Sebastián Marset, el “pez gordo” que pone en entredicho la lucha antidroga de Bolivia

El caso del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera ha puesto en duda la lucha antidroga de Bolivia, ahora que es prófugo de la justicia. Funcionarios, políticos y analistas polemizan sobre si las medidas han sido un fracaso, si hubo una presunta protección de ciertos niveles del Estado y también buscan a los responsables de que se instalara en Bolivia con una vida de lujos sin ocultarse.

Casa de Marset en Santa Cruz

Sebastián Marset Cabrera, de 32 años, es un supuesto narcotraficante uruguayo, prófugo de la justicia, que ha puesto en tela de juicio la lucha antidroga de Bolivia.

Marset es buscado por las agencias antidroga de Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Tiene el sello rojo de Interpol, pero vivía en Bolivia como empresario y futbolista, hasta con tres identidades diferentes como uruguayo, boliviano y brasileño.

El fin de semana falló un operativo para capturarlo, en el que participaron más de dos mil policías. Sin embargo, fueron detenidas 17 personas e incautadas una decena de viviendas, medio centenar de vehículos y una veintena de armas, según el ministerio de Gobierno de Bolivia.

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El caso ha agudizado las críticas a la política antidroga del Gobierno, también cuestionada porque el julio pasado, en Argentina, se confiscaron en dos operativos más de 700 kilos de cocaína boliviana; y en Chile, el 28 de julio, la Aduana reportó la incautación de dos toneladas con destino a Europa, en un solo decomiso.

¿Qué dice el Gobierno? 

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en las últimas horas, respondió a  las críticas afirmando que Marset no se instaló en Bolivia durante su gestión sino que entró por primera vez en octubre del 2018, y obtuvo documentos falsos como boliviano bajo el nombre de Gabriel de Souza Beumer, en abril de 2019.

Agregó que, en abril del 2023, Marset también consiguió documentos brasileños con el nombre de Luis Paulo Amorim Santos para reingresar a Bolivia, pues entre 2021 y 2022 habría estado preso en Dubái.

Según Del Castillo, el 16 de junio recibió por primera vez la información sobre Marset en una reunión con sus homólogos del Mercosur en Buenos Aires, por lo que se preparó su captura para el 30 de julio, pero no se logró. De todas maneras, aseguró que se le sigue buscando en territorio boliviano.

Antes del ministro, la única autoridad de alto nivel que se pronunció sobre el tema, el lunes 31 de julio, fue el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tercer hombre del país, dirigente cocalero y afín a Evo Morales.

El senador admitió su preocupación debido a que los países vecinos ven a Bolivia como “productor” de cocaína. Aseguró que el sector de cocaleros ha pedido más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cocales ilegales.

En Bolivia, una parte de la producción de coca es autorizada para el hábito del masticado, así como otras actividades culturales y legales. Sin embargo, los excedentes se desvían para la fabricación de cocaína.

En sus declaraciones, Rodríguez afirmó que Marset “evidentemente, se ha tenido que burlar de la Inteligencia de nuestro país… ¿cómo es posible que esté en nuestro país y a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho? Es muy lamentable”.

Se sospecha protección interna

El diputado opositor José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo a France 24 que el caso muestra que “hay una red de protección interna” que, a su juicio, incluye “policías, fiscales, jueces y altas autoridades”, aunque no mencionó cargos ni nombres.

“Tenía una vida relativamente normal, participaba en un equipo de fútbol, tenía una casa ostentosa y ha movido alrededor de 500 millones de dólares con el tráfico de drogas. Es imposible que el Estado no tenga los aparatos de inteligencia no solo para establecer su paradero, sino para hacerle un seguimiento”, dijo el legislador.

A su juicio, lo sucedido con Marset, y el aumento de cocaína decomisada en Bolivia y en países vecinos también es una muestra “de que la política antidroga es un fracaso”.

De su parte, el exministro de Gobierno Carlos Romero, que fue el hombre fuerte de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico, dijo que Bolivia perdió “la mejor oportunidad ante el mundo de lavarse la cara y entregar al mayor exportador y proveedor de droga de Sudamérica y Europa”.

De su parte, la criminóloga y especialista en el tema del narcotráfico, Gabriela Reyes, comentó a France 24 que “en las últimas semanas varios países han interceptado cargas de cocaína procedentes de Bolivia” y que el caso Marset evidencia que sí había “peces gordos” en el país, pese a que el Gobierno lo había negado.

La analista ve un retroceso en la política antidroga, porque antes, según dijo, se apuntaba a desarticular las organizaciones criminales, afectar su patrimonio económico y a capturar a “peces gordos” en coordinación con organismos antidroga de la región.

En el caso Marset hay, además, una “cierta protección”, que hace falta identificar, sostuvo.

Marset, que huyó del operativo del fin de semana con su hermana, su esposa y sus cuatro hijos, sigue siendo buscado en Bolivia, aunque los países vecinos también han sido alertados, según el Gobierno.

El narcotráfico, un problema con varias raíces

En general, para las autoridades de Bolivia, la política antidroga exhibe como éxito los mayores niveles de decomiso de cocaína. En los últimos dos años y medio llegó 51,3 toneladas, de las cuales 20 fueron confiscadas en 2022.

Según el viceministerio de Defensa Social, encargado de la lucha contra el narcotráfico, la confiscación reciente es superior a las confiscaciones reportadas anualmente desde el 2017. Por ejemplo, en 2022, se confiscó un 30 % más de cocaína que en 2021.

Según los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la región, Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, son los principales productores de hojas de coca y tienen el mayor potencial productor de cocaína del mundo.