Detener migrantes es un buen negocio en Estados Unidos

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En los últimos años la detención de inmigrantes en los Estados Unidos se ha convertido en una industria lucrativa. El número de inmigrantes alojados en instalaciones privadas ha crecido exponencialmente, al igual que el presupuesto para su arresto y expulsión. Solo en la administración de Trump, empresas privadas como GEO Group y CoreCivic han ganado cientos de millones de dólares. Daniel Carrillo, un activista de derechos humanos de Los Ángeles, me dijo recientemente sobre el tema: “Es un negocio, nada más”.

Los defensores de este modelo con fines de lucro dicen que es más eficiente a que lo haga el Estado. Pero la eficiencia puede ser cruel y desde hace mucho falta una conversación en Estados Unidos sobre si se debe permitir que las empresas se enriquezcan con la detención de inmigrantes.

Hace unas semanas visité el centro de detención de inmigrantes en Adelanto, California, a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Esta extensa propiedad -que le pertenece a y es operada por GEO group- está diseñada para albergar a casi 2 000 detenidos. A principios de septiembre el calor seco era tan sofocante que los detenidos ni se acercaban a las canchas de futbol y básquetbol donde se les permite hacer ejercicio. Por eso el lugar, desde fuera, parecía abandonado.

El centro de Adelanto es una de varias instalaciones sobre las cuales hay informes de riesgos de seguridad, abuso y negligencia. En septiembre de 2018 el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional publicó un reprensivo reporte señalando lo inadecuado de la atención médica, la “segregación demasiado restrictiva” y otras condiciones inseguras, como sogas que cuelgan de los respiraderos dentro de las celdas. Hace poco más de un mes, una demanda judicial refirió que en Adelanto y otros centros de detención se practica el confinamiento punitivo y, nuevamente, que la atención médica es inadecuada.

Recorrí las instalaciones junto a Thomas Giles, director interino en Los Ángeles de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Giles me explicó cómo funcionan las instalaciones de una manera que se sintió como un discurso bien ensayado. Hizo énfasis en explicar cómo a los detenidos se les da una muda de ropa limpia y artículos de higiene personal, y que estos son reemplazados si se les pierden. Insistió en que los inmigrantes reciben una alimentación adecuada y, contrario a lo que afirman el reporte y la demanda, que reciben atención médica adecuada.

Giles estaba al tanto de ese informe de 2018, el cual señala que Adelanto se parece más a una cárcel que a un centro de detención civil. Por eso cuando me mostró el área de segregación disciplinaria de las instalaciones me señaló una consola de videojuegos Xbox, libros y DVD como prueba de las comodidades que se les otorgan. Cuando le pregunté si es higiénico el artefacto que combina inodoro y bebedero dentro de las celdas (que ha sido tan criticado), Giles a duras penas respondió: “Este es el espacio habitable. Estas son las instalaciones con las que contamos”. Negó reiteradamente que hayan ocurrido abusos en Adelanto o que los inmigrantes vivan en malas condiciones.

Aunque mis interacciones con los detenidos fueron limitadas al mínimo, pude entablar una conversación con Bernardo Sánchez, quien emigró a los Estados Unidos desde México hace 20 años, cuando tenía 12. Sánchez tiene cinco hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Me dijo que había sido detenido mientras intentaba resolver la suspensión de su licencia de manejo por una infracción de tránsito al conducir en estado de ebriedad. Su plan era luchar contra la deportación, pero no era muy optimista al respecto.

Sánchez también me dijo que había visto al menos un intento de suicidio en Adelanto y había visto a muchos detenidos tomar píldoras para la “depresión y la soledad”. También que había sufrido discriminación: “Los oficiales son racistas con mucha frecuencia. No les gusta que los molestemos si necesitamos algo”.

Los legisladores comparten estas preocupaciones. La diputada federal Nanette Barragán (demócrata por el estado de California), quien una vez confrontó a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kirtsjen Nielsen por la separación de familias en la frontera, me dijo que no confiaba en las condiciones impecables que me mostraron durante mi recorrido. “Limpian todo cuando saben que vamos a ir de visita”, me dijo Barragán. “Sabemos por los informes de supervisión que las condiciones en Adelanto son inaceptables”.

Giles negó cualquier señalamiento de racismo o abusos: “Creo que el Grupo GEO… son profesionales y tratan a los detenidos con respeto. No creo que se cometan actos de racismo aquí. Cualquiera que diga lo contrario estaría mintiendo”. Giles también me dijo que no estaba de acuerdo con el informe del Departamento de Seguridad Nacional: “Tenemos un área habitable restringida. Pero pueden usar el teléfono, pueden tener visitas, reunirse con sus abogados o con el consulado, pueden jugar Xbox y ver películas”.

Antes de concluir la visita, le pregunté a Giles sobre el controvertido modelo con fines de lucro que le permite a empresas como GEO Group beneficiarse de la detención de migrantes. La pregunta no debería haber sido una sorpresa. Aún así, cuando comencé a formularla, la oficial de asuntos públicos de ICE Lori Haley, me interrumpió bruscamente: “No estamos aquí para hablar de eso”. Giles coincidió: “No voy a hablar de dinero”.

Es una pena: el público necesita una discusión franca sobre la industria de detención de inmigrantes. La mayoría de los candidatos demócratas que se han postulado ya han recomendado prohibir los centros de detención de iniciativa privada como el de Adelanto. De cualquier manera, ICE tendrá que lidiar con el legado de encarcelar a miles de inmigrantes en beneficio de corporaciones privadas. La historia no juzgará favorablemente a esta agencia.