Tras un año del ataque a la Alcaldía hay 14 acusados, 2 juicios y ningún sentenciado

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Creditos Foto: El Deber

El  viernes se cumple un año de la quema de la Alcaldía alteña que dejó seis fallecidos y   aún permanece impune. El mes pasado, la Fiscalía presentó la acusación formal por homicidio y otros delitos contra 14 personas. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto denuncia la exclusión del caso del exviceministro Marcelo Elío y  autoridades policiales  que no prestaron auxilio oportuno, y alista otro proceso. “Desconfiamos del Ministerio Público”, dicen los ediles, mientras las familias de las víctimas claman por justicia, que no llega.

“Durante todo este año el Ministerio Público ha actuado de manera poco objetiva. Hubo dirigentes  identificados que no fueron convocados a declarar; se excluyó a los responsables de prestar ayuda que no lo hicieron; se hizo desaparecer videos; nunca nos dieron los resultados de la investigación que solicitamos”, asegura la directora jurídica de la Alcaldía alteña, Sonia Vallejos.  
El proceso, que técnicamente empezó el mismo día de la tragedia, ha avanzado lentamente y tuvo que haber la conminatoria  de un juez para que la Fiscalía presente la acusación formal. “Vimos  intención de reforzar la versión de que fue un autoatentado, como dijo el viceministro Elío inmediatamente después del hecho, y de proteger a   gente implicada que es afín al partido de gobierno. Indignados, asumimos que tenemos a todo el aparato estatal en contra”, añade Vallejos.
El miércoles 17 de febrero de 2016, una masiva marcha de padres de familia que exigía mejoras en las escuelas derivó en el asalto y la quema de la Alcaldía, que estaba repleta de funcionarios y ciudadanos que hacían trámites. Ante la ausencia de la Policía, pese a los recurrentes pedidos de auxilio, la turba ingresó al inmueble y prendió fuego.
Las llamas se expandieron rápidamente por el inmueble causando pánico. “Era un infierno. La gente, asustada, huía a los pisos superiores y tratando de evitar a los asaltantes y al fuego pero el aire escaseaba. Muchos llamaban a sus familiares y se despedían. Yo pensé que iba a morir”. La directora edil jurídica aún llora cuando revive aquel día.  Había sido convocada al edificio central de la comuna con la misión de negociar con los manifestantes.
Allí ya había llegado la marcha, a la que sumaban también  afiliados  a la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales. Al encontrar las puertas cerradas, los manifestantes rompieron las cerraduras a golpes con adoquines. Entraron a la Unidad de Sumariante y  saquearon  documentos -entre ellos  procesos administrativos-, muebles y computadoras que usaron como leña.
“Claro que pedimos ayuda a la Policía, decenas de veces. Con llamadas telefónicas primero, después mediante abogados que se apersonaron al Comando y finalmente mediante un requerimiento escrito… pero  nunca llegó. Hubiese bastado que los efectivos intervengan con agentes químicos para impedir las muertes”, lamenta Vallejos y por eso, para ella, es incomprensible que no se incluya entre los acusados al entonces comandante regional de la Polícia, Juan José Peña.
A las 11:00 del fatídico 17 de febrero de 2016, la Alcaldía de El Alto ardía con decenas de personas dentro. Ayudadas sólo por un bombero y una guardia edil, llegaban como podían hasta la terraza  donde, milagrosamente, llegó la grúa que los obreros de la empresa Las Lomas Ltda. habían improvisado ante la emergencia. En esa  plataforma salvaron a al menos  un centenar de personas. “Fueron héroes”.
A las 13:00 llegaron los Bomberos, finalmente, y aplacaron el fuego. Entre el miedo y la confusión, se confirmó la muerte por asfixia de seis funcionarios municipales:  Juan Laura, Javier Mollericona,   Ana María Apaza, José Rodrigo Ortiz,  Rosmery Mamani  y  Gloria Magaly Calle.
Inmediatamente el entonces viceministro de  Régimen Interior califica el ataque como “un autoatentado de la Alcaldía alteña”, cuando faltaban cuatro días del referendo para la habilitación de Evo Morales para un nuevo mandato. “Hay testimonios de que Elío rondaba ese día desde las 8:00 por la Alcaldía, pero nunca  declaró ni se lo incluyó en el caso”, reitera Vallejos.
El  dolor  dio paso a la indignación en  El Alto. La alcaldesa Soledad Chapetón acusó a funcionarios de la pasada gestión y al dirigente gremial Braulio Rocha de encabezar el asalto. Rocha   había amenazado públicamente a la burgomaestre: “Voy a ser tu peor pesadilla”, le dijo a la Sole después de que la comuna eliminara el pago de patentes a la federación de comerciantes.
En los siguientes meses, se detuvo a una veintena de personas, entre dirigentes vecinales y funcionarios . “Al director de Talento Humano, Marcelo Plata, y al director de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, los apresaron pese a que ellos fueron víctimas del ataque; ahora aunque pudieron volver a trabajar están acusados”, reclama la abogada edil.
El 22 de abril pasado, la Fiscalía informó que habían sido eliminados los videos de las cámaras de seguridad  que grabaron el fatídico ataque. Añadió que el IDIF carecía de los medios técnicos para recuperar las imágenes. 
El municipio alteño aseguró que el aparato de registro de imágenes  no fue manipulado antes  de ser entregado para su investigación y ofreció un peritaje “al que no dieron respuesta”.
Desde febrero hasta septiembre, el edificio quemado se mantuvo precintado. “Tuvimos que presentar un amparo constitucional para que se desprecinten los predios que irracionalmente se empeñaban en mantener cerrados meses , pese a que ya se había hecho las pericias. Allí funcionaba Finanzas, Licitaciones, Sumariante y otras oficinas vitales para la gestión”, reclama Vallejos.
El 17 de enero, ante la conminatoria de la jueza séptimo de Instrucción en lo Penal, Ana Dorado, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 14 personas por   la quema de la Alcaldía de El Alto.
La acusación  comprende los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado,  instigación pública a delinquir y comisión por omisión contra: Víctor Hugo Tola Herrera, Miguel Ángel Cachi Alave, Álvaro Kevin Calvimonte Huaynoca, Braulio Rocha Tapia, Fausto Loza Mamani, Wilmer Guido Sarzuri Apaza, Nelson Sergio Churqui Rojas, Daniel Nina, Hipólito Titi Cutili, Juan Flavio Altamirano Aruquipa, Teodoro Choquehueanca Quispe, Dorian Ulloa, Marcelo Gabriel Plata y Rodrigo Vélez.
Vallejo reclama que en la acusación formal la Alcaldía figure como denunciante y no como víctima del hecho. “Vamos a  impugnar los memoriales del sobreseimiento en  favor de Elío y Peña, y la próxima semana  iniciaremos otro proceso como víctimas”, anunció la abogada.
“No estábamos preparados para un hecho de esta naturaleza, hay que reforzar mecanismos de diálogo y seguridad”, esa es la amarga lección, resume Vallejo. Y añade: “Lo que queda en la población de El Alto  es un profundo dolor y la fortaleza  para luchar porque se haga justicia”.

 

Fiscal: Elío no mató a nadie, por eso no está acusado
“Quieren    que se  procese al exviceministro (de Régimen Interior) Marcelo Elío por el delito de homicidio, pero no corresponde porque no mató a nadie”, señaló el fiscal Paúl Miranda ante los reclamos por la exclusión de la exautoridad en la acusación por el ataque fatal a la Alcaldía alteña.
Miranda, que  forma parte de una comisión que investiga el caso, argumentó que la Dirección Jurídica del municipio alteño amplió una querella en contra de Elío por el delito de homicidio y no por otros cargos.
Sobre el caso del excomandante regional de la Policía  Juan José Peña, explicó que  se presentaron dos procesos en su contra. Uno de ellos fue rechazado porque no se encontraron indicios de culpabilidad y “como no hay indicios de la primera, corresponde rechazar la segunda. Ese es el procedimiento”, sostuvo.
Cuando se conoció el tenor de la acusación de la Fiscalía, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, expresó su indignación  por la exclusión del exviceministro  Elío y del excomandante  José Peña Fuentes, a quienes sindican de incumplimiento de funciones.
“Nos indigna el trabajo de la Fiscalía, lo excluyen a Marcelo Elío, que es uno de los responsables con todos los antecedentes que se pueden evidenciar”, expresó entonces la alcaldesa.
Reclamó que el excomandante Peña no figure entre los acusados, pese a las pruebas que presentó la Alcaldía de que la autoridad policial no atendió los múltiples pedidos de auxilio durante el ataque. Tanto Peña como Elío fueron removidos de sus cargos tras el hecho.
Ley propone  renta vitalicia para familiares de víctimas La declaratoria de  Mártires de El Alto que el Concejo Municipal de El Alto confirió a los seis funcionarios que fallecieron en el ataque a la Alcaldía no alcanza para brindar apoyo económico a sus hu         érfanos. Los familiares  piden una       renta similar y esperan que la Asamblea Legislativa analice la norma. 
El 17 de febrero de 2016, seis funcionarios ediles salieron de sus hogares sin sospechar que nunca más volverían. Ese día Juan Laura, Javier Mollericona,   Ana María Apaza, José Rodrígo Ortiz,  Rosmery Mamani y  Gloria Magaly Calle  fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el incendio de la Alcaldía.
Después de su sentido entierro, el Concejo Municipal  declaró a estas personas Mártires de El Alto y mediante ordenanza instruyó a la comuna que  brinde fuentes laborales a los deudos. 
“Eso se ha cumplido. Se ha beneficiado a los dependientes cercanos, a quienes ellos vean conveniente,   para que no tengan un hueco en lo  financiero”, informó a un año de la desaparición la directora jurídica municipal de El Alto, Sonia Vallejo. “Además se ha ayudado a los familiares en el trámite de AFP, que significa una indemnización por el tiempo de trabajo de cada  funcionario”, añadió.
La Alcaldía también ha presentado una solicitud para la indemnización de los familiares de las víctimas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
“Al no contar con normativa expresa que nos autorice una indemnización, estamos realizando la solicitud ante la Asamblea para que autorice al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto”  a indemnizar a estas personas a un nivel igual o superior al previsto para las víctimas de Octubre Negro del 2003″, aseguró la abogada edil.
El Ministerio de Hacienda  y la comisión de asambleístas que analiza  el proyecto de ley han presentado observaciones. “Seguimos en esa instancia y en la jurídica para que se haga justicia en honor a los muertos y sus familias”, dijo.
Audiencia definirá situación legal de  Rocha esta semana
Esta semana se llevará a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de Braulio Rocha, que está detenido hace un año por el ataque a la Alcaldía de El Alto. Según su defensa sufre una enfermedad terminal y pesa sobre él un cargo menor. La Alcaldía alteña anuncia que recusará.
El 19 de febrero de 2016, la  jueza séptima de Instrucción en lo Penal, Ana Dorado, determinó la detención preventiva del máximo dirigente gremial de El Alto  Braulio Rocha  y del excandidato a concejal del MAS Wilmer Guido Sarzuri. 
Tras el fatal ataque a la Alcaldía, la alcaldesa  Soledad Chapetón había apuntado  a exfuncionarios del MAS  “y a la familia de Braulio Rocha, que han llegado de manera dolosa a la oficina sumariante, cuando sabían que la próxima semana sale el resultado de los 120 ítems fantasma y han prendido fuego”.
En abril de 2015,  Rocha amenazó a la Sole: “Voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida”. Según la comuna fue el autor intelectual de la quema. “Además, durante los primeros meses de la gestión el señor Rocha estuvo presente en todas las movilizaciones contra la Alcaldía; incluso marchó con los trabajadores de Trebol”, recordó la directora jurídica edil, Sonia Vallejo.
“El señor Braulio Rocha no tiene por qué seguir preso, es atentatorio a sus derechos”, informó el abogado del dirigente gremial, Jorge Borda. Añadió que Rocha sufre una enfermedad terminal. “Tiene diabetes y precisa inyecciones de insulina dos veces al día, su vida corre peligro”, aseguró.
La defensa de Rocha logró que pese sobre él sólo el cargo de instigación pública a delinquir en la acusación de la Fiscalía. “Ese delito tiene un máximo de dos años, no merece cárcel”, dijo el abogado y anunció que tras dos suspensiones esta semana se llevará a cabo la audiencia de libertad.
La Alcaldía recusará: “Rocha es el autor intelectual del ataque, hay pruebas de su culpabilidad”, dijo Vallejos.