Tres hombres marcados por el destino

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Branko Marinkovic, Roger Pinto y Marcelo Soza. La cita con el refugio en Brasil. Antecedentes, anécdotas y un lugar común: la información que poseen.

Los hombres más buscados en Bolivia se fueron a Brasil. Por orden de llegada. Cuando  estalló el caso terrorismo, el empresario con aspiraciones presidenciables Branko Marinkovic decidió fugar del país. Dueño de una de las industrias de oleaginosas más grandes de Bolivia no tuvo mucho problema en abandonar Santa Cruz. Branko lucía un elegante terno Armani la noche de la posesión de Evo Morales en el Hall del Palacio de Gobierno. El industrial cruceño de origen croata estaba en la lista de invitados de la recepción que el 22 de enero de 2006 ofreció el flamante Gobierno. Las luces iluminaban su rostro. Esa misma noche el senador Roger Pinto exhibía infranqueable su cargo de senador de la República. Todavía la oposición tenía mayoría en la Cámara Alta y podía pensar en poner candados, aunque discretos, ante un triunfo electoral  indiscutible del Movimiento Al Socialismo (Mas). Pinto no se encontraba entre los presentes en la casa de Gobierno. Prefirió recogerse al hotel donde se hospedaba esa noche después de una furtiva conversación con Tuto Quiroga Ramírez. Entretanto, el abogado Marcelo Soza se retiró a su domicilio después de un día agotador de trabajo en sus grises oficinas como fiscal de la Dirección de Propiedad de Vehículos (Diprove) en la zona Norte de La Paz. Después de un peregrinaje por varias instituciones públicas había comenzado a trabajar en un juzgado de poca monta en la sede de Gobierno.

Hasta ese momento ninguno de los tres podría haber imaginado que el destino los uniría 8 años después en Brasil. En la cita nocturna del 22 de enero en La Paz, Marinkovic lucía, además, el emblema del Comité Pro Santa Cruz. Había llegado a presidir la institución cívica cruceña que al correr los años se convirtió en un discreto instrumento político; una suerte de receptor de las demandas de los sectores empresariales cruceños picados por la política. Ese espacio adquirió un peso específico en la sociedad cruceña a partir del año 2.000 a través de un movimiento autonomista que cada día que pasaba ganaba más y más adeptos. A pesar del pedido de varios miembros de su familia, Branko decidió saltar de lleno a la arena política sin medir riesgos ni consecuencias. Nadie sabe a ciencia cierta si se equivocó, pero por un instinto de sobrevivencia, otros señalan de autodestrucción, se convirtió en el eje articular de ese movimiento con proyección nacional.  Sabía que era un colectivo en el que no podría perder. Santa Cruz debía apostar a su autonomía.

Tras la victoria electoral del MAS el clima político en Santa Cruz comenzó a mezclarse con cierto desazón y desconcierto. Los líderes de las instituciones más representativas, con Branko a la cabeza, decidieron trazar un plan de resistencia para evitar que el apabullante triunfo electoral del masismo trascendiera en tierras orientales. O que los collas envalentonados comenzaran a sentar presencia en el departamento. Esa idea no les gustaba. Más allá del plan, Marinkovic comenzó a tejer en su ruidosa cabeza una estrategia secesionista. De acuerdo a varias fuentes consultadas por DATOS ya en aquel tiempo, señalaron que durante el reinado de Marinkovic al frente del Comité Pro Santa Cruz financió a grupos de choque para evitar que se cumplan algunas amenazas que demarcaban la ruta crítica que tomaría el Gobierno en relación a grupos ligados con la derecha.

Branko Marinkovic quería beber de mayores fuentes de conocimiento sobre la historia separatista. Emprendió cada vez con mayor frecuencia viajes a la ex Yugoslavia, concretamente a Zagreb, capital de Croacia, donde el empresario tiene descendencia de sangre. Allí amenizaba sus estadías con entrevistas para algunos diarios y revistas en las que fue abiertamente crítico al modelo socialista que se estaba iniciando en Bolivia. En sus entrevistas se leían críticas por la falta de seguridad jurídica, la violación al estado de derecho y se quejaba que podría ser afectado con el recorte de ciertos privilegios en sus empresas y tierras que podrían pasar a manos del nuevo Estado con la anunciada política de régimen agrario. Branko Marinkovic defendía sus intereses.

