El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que plantea la creación de un Consejo Nacional -compuesto por cinco ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado- subordina a esta última institución al Órgano Ejecutivo, y anula la separación de poderes, coincidieron un especialista y las bancadas de oposición.
En el artículo 3 del proyecto se dispone la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (Conal), el cual estará encargado de elaborar políticas de prevención y represión a actos de ganancias ilícitas.
El Conal estará conformado por cinco ministerios: Economía y Finanzas Públicas, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además lo integrarán la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado.
Sobre este Consejo, Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que con su creación, la Fiscalía General del Estado estará bajo tuición directa del Ministerio de Economía, que preside el Conal , y por ende estará subordinada al Órgano Ejecutivo.
MAS: Movimiento al Socialismo
“Lo que está haciendo el MAS con la creación del Conal es eliminar la separación de poderes, la básica y elemental independencia del Ministerio Público, porque pone a la Fiscalía General del Estado en el Ejecutivo y bajo la tuición del Ministro de Economía. Esto es grave, porque somete al Ministerio Público a los designios del Ejecutivo. Esto es una aberración jurídica”, afirmó Roca a Página Siete.
Henry Montero, senador de Creemos, observó que en la conformación del Conal se dan “suprapoderes” al Ministerio de Economía, que preside el Consejo y tiene a su cargo la UIF; al Ministerio de Gobierno, que tiene tuición con la Policía; y al Ministerio de Justicia, que aparece también a lado de la Fiscalía y bajo tuición de Economía.
“La Fiscalía está muy cuestionada porque es servil al MAS y esto no garantiza que ningún proceso se lleve con transparencia. Por el contrario, se inicia una persecución a todos los bolivianos que quieran hablar mal del Gobierno e inmediatamente van a empezar a investigar; además que la UIF ya no necesita requerimiento fiscal para investigar, verificar cuentas o escucha de llamadas. Es decir, se está vulnerando toda la libertad de las personas”, afirmó Montero.
En tanto, el analista financiero Jaime Dunn sostuvo que todas las leyes que está aprobando el Legislativo, relativas a la lucha contra la corrupción, están dando “mucho más poder al Ejecutivo”, menoscabando el principio de separación de poderes.
Observó, además, una contradicción en los argumentos del Gobierno, puesto que ese órgano afirmó que debe aprobar la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para cumplir normas internacionales.
Dunn sostuvo al respecto: “La aplicación de estas normas supone que en el país en que se aplican existe institucionalidad, existe separación de poderes y existe credibilidad de las autoridades, y esas tres cosas en el país no existen y nunca han existido. Entonces, somos un país donde vemos que la justicia no es independiente, es corrupta, se judicializa la política”.
En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, defendió el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, dijo que es sólo para investigar y luchar contra actos ilegales, y que no afecta a los sectores que generan movimiento económico como los gremiales. Advirtió que “se quiere desinformar al pueblo”.
“Buscaremos a la gente que se ha enriquecido ilícitamente. Gente que se ha esforzado, cómo la vamos a perseguir”, aseguró el legislador.