Regiones denuncian que Gob. se apropia de fondos; Sucre, en pie de lucha

El Gobierno se apropia de recursos de  Sucre, Potosí y Santa Cruz, denunciaron autoridades y representantes de esas regiones. El Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) advierte con medidas de presión para que el presidente Luis Arce promulgue  una ley que condona la deuda de la empresa  de agua.

Santa Cruz denuncia el débido de fondos por la presunta falta de contraparte para una vía.

Omar Aguilar, exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS),  afirmó que el lunes presentará su renuncia a la militancia de ese partido debido a que el presidente  Luis Arce decidió no promulgar una ley que condona  una deuda antigua  a las empresas distribuidoras de agua en las ciudades de Sucre y Potosí.

Deuda antigua

En  1989 la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado (Elapas) de Sucre gestionó una deuda  de más de 350 millones de bolivianos con el Gobierno de Alemania,  mediante el nivel central, pero  fue condonada en 2000. Por tanto ya no se debería seguir pagando. “Sin embargo, el Estado sigue cobrando y Elapas cada año paga siete millones de bolivianos, es una deuda que vence en 2071. A finales de  2020 se aprobó un proyecto de ley, que sólo falta su promulgación, pero  a través del viceministro de Agua, Carmelo Valda, nos hemos enterado que la norma no se promulgará y  como compensación  proponen pozos de agua”, explicó.

Esta deuda  afecta  las inversiones que deberían hacerse en saneamiento  y alcantarillado.

Similar situación ocurre con la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos) en Potosí, que también adquirió un préstamo de más de 115 millones de bolivianos, de los cuales adeuda más de 80 millones de bolivianos con vencimiento en  2076.

En 2020,  Aguilar presentó el proyecto de ley para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en Sucre y Potosí, que en su artículo principal señala que el objeto de la norma es condonar la deuda y el repago a ambas empresas y que los recursos deben ser destinados  a proyectos de inversión de agua potable y saneamiento básico.

El proyecto de ley fue aprobado por  la Asamblea Legislativa a finales de 2020 y  no se promulga.

Valda indicó que fue “mal interpretado” y que él nunca dijo que el Ejecutivo no promulgará el proyecto de ley, ya que no es  competencia del   ministerio hablar sobre leyes, sino de proyectos.

“A nosotros no nos compete temas de leyes, es competencia de la Asamblea. Nosotros tenemos la tarea de dar solución al tema de agua en las zonas altas y es lo que estamos trabajando con Elapas. Se tiene un programa de proyectos de 15 millones de bolivianos”, manifestó  Valda en contacto con Página Siete.

Agregó que para los próximos años se tiene el proyecto Sucre III y Sucre IV y se destinará una inversión aproximada de 70 millones de dólares.

El presidente de Codeinca, Róger Amador, afirmó que esos recursos que paga Elapas son una necesidad para Sucre, ya que aún falta por abonar 274 millones de bolivianos, que implica  arrastrar la obligación 50 años más.

“Nosotros como comité ccívico seguimos en la lucha. Estamos convocando el sábado 27 a una reunión de instituciones en el auditorio de Elapas, porque nosotros nos debemos al mandato de un pueblo. El comité cívico aglutina a todas las instituciones del departamento de Chuquisaca, y lo que decida la asamblea vamos a acatar”, anticipó Amador.

A la   reunión están invitados los legisladores oficialistas y opositores, quienes deben demostrar si están con Chuquisaca, de lo contrario  serán vistos como  “traidores”.

Entretanto el secretario de Conflictos de la Federación Única de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Said Cabrita, anunció ayer que su sector se sumará a la lucha por la condonación de la deuda  y que si el presidente Arce no escucha, se asumirán acciones.

“Pedimos enérgicamente que el presidente Luis Arce  apruebe la norma y que condone esa deuda. Una vez que pasen estas elecciones,  los chuquisaqueños y sucrenses tienen que unirse por una sola lucha”, manifestó.

Entretanto, el vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Nelson Gutiérrez, indicó  que en los siguientes días convocarán a una reunión para determinar las acciones a seguir.

Santa Cruz denuncia débito

En Santa Cruz el gobernador Rubén Costas denunció   el débito de recursos que realizó el Gobierno   y anunció acciones legales.

“El Ministerio de Economía, en medio de la emergencia sanitaria departamental, realizó un débito automático ilegal, irracional e inadmisible a las cuentas de la Gobernación de Santa Cruz, siendo recursos propios que ascienden a  47.957.729 bolivianos, incumpliendo la normativa nacional vigente y los procedimientos establecidos”, cuestionó.

Dijo que para aquello se recurrió a un “infundado” argumento de la ABC, en el que “supuestamente” la Gobernación  no hizo efectiva su contraparte para el proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuibe.

Costas aseguró que como entidad cumplieron las contrapartes establecidas en el primer convenio del fideicomiso y que, por el contrario, es el Gobierno el que hasta la fecha no concreta la firma del segundo contrato, en el que  están comprometidos los recursos para dar continuidad al pago de las obras en ejecución.

Anunció la presentación de una denuncia penal contra el Ministerio de Economía por los delitos de incumplimiento de deberes que afecta  a   la salud pública, resoluciones contrarias a la Constitución, porque los fondos estaban destinados a atender la emergencia sanitaria.

El viceministro de Transportes,  Saúl Herbas, dijo que el  débito es legal porque  la Gobernación no dio la contraparte y no se pagaron  11 planillas a constructora.

Economía afirma que hizo débito automático a pedido de ABC

Tras el cuestionamiento de la Gobernación de Santa Cruz, el Ministerio de Economía informó que se realizó un débito automático por incumplimiento a un convenio y que procedió a solicitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ante las declaraciones de la Gobernación de Santa Cruz, comunica a la población en general que el débito automático realizado fue ejecutado en el marco de las funciones operativas del ministerio, a solicitud de la ABC, que invocó la causal de incumplimiento del convenio ABC 02/18GNT-SCT-CIN-GADSC, referido al proyecto carretero el Espino-Charagua-Boyuibe”, según un comunicado de prensa.

Aclara que la participación del ministerio es “netamente operativa y se circunscribe a la verificación de la presentación de requisitos establecidos en la normativa, siendo responsables de coordinar y solucionar cualquier controversia las entidades públicas firmantes”.