Fueron esas fuentes en las que bebió con la misma sed que los separatistas croatas. 10 años antes la ex Yugoslavia se había enfrentado en una guerra sangrienta y fratricida que la dividió en 6 repúblicas independientes que costó 250.000 vidas civiles. Marinkovic quería para Bolivia el mismo futuro al de los territorios desmembrados de la ex Yugoslavia. De acuerdo a la investigación del caso terrorismo, el grupo La Torre que se conformó para deliberar contra el Gobierno del presidente Morales tenía entre uno de sus principales financiadores al empresario boliviano de origen croata. Cuando el cerco de la investigación por el caso Terrorismo lo comenzó a mencionar sistemáticamente como parte del grupo de sus principales financiadores decidió abandonar el país. Hoy vive en su refugio en el exclusivo barrio de Jardins en Sao Paulo, Brasil.

Roger Pinto

Ocupó varios puestos en su carrera política. Fue gobernador de Pando en 2001 y en 2005 llegó a asumir un puesto en la Cámara Alta por la agrupación Podemos, fragmentación de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y en 2009 retomó su curul en la misma instancia legislativa por el Plan Progreso para Bolivia – Convergencia Nacional. El senador Roger Pinto a pesar de haber nacido en Santa Rosa, Beni, representó a Pando en la Asamblea Legislativa durante las dos últimas gestiones legislativas.

Pinto tenía que jugar un papel descollante desde la oposición por los mismos intereses que lo movían al industrial Marinkovic. Hasta antes de pedir asilo en la embajada de Brasil en 2012 acuño varias frases de fuerza en su estrategia de enfrentarse con el Gobierno del presidente Morales. Una de sus principales armas fue denunciar a algunas autoridades del Ejecutivo por sus vínculos con el narcotráfico. Pinto se convirtió en una correa de transmisión de información relevante que poseía con sectores conservadores de Brasil. La revista Veja publicó en septiembre de 2012 una investigación que habría sido facilitada por el senador boliviano en la que se describían antecedentes de la relación del narcotraficante Maximiliano Dorado con funcionarios del Gobierno boliviano.

Tras las denuncias que planteó públicamente contra la actual administración, se le comenzaron a abrir una serie de procesos por presuntos daños económicos al Estado. Se lo acusó por la malversación de 11 millones de bolivianos durante su gestión como Director de Zona Franca  (Zofra-Cobija) el año 2000, por haber asignado recursos de manera irregular a la Universidad Amazónica de Pando (UAP), pero, además por otros delitos de corrupción cuando ejerció  la titularidad política en ese departamento.

Fue acusado de participar en la presunta masacre de Porvenir el 11 de Septiembre 2008. También por vender tierras fiscales durante su gestión al frente de la prefectura pandina. Acosado por estas denuncias se vio en la necesidad de solicitar refugio en la embajada de Brasil el 28 de mayo de 2012. Durante los 15 meses que permaneció en su encierro en los ambientes de la legación diplomática, el Gobierno se negó a concederle el respectivo salvoconducto. El argumento esgrimido por las autoridades nacionales era que el senador Pinto debía primero responder por los procesos de corrupción que se le abrió en la justicia. Mucho se ha especulado sobre su salida de Bolivia tras un viaje épico de 22 horas en los que él y sus acompañantes sortearon varios peligros hasta arribar a la frontera con Brasil de donde fue conducido a Brasilia en 25 de agosto de 2013.

Marcelo Soza

El plato fuerte se llama Marcelo Soza. El ex fiscal en materia ingresó a Brasil escapando de la justicia que lo había citado a presentarse para que explique denuncias que pesaban contra el él por extorsión en el caso denominado Terrorismo. Fue el 12 de marzo pasado luego de un periplo que duró al menos tres días.

A lo largo de los últimos 4 años, Soza fue un personaje sinuoso. Hasta ahora nadie se explica cómo llegó a dirigir las investigaciones como fiscal de materia de un caso tan controvertido en el que se requería absoluta discreción y una formación de primer nivel. Hace poco menos  de un año, cuando el caso Terrorismo se traslado a los juzgados cruceños, se conocieron detalles estremecedores de la forma como un equipo presumiblemente conformado por Marcelo Soza extorsionaba a los familiares de los detenidos en el proceso. El ex presidente de la Cainco, Zvonko Matkovic, después de haber resignado años de silencio, develó detalles de cómo había sido extorsionado por el equipo del exfiscal para dejar en libertad a su hijo detenido por facilitar su propiedad rural denominada “La Zeta” al supuesto grupo de terroristas para su entrenamiento militar. Es posible que Matkovic nunca hubiera hecho la denuncia, pero Soza jamás cumplió la promesa de poner en libertad al hijo del empresario cruceño.

Ese testimonio de un padre desesperado se convirtió en el hilo conductor que hilvanó posteriores denuncias. Matkovic citó a varios empresarios cruceños y les pidió que digan su verdad sobre las extorsiones que sufrieron a manos del mismo equipo de Soza para excluirlos del proceso que se cargó a 39 personas a la cárcel desde abril de 2009. Indagados por los medios, todos los nombres citados por Matkovic desistieron de revelar cualquier tipo de ligazón con la banda y menos que fueron extorsionados.

Pero esas denuncias cobraron fuerza de prueba con registros de video y audio en los que se veía a Soza y su grupo de extorsionadores exigiendo y cobrando dinero de sus víctimas. Se pidió al tribunal que delibera las audiencias del caso para que convoque a Marcelo Soza a que rinda cuenta por sus excesos, pero este jamás se presentó al tribunal. A pesar de hacer oídos sordos a la convocatoria de la justicia, jamás se le retiraron las garantías que tiene derecho cualquier ciudadano de bien: Soza no fue arraigado y menos declarado rebelde para ser aprendido. Con las puertas abiertas de par en par que le facilitaba la Fiscalía General decidió huir y solicitó refugió en Brasil. Horas después de conocerse oficialmente de su fuga se leyó una carta supuestamente redactada por él en la que explica los motivos de su fuga.

Se trata de una carta llena de contradicciones. Quizá se deba resaltar a manera de análisis la parte en la que dice que fue traicionado por el Gobierno y que durante todos estos años cumplió órdenes. A la luz de esa nota se deduce que Soza no realizó un trabajo imparcial y que estuvo sujeto a presiones. En una entrevista que concedió a DATOS en abril de 2010, al cumplirse de la matanza en el hotel Las Américas, cuestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los traslados abusivos de los detenidos desde Santa Cruz a La Paz, el ex fiscal dijo que “lo que estoy haciendo en mi condición de fiscal es cumplir la ley”. Y advirtió que el Comisionado de las Naciones Unidas no puede pasar por alto que “estoy cumpliendo una determinación del juez, la resolución dictada por la sala Penal Tercera de Las Paz que anuló una resolución del juez Tapia Pachi sobre el incidente de incompetencia de territorio planteado por Branko Marinkovic”. Esas fueron sus palabras.

Santa Cruz sería su tumba. El exfiscal actuó indisimuladamente buscando hacerse rico en corto tiempo. Cada día veía que se le cerraba el paso y que no podría salir incolumne de las denuncias de extorsión que lo agobiaban. Intentó un par de artilugios que no dieron resultado. Se dejó crecer la melena y comenzó a usar gafas oscuras para ocultar su identidad. Como el presidente Morales ha señalado. Quiso ocultar su verdadero rostro: el de un delincuente confeso que no tiene opciones. Hoy se ha declarado víctima de un sistema que no funciona siendo el principal sujeto de las amenazas que penden contra la justicia. Extorsiones, cobros ilegales, denuncias de prevaricato, consustanciación de jueces y fiscales con el delito y la corrupción. Una enfermedad que se agrava por la corrosión a la que se sujeta. Sin escrúpulos ni horizontes Marcelo Soza es el ejemplo más crudo de la descomposición de la justicia boliviana.

Los tres juntos

En menor grado y en diferentes proporciones vivir en un refugio no es garantía de seguridad. Este fiscal nacido en Potosí que estudio colegio en Tupiza y salió bachiller en Villazón, casado y con tres hijos deberá vivir con la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. En la carta que dice haber redactado justificando las razones de su huida se define como el número 747 de los ciudadanos que se vieron obligados a dejar el país víctimas de persecución política. Sin importar el número Marcelo Soza se ha convertido en el principal testigo de los detenidos por el caso Terrorismo. El exasesor jurídico de la Unión Juvenil Cruceñista Alejandro Brown al enterarse de la presencia de Soza en Brasil, dijo que estaba buscando pasaje para trasladarse a la capital y entrevistarse con él. El periódico El Deber de Santa Cruz consigna sus declaraciones:”hay que cuidarlo (a Soza) hasta de un resfrió porque se debe convertir en nuestro testigo para terminar con el caso Terrorismo”.

Más allá de esas declaraciones resulta más que probable que los refugiados en Brasil le ofrezcan ciertas veleidades para convertirlo en su principal protegido. Ha decidido contar dinero y en esa tarea todo es posible para Soza. Incluso convertirse en un empleado servil para contar pormenores que solo él sabe sobre un caso que es en una papa caliente en las manos de quienes decidieron desmembrar Bolivia.

Los tres: Branko, Roger y Marcelo están unidos en sus refugios además por la valiosa información que poseen. ¿Decidirán contarla algún día?