El llanto de un árbol

El fuego lo puede todo. La irresponsabilidad y negligencia también. La pregunta es: ¿qué postura asumir cuando se trata de la obligación del Estado respecto a la preservación del medio ambiente, la salud y la vida de las personas?. Y anoto Estado refiriéndome al Gobierno central, así como a los departamentales y municipales en todos sus niveles, y a la inherente responsabilidad compartida que nada la limita y menos, claro está, el discurso que siempre aparece a la hora del balance al que todo funcionario público está sometido.

Coincidamos que ante la naturaleza, su esplendidez y muchas veces embate, poco puede hacerse, más allá de medidas preventivas que deberían ser incorporadas en el marco de lo que representa un país institucionalizado. La otra interrogante es: ¿lo somos? También coincidamos que toda administración seria –naturaleza a un  lado debe asumir la responsabilidad de hacer frente a episodios ocasionados por la mano del hombre mediante actos vandálicos cuyo propósito no es otro que el daño colectivo. Si así debe ser, mayor la obligación de quienes la tienen para encarar políticas  preventivas que hagan frente a estos episodios.

No solo en el plano estrictamente legal a través de una plataforma de normas que tipifiquen este tipo de conductas y las sancionen; también,  en el campo logístico y de dotación de infraestructura que pueda ser utilizada cuando se desata un evento gravoso. Cuando dichas políticas o no existen o son manifiestamente   insuficientes, precarias, obsoletas y, peor aún, responden en su implementación a la impericia de los funcionarios y del Gobierno en función, la situación conlleva ribetes de escándalo.

Y eso es lo que acontece con cuanto siniestro y/o incendio se produce en el país sea como consecuencia del ilícito chaqueo o las originadas por la mano del hombre como aconteció recientemente con el macabro daño proferido en Apote, en el departamento de Cochabamba.

El mismo, permitió constatar una realidad que ha revelado que ante un hecho catastrófico, dependemos de la solidaridad y coraje de la ciudadanía,  de grupos valerosos como el SAR o de un cuerpo de bomberos  meritorio y menguado, que se enfrenta a la fatalidad y a la ausencia de medios fruto de la ausencia de políticas que permitan entender cuáles son las prioridades y cómo y dónde deben ser invertidos los recursos públicos.

Como país hemos sido capaces los últimos años de afrontar una serie de proyectos -algunos evidentemente de gran utilidad- sin la planificación debida.

Hemos rifado la plata jugando al rol de nuevos ricos cuando no lo éramos y cuando las prioridades eran otras. Al hacerlo, hemos descuidado temas tan trascendentales al punto que un incendio de magnitud, ha desnudado la falta de institucionalidad y  sentido común para entender qué es importante y que no. Si el Gobierno se da el lujo de asignar e incrementar  fondos públicos para determinados ítems, no entiendo cómo no puede institucionalizarse la protección de áreas verdes y el medio ambiente a efecto que lo de Apote no  se repita nunca más.

Bajo ese razonamiento, tampoco cabe la posibilidad que para el uso de un esmirriado helicóptero que opera el Bambi Bucket, tenga que requerirse orden política de primera línea y que la misma tome por lo menos dos días. Por favor, esto es serio e inaceptable por donde se lo vea. Termino aquí: ver llorar un árbol, perder cultivos y animales, son cuadros dantescos tan espantosos como perder una vida humana. Sino asumimos la responsabilidad de construir un país sano, donde las responsabilidades sean asumidas en el marco que corresponda , tanto al poder público como a la sociedad civil, continuaremos hipotecando el futuro.