraórgano”, como una contraloría judicial, que tenga la capacidad de formar y designar a los mejores profesionales para que asuman un cargo.

Pero al mismo tiempo, explicó Martínez, tendrá  la capacidad de controlar el quehacer de los fiscales y jueces en sus tareas diarias, “y allá donde hay consumación de delitos, también tenga la posibilidad de aperturar procesos para penalizar y sancionar. Dependiendo del nivel de gravedad pueda sancionar con la expulsión de quienes no cumplen en apego a la ley”.

También tendría la potestad de controlar y sancionar a los abogados.