La salida del confinamiento por el coronavirus será la decisión política más trascendente de los gobiernos en estas semanas. Una salida apresurada puede aumentar el sufrimiento, el número de fallecidos y aplazar la recuperación económica.

La región de América Latina y el Caribe tiene una ventaja: se encuentra por detrás de la curva de contagio de la mayoría de los países más desarrollados, donde el COVID-19 ha pegado primero, de cuyos aciertos y errores podemos aprender.

Sin embargo, esta situación también presenta retos. Lo que funciona en China no necesariamente puede funcionar en Chile, y las lecciones de Alemania pueden resultar contraproducentes para la realidad argentina. Nuestra región tiene que identificar las prácticas y experiencias exitosas, adaptarlas y luego sentar las condiciones para una salida del confinamiento que sea lo más segura posible. En el Banco Interamericano de Desarrollo hemos hecho el ejercicio de analizar lo aprendido con la realidad propia de América Latina, para proporcionar los elementos que los gobiernos necesitan tomar en cuenta en el momento que decidan relajar las restricciones pandémicas.

A través de este estudio, encontramos que, con algunas excepciones, la población de nuestros países es más joven y menos vulnerable al coronavirus. Las ventajas, lamentablemente, se acaban ahí.

Nuestras desventajas frente a la pandemia, según se muestra, son muchas. El número de personas que viven en un hogar es, en promedio, 25% mayor que en países industrializados. Nuestros sistemas de protección al desempleo son menos robustos, y tenemos una menor capacidad de respuesta fiscal para preservar el empleo. La prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes es mayor, y tenemos menos capacidad de testeo del coronavirus. Al 30 de abril, por ejemplo, Alemania había llevado a cabo casi 2,500 pruebas por cada 100,000 habitantes. Chile y Perú, los países que han suministrado el mayor número de pruebas, no superaban la marca de 800.

También, a través de una encuesta sobre los impactos del confinamiento en los hogares de menos ingresos, encontramos que casi 60% dice conocer a alguien que ha perdido su trabajo, frente a 15% en los hogares más pudientes, lo que amenazaría las recientes ganancias de la región en la reducción de la desigualdad.

Tomando todo esto en cuenta, nuestras recomendaciones dividen el accionar de los gobiernos en dos etapas: primero combatir la pandemia y, luego, asegurar que podamos mantener el virus bajo control.

Para combatir la pandemia, resulta crítica la capacidad de gestión, coordinación y comunicación del gobierno. Las autoridades, el sector privado y los agentes sociales deben actuar hacia el mismo norte. Los gobiernos necesitan invertir en mejorar la infraestructura, equipamientos y suministros de salud, y facilitar su abastecimiento, protegiendo la salud física y mental de todo el personal sanitario. Chile y Uruguay, por ejemplo, han encontrado formas interesantes para que los gobiernos pueden facilitar que el sector privado produzca más insumos médicos críticos.

Utilizando herramientas tecnológicas, los países deben expandir la inteligencia epidemiológica y realizar más pruebas de diagnóstico, tanto a las personas sintomáticas como a sus contactos, así como potenciar el seguimiento a los contactos de los casos registrados, aislando aquellos que den resultados positivos de COVID-19.

Durante la apertura debemos evitar nuevas fuentes de contagio. Para ello, identificamos tres ámbitos clave: el transporte público, la escuela y el trabajo. Las tres van a necesitar de protocolos de funcionamiento que reduzcan el contacto humano. Asimismo, la apertura selectiva va a requerir que los gobiernos tomen decisiones acerca de qué sectores y actividades volverán, progresivamente, a operar, y el repaso internacional indica que no hay recetas para esto. Los distintos países han priorizado sectores diferentes en función de su importancia estratégica y la concentración de personas que implica su desempeño normal.

A medida que las economías buscan asegurar sus cadenas de suministro, resulta imperioso que América Latina acelere una integración regional. En nuestra región los recursos públicos, al ser escasos, tendrán que invertirse con la mayor eficiencia para lograr el complicado equilibrio entre lo urgente, lo necesario y lo posible.

En los próximos días, semanas y meses, los países de la región deberán estar dispuestos a experimentar, aprender y ajustar rápidamente sus decisiones en función de lo aprendido. El desafío es complejo, pero el mundo ya tiene casi cinco meses de conocimiento adquirido sobre el coronavirus, y tenemos la oportunidad de incorporar y tropicalizar ese aprendizaje.

Carmen Pagés es Jefe de División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo y coordinadora del estudio “Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la COVID-19“