Tráfico de Tierras: Santa Cruz, Bolivia
Los responsables tienen nombre y apellido. Han conformado un grupo de pesadas influencias que manejan los hilos más sensibles de la justicia sobornando jueces, notarios, funcionarios de las oficinas de la Felc-c, la fiscalía, derechos reales, Inra y tienen una red de empleados que falsifican y gestionan invasiones fantasmas para apropiarse de la propiedad ajena.
El modus operandi es el mismo: identifican el predio, falsifican documentos y lo insólito: generan el proceso haciéndose pasar como víctimas de sus propias acciones criminales. Por eso, llama la atención que nadie tome cartas para frenar algo que se ha convertido en el pan de cada día: el avasallamiento y tráfico de tierras en Santa Cruz de la Sierra, la mayor muestra de corrupción de hoy en dia
Una de las tareas pendientes del Gobierno es la lucha contra la corrupción en niveles de la justicia. El clamor no solo corresponde a los afectados. La administración del presidente Evo Morales ha hecho conciencia de los peligros que se ciernen sobre la sociedad cuando jueces y fiscales responden a prebendas que han perforado niveles jerárquicos de su funcionamiento.
Al azar de otros temas en debate, las denuncias fragantes de extorsión que han desmejorado la idoneidad e independiente de la justicia; la presente investigación es un relato de lo que está pasando en la justicia en Santa Cruz.
Siguiendo la orientación gubernamental, en palabras del presidente Morales y varios dignatarios de Estado, estudiantes del Centro Interno de Derecho de la Universidad Rene Gabriel Moreno de Santa Cruz, y la Diputada Nacional Ericka Justiniano Negrete, realizaron una investigación corroborada en denuncias e informes de primera mano que aquí les presentamos.
La investigación
Un aspecto fundamental de la investigación señala que “el tráfico de tierras no podría consolidarse sin la existencia de fuentes de poder que faciliten su posibilidad de éxito. Todos los niveles de la justicia han sido soterrados por el delito; desde las unidades de la Felc-c, pasando por la fiscalía, hasta alcanzar a jueces y autoridades judiciales del más alto rango. El delito de avasallamiento y tráfico de tierras, ha sido registrado en la lista de los nuevos tipos delictivos de este tiempo. Mueve cientos de miles de dólares y genera una red de influencias hasta alcanzar la apropiación de la propiedad ajena”.
La auditoría interna que es parte de la presente investigación, señala además que “el avasallamiento y tráfico de tierras, es un delito premeditado, que requiere la planificación de organizaciones criminales con la ayuda y participación de operadores de la administración de justicia que facilitan estas acciones ilegales”.
El modus operandi
La investigación precisa que “los delincuentes identifican predios bien ubicados con inversiones importantes, a veces en etapa de producción que les genere rendimiento económico; una vez ubicado el terreno o inmueble, falsifican títulos de propiedad que luego son inscritos en oficinas de Derechos Reales omitiendo los requisitos indispensables ded un trámite legal. Durante el proceso, son asistidos por funcionarios de Derechos Reales y del Inra, que facilitan registros, folios, certificaciones y planos. Con la documentación fraguada los delincuentes se dan a la tarea de consolidar el derecho sobre los predios avasallados para luego comercializarlos y de ese modo obtener ganancias ilícitas”.
“Con los documentos de propiedad fraguados y la certificación de un avasallamiento que nunca existió, acuden a la Justicia solicitando amparo a su derecho propietario. Aunque en esta instancia los administradores de justicia deberían detectar la falsedad de los documentos, paradójicamente obtienen sentencias a favor y órdenes de desalojo de sus verdaderos propietarios”.
La cadena del delito (red criminal)
La investigación señala que “los traficantes de tierras cuentan con la colaboración de notarios, abogados, funcionarios de las oficinas de Derechos Reales y del Inra; de la Felc-c y de la propia Fiscalía; funcionarios del Poder Judicial, así como oficiales de diligencias, secretarios, jueces y vocales, además de un grupo de personas particulares comprometidos con estas acciones ilegales que testifican a favor de los delincuentes”.
Estudio de un caso real
Sergio Estenssoro Cisneros y Marco Estenssoro Cisneros son dos hermanos con menos de 36 años, sin trabajo legal conocido, que asesorados por el abogado Abraham Quiroga Bonilla, en complicidad con autoridades judiciales y funcionarios públicos, planifican y llevan a cabo acciones para obtener la ilegal posesión de predios situados en Colinas del Urubo del Municipio de Porongo.
Siempre de acuerdo a la investigación a la que tuvo acceso dat0s, “los sujetos mencionados fraguan títulos y certificaciones del Inra; falsifican registros de propiedad en las oficinas de Derechos Reales y obtienen certificados de acciones de avasallamiento que jamás existieron.
“Inmediatamente después, los responsables de esta operación delincuencial solicitan amparo contra personas fantasmas para apoderarse de la propiedad privada. Este extremo ha sido corroborado en las oficinas del Segip en las que no se encontraron registros de las personas que los delincuentes utilizan para cometer el delito. El oficial de diligencias Cesar Castro, es quien realiza notificaciones a personas inexistentes que él mismo ejecuta y con las que se posibilita un ilegal desapoderamiento”, describe la investigación.
Amparo Ilegal
En el trámite de la misma causa, Sergio Estenssoro Cisneros interpone un amparo contra personas inexistentes – IANUS 701199201417478, para recobrar la posesión de un predio que no existe al que ellos mismos denominan Güenda Ribera Alta.
Autoridades a cargo: En este caso participa la vocal Lourdes Ardaya y el exoficial de diligencias Cesar Castro que sistemáticamente favorecen a Sergio Estenssoro.
Víctima: Techo S.A. – Gladys Vaca.
Proceso: Durante el proceso se comprobó la falsedad de los títulos de Estenssoro y de las personas contra las cuales se arma el amparo con certificaciones fantasmas supuestamente de las oficinas del Segip.
Estado de la Causa: El Tribunal Constitucional ordenó el desalojo de Sergio Estenssoro, remitiendo antecedentes del fraude procesal al Ministerio Público. En mérito de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0219/2014-S2 de fecha 05 de diciembre del 2014, que después fue ratificada mediante Sentencia Constitucional 00639/2015-S3, se ha restituido legalmente la posesión del predio de título denominado originalmente San Salvador.
Acusación: Ante un evidente amparo ilegal con documentación fraguada, los afectados acuden a la justicia y obtienen la acusación formal contra Sergio y Marcos Estenssoro Cisneros por falsedad ideológica y material de los títulos de propiedad del inexistente predio Güenda Ribera Alta.
Caso: TECHO S.A. contra Sergio Estenssoro, Marcos Estenssoro y otros. – FELCC LG 177/2014
Autoridades a cargo: Intervienen el fiscal Freddy Durán y la juez Victoria Vargas Montaño
Victimas: Techo S.A. – Gladys Vaca – Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias). Dorys Ortega de Burgos y otros vecinos de la zona.
Proceso: En mérito al amparo ilegalmente otorgado, se inició el proceso de investigación de los títulos de Guenda Rivera Alta con los que Sergio Estenssoro y sus operadores judiciales han cometido un sinfín de delitos e ilegalidades.
Estado de la Causa. A la fecha se cuenta con acusación formal contra Sergio Estenssoro y Marcos Estenssoro, por falsedad material y uso de instrumento falsificado. Se aguarda la sentencia condenatoria contra los hermanos Estenssoro por falsedad material, uso de instrumento falsificado y contra sus operadores por asociación delictiva dedicada al tráfico de tierras. Es decir se llego a la certeza que Sergio Estenssoro Cisnero y Maco Estenssoro Cisnero falsificaron documentos del falso predio Guenda Ribera Alta según resolución fiscal. No obstante estos señores siguen libres u usando estos documentos como escudo.
Caso: “Avasallamiento y Tráfico de Tierras” – Gladys Vaca contra Sergio Estensoro y Otros – FELCC LG 298/2014
Autoridad a cargo: Fiscal, Freddy Durán.
Victimas: Gladys Vaca – Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias)
Proceso: En Agosto del 2015 ante el amparo ilegal y el evidente favorecimiento judicial a Sergio Estenssoro, se procedió con la denuncia por avasallamiento ante autoridad y jurisdicción competente. En mérito a los actos investigativos se ha ampliado la denuncia en cinco oportunidades desde febrero de 2014 a la fecha, contra Marcos Estenssoro Cisneros, Abraham Quiroga Bonilla, Omar Garret y otros, por los delitos de uso de instrumento falsificado y falso testimonio.
Hay una sentencia ejecutoriada en el caso de avasallamiento planteado por Dorys Ortega de Burgos, en el que el culpable declaró expresamente que Sergio Estenssoro lo contrató para intervenir los predios y que Omar Garret era su operador. Se hace saber que Garret está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Palmasola por el caso del avasallamiento antes citado; a pesar de estar detenido no se le ha tomado su declaración.
Estado de la causa: A la fecha contando con todos los elementos probatorios que demuestran plenamente la culpabilidad de Sergio y Marcos Estenssoro Cisneros y otros en la comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, inexplicablemente se sigue dilatando la recepción de declaraciones de los principales denunciados, favoreciéndoles con la libertad para seguir delinquiendo.
Fraude
Caso: Tribunal Constitucional contra Supuestos Autores FELCC SCZ Nº 1503071
Ante un evidente amparo ilegal con documentación fraguada el Tribunal Constitucional ordenó la remisión de obrados ante el Ministerio Público para su investigación, ya que además de documentación fraguada por avasallamiento, existe el delito de complicidad de las autoridades judiciales que han facilitado y facilitan a estos traficantes de tierras.
Autoridades a cargo: El fiscal de Distrito Gomer Padilla y la fiscal Mariela Toledo Durán.
Victimas: Techo S.A.; Gladys Vaca; Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias); Dorys Ortega de Burgos / Otros vecinos de la zona.
Proceso: En mérito a la remisión del Tribunal Constitucional, la Sala Civil Segunda remite al Fiscal de Distrito los antecedentes de fraude procesal. El Fiscal de Distrito deriva obrados a la Fiscalía para que se investigue el hecho como delito común; la coordinadora devuelve el caso para que pase a Unidad Anticorrupción. Finalmente el fiscal de Distrito Gomer Padilla devuelve el caso y ordena se abra el caso en la Felc-c.
En el proceso de investigación se emitieron requerimientos contra las vocales Teresa Lourdes Ardaya, Editha Pedraza y Alain Nuñez y contra el exoficial de diligencias Cesar Castro. De acuerdo a la investigación se sabe que sólo ofrecieron declaraciones los vocales Pedraza y Nuñez, que solicitaron nueva fecha de recepción testifical en fecha 27 agosto 2015.
“Estos vocales fueron quienes anoticiados del fraude denegaron a Sergio Estenssoro proseguir con las acciones ilegales”, señala la denuncia. La vocal Ardaya y exoficial de diligencias Cesar Castro, no responden al requerimiento fiscal.
La investigación señala que “en todas sus actuaciones la vocal Teresa Lourdes Ardaya concedió el amparo y se negó a corregir el fraude procesal, al conceder amparo con una simple minuta sin inscripción de las oficinas de Derechos Reales y a pesar de que las notarías afirmaron que los documentos de Estenssoro son falsos”
En el mismo caso, Techo S.A. se adhiere como denunciante y amplía la denuncia contra Sergio Estenssoro Cisneros y el abogado Abraham Quiroga Bonilla a quienes se los conmina en calidad de denunciados a presentar declaración el 12 de Agosto de 2015, audiencia que no se llevó a cabo y tampoco de emitió mandamiento de aprehensión en contra de ambas personas. La investigación indica que “ambos estaban obligados a presentarse ante el juez para brindar sus declaraciones informativas en calidad de denunciados. Las citaciones a estas dos personas es el tácito reconocimiento del Ministerio Público que se trata de un caso Anticorrupción”.
Las preguntas
1. Por qué la fiscal Mariela Toledo Durán, a cargo del caso no fija nueva fecha de declaración a los vocales Editha Pedraza y Alain Nuñez.
2. Por qué la fiscal a cargo del caso no ordena la detención de Teresa Lourdes Ardaya y de Cesar Castro al no haberse apersonado a declarar como dispone la ley.
3. Por qué la fiscal no ordena la detención de Sergio Estenssoro y Abraham Quiroga que tampoco se presentaron “incumpliendo el requerimiento fiscal” en calidad de denunciados.
4. Por qué la fiscal Durán incumpliendo plazos procesales no realiza ningún acto investigativo o la misma imputación, toda vez que se ha aportado prueba documental fehaciente que el TCP demuestra el otorgamiento de un amparo ilegal y el uso de instrumentos falsificados.
Avasallamiento
Caso: Dorys Ortega de Burgos contra Sergio Estenssoro Cisneros, Marco Estenssoro Cisneros, Walter Suárez, Omar Garret, FELCC LG 237/2015.
Ante el ilegal avasallamiento de Sergio y Marcos Estenssoro Cisneros y sus operadores; Patricia Villena y Dorys Ortega de Burgos denuncian el avasallamiento a sus tierras vecinas a TECHO S.A. y a las de Gladys Vaca. En flagrancia se detiene a Walter Suárez, Omar Garret y a otras personas. Suárez que cuenta con sentencia ejecutoriada, dijo en sus declaraciones que fue contratado por Sergio Estenssoro.
Autoridad a cargo: Interviene el fiscal Freddy Durán
Víctimas: Dorys Ortega de Burgos, Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias)
Estado de la causa: A la fecha existe el informe del fiscal Freddy Duran y de la Juez Victoria Vargas que indican que se trata de una asociación criminal. Se aguarda la sentencia contra Garret y la acusación formal y posterior sentencia contra los hermanos Sergio y Marco Estenssoro.
Inra – “Certificaciones falsas”
Autoridad a Cargo: El Director Nacional del Inra Jorge Chumacero.
Víctimas: Estado Plurinacional de Bolivia, Techo S.A., Gladys Vaca – Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias), Dorys Ortega de Burgos y vecinos de la zona
Proceso: Se han detectado certificaciones falsas del Inra utilizadas por Sergio Estenssoro para cometer sus delitos. Sin embargo, a pesar de que se ha realizado la denuncia al Inra su director dijo que sus oficinas “tienen demasiado trabajo y no pueden abrir procesos contra los falsificadores”.
Se espera que el INRA demande a Sergio Estenssoro y sus operadores por falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado.
Inra – “Comisiones de Tierra”
Autoridad a Cargo: El Director Nacional del INRA Jorge Chumacero, el director departamental de la misma institución Cesar Córdova, Jorge Taboada y Fabio Mamani.
Víctimas: Estado Plurinacional de Bolivia, Techo S.A., Gladys Vaca – Cooperativa Tres de Mayo (más de 29 familias), Dorys Ortega de Burgos y vecinos de la zona.
Proceso: Cursan denuncias ante el Inra y la Comisión de Tierras por el avasallamiento de Sergio Estenssoro y sus operadores ante las constantes amenazas contra los propietarios y trabajadores de los predios afectados. La Comisión de Tierras ha realizado audiencias públicas y abrió saneamiento en la zona.
El Inra tiene conocimiento expreso de la sentencia del TCP que ordena el desalojo de Estenssoro. Aun así en más de 3 oportunidades la Dirección Dptal del INRA insiste en relevar precicias de campo a solicitud de los señores Estenssoros dentro de los predios de los legítimos dueños ( víctimas de estos traficantes de tierras). Se aguarda que sanee a sus legítimos propietarios que en reiteradas oportunidades declararon no tener conflicto alguno de colindancias ni sobre posicionamiento entre ellos y desconocen todos a estos señores Estenssoros.
Los avasalladores
Sergio y Marco Estenssoro Cisneros, sus abogados Abraham Quiroga Bonilla, Sergio Romero Chávez, sus operadores y cómplices, en pleno conocimiento de su accionar delincuencial, han iniciado una seria de acciones legales contra los legítimos dueños de los predios avasallados, con el fin de:
1. Confundir a las autoridades que actúan correctamente.
2. Eludir el accionar de la ley cambiando constantemente y a antojo su domicilio.
3. Seguir con la comercialización de terrenos avasallados.
4. Continuar la estafa a quienes venden estos terrenos.
5. Desgastar económicamente a los propietarios legítimos de los terrenos.
Es así que mediante acciones que carecen de toda legalidad, han iniciado demandas y denuncias ante jueces y fiscales incompetentes por hechos totalmente falsos. En todos los casos estas demandas han sido admitidas y han obtenido órdenes de citación, requerimiento a diferentes entidades públicas y privadas, y hasta mandamientos de embargo.
Entre las causas armadas por los hermanos Estenssoros están:
Caso Penal Nº 457/2015 a cargo de la Fiscal Gloria Trigo en el DP 8 contra Dorys Ortega y otros.
Denuncia: Alegando vivir en el Urubo, Sergio Estenssoro inicia denuncia en la zona de Av. Alemana final, en jurisdicción y autoridad incompetente, por hechos falsos que ilógicamente es admitida.
Estado:
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