Iván Duque, de la inoperancia al autoritarismo

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El 5 de mayo se cumple en Colombia el octavo día de paro nacional y la indignación popular no tiene freno aún. Pese a que el detonante de las marchas fue una reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso, que fue forzada a retirar posteriormente, la indignación va mucho más allá y excede ese tema. Es el todo por el todo. Y ante esta desazón, el gobierno ha respondido sin conductos, tratando de disipar la ira social a la brava, con una violencia que ha dejado muertos y el temor de la ciudadanía a un feroz autoritarismo.

Más allá de la Reforma Tributaria, las marchas tienen que ver -nuevamente y como ocurrió en noviembre de 2019- con el desgobierno, que se traduce en el mal manejo de la pandemia (en Colombia hay casi tres millones de casos activos), en las disparadas cifras de pobreza reveladas recientemente (la pobreza monetaria ascendió a 42.5% y hay 21 millones de personas en esa condición), en el desempleo que se vino encima (15.9%), en el asesinato sistemático de más de 900 líderes sociales desde 2016, en los más de 27,000 desplazados internos en el primer trimestre de este año y en un proyecto de ley de reforma a la salud que ha recibido ya varias críticas.

En esta ocasión hay que sumarle a todo esto la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (inconstitucional a los ojos de varios juristas), que un día antes de que se realizara la primera marcha ordenó frenar el paro nacional. Lo hizo mediante un embeleco jurídico que utilizaba la pandemia como pretexto para aplazar las manifestaciones, diciéndoles a los mandatarios locales que los “permisos” otorgados para ellas deberían ser revocados, cuando en el país no se necesita de ningún permiso para salir a marchar.

El listado que devela la inoperancia de Iván Duque continúa: la decisión que tomó de hacer una transmisión diaria de un programa de televisión sobre la pandemia, su lucha fracasada de objetar la ley que regulaba a la Jurisdicción Especial para la Paz, su “Conversación Nacional” que usó para frenar el desprestigio que le vino con el paro nacional de 2019 y que nunca concluyó (un mecanismo que pretende volver a usar ahora). Aunque todo esto era esperable: Colombia eligió a un gobernante sin experiencia, sin margen de maniobra, que ha tratado de hacer malabares con sus políticas, como quedó demostrado en su intransigente manejo de la reforma tributaria.

Tan evidente es todo esto, que no solamente la ciudadanía y quienes lo apoyaron en su elección -unos politiqueros de vieja data en Colombia- le están dando la espalda, sino que su propio partido ha manifestado una inconformidad que muy probablemente irá creciendo con el tiempo. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido oficialista y quien ungió a Duque como su sucesor, dijo que la reforma tributaria “le hace daño al Centro Democrático”.

La respuesta estatal a las marchas son el índice perfecto para medir a Duque: un gobierno débil que usa a su fuerza armada para reprimir el malestar social. Cuando los y las manifestantes ya estaban en la calle, empezó lo que en las redes sociales se ha denunciado como “Alerta roja”. La brutalidad con la que la Policía ha tratado a quienes protestan, que corrió varios días al tiempo con un silencio de las autoridades, no solo es muy preocupante sino que es un acto criminal. Y preocupa que, ante la violencia registrada, el presidente le haya hecho caso a su mentor Uribe, quien por Twitter le pidió militarizar las ciudades o que la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos salga y diga, en medio de todo esto, que los derechos básicamente hay que ganárselos.

Ha sido mediante las redes sociales que nos hemos enterado de una fracción de lo que sucede, como el asesinato del manifestante Nicolás Guerrero en la ciudad de Cali, transmitido en vivo por la cuenta de Instagram del DJ Juan de León, a quien amenazaron posteriormente.

La Defensoría del Pueblo, presidida por Carlos Camargo, salió muy tarde y