Refugio en Brasil a ex-fiscal Soza disgusta al oficialismo

La huida a Brasil del exfiscal Marcelo Soza deja mal parado al Gobierno del presidente Evo Morales que, ahora, suma otro factor de tensión en las distantes relaciones con la Administración de Dilma Rousseff, pese a las negociaciones comerciales sobre un nuevo contrato de venta de gas natural boliviano.

La decisión de Soza ha originado gran polémica en el sistema político y judicial de Bolivia; mientras surgen voces de parlamentarios oficialistas que proponen un replanteamiento de la agenda de ambos países a fin de que “Brasil no sea refugio de bolivianos que tienen cuentas pendientes con la justicia”, se levantan otras que consideran el momento propicio para que se investigue la realidad boliviana, en la que se está, presuntamente, vulnerando derechos democráticos.

Las autoridades brasileñas otorgaron, a comienzos de esta semana, un refugio temporal por seis meses al exfiscal Soza, que se considera un perseguido político tras su salida de Bolivia por la frontera con Perú y su ingreso al país vecino por el punto tripartito Bolpebra a Brasilea.

Soza fue el poderoso fiscal que, en representación del Gobierno boliviano, tramitó la acusación contra 39 ciudadanos por delitos de terrorismo, alzamiento armado y separatismo, vulnerando elementales derechos en un debido proceso judicial, reiteradamente reclamado por los demandados.

El principal acusador en este agónico juicio, iniciado hace casi cinco años, ha dado un giro en su actuación.

Ahora considera ilegal la operación policial en un hotel de Santa Cruz el 16 de abril de 2009 -durante la cual se abatió a tres europeos -, admite la posible falsedad de los informes forenses de la autopsia de estas personas y del montaje de supuestas pruebas; reconoce la compra de falsos testigos, la existencia de casos de soborno, tortura, extorsión y que fue obligado por autoridades de Gobierno a incriminar a personas inocentes. Estas afirmaciones están contenidas en una carta que Sosa ha dirigido al pueblo boliviano “que debe conocer la verdad de estos sucesos”.

El senador del oficialista Movimiento Al Socialismo, David Sánchez, ha declarado a la emisora de radio Erbol que los problemas políticos y asuntos como el de refugio y exilio, además del tema de coyuntura sobre las inundaciones en Beni y las represas hidroeléctricas ameritan “el replanteamiento de la agenda con Brasil y, con seguridad que la cancillería boliviana estará proyectando en breve tiempo reuniones con su par brasileño”, ha dicho Sánchez en alusión a la cita de cancilleres anunciada para el siete de abril en La Paz.

Sánchez ha declarado que entiende la política de refugio de Brasil “pero también los bolivianos exigimos, con nuestra Constitución, que se pueda respetar la justicia” y ha expresado su deseo de que los dos Estados puedan ponerse de acuerdo. El diputado oficialista Edwin Tupa coincide con este criterio a fin de que “Brasil no sea refugio de gente que tiene cuentas con la justicia”.

La asambleísta de la opositora Convergencia Nacional, Centa Reck, ha pedido la inmediata extinción del juicio y la libertad de los enjuiciados detenidos por orden de Sosa. La mayor parte de ellos supera los tres años de privación de libertad. Reck ha anunciado el viaje a Brasil de una misión de parlamentarios de oposición para lograr una audiencia con el Consejo Nacional de Refugiados y congresistas brasileños.

El objetivo es llamar su atención sobre lo que realmente está pasando en Bolivia. “Es una situación de persecución de amplias dimensiones y grandes repercusiones. Queremos una investigación profunda”.

Sosa era investigado por tres casos de extorsión, después de que el país fue sacudido por el escándalo de una red de extorsión que operaba desde los ministerios del Interior y de la Presidencia. La red fue denunciada por el estadounidense Jacob Ostreicher, que acabó huyendo del país con la ayuda, entre otros, del actor Sean Penn, designado embajador para la defensa de la hoja de coca por el presidente Evo Morales.

Esta es la tercera vez que una persona procesada en los tribunales deja el territorio boliviano sin pasar por puestos fronterizos de control. El primero fue el senador Roger Pinto, tras un largo asilo en la embajada de Brasil de La Paz, y el segundo, Ostreicher. Otras 700 personas se encuentran refugiadas en Brasil tras alegar persecución política, según el dato proporcionado por Soza en su carta pública.

Con el principal acusador fuera del país, los encausados en el juicio por terrorismo están pidiendo que se anulen obrados por “actividad procesal defectuosa”, según las manifestaciones públicas de los abogados defensores de varios ciudadanos procesados, Otto Ritter y Gary Prado.

El proceso ha peregrinado por tribunales de La Paz, Cochabamba, Tarija y el Chaco antes de llegar a Santa Cruz, donde se encuentra ahora para restituir el derecho a juez natural, pues los hechos se produjeron en esa ciudad. Las declaraciones ante los jueces de gran parte de los 39 acusados reflejan, cada vez con mayor certidumbre, que el caso ha sido un montaje desde ciertas esferas gubernamentales.

El Ministerio Público ha anunciado el inicio de acciones para pedir a Brasil la extradición de Soza y, a la par, ha pedido a Interpol su captura internacional. Es una reacción ante los dedos acusadores de la oposición y hasta de la misma Corte Suprema de Justicia, que consideran al Fiscal General Ramiro Guerrero como responsable de la fuga del exfiscal Soza al no haber actuado con prontitud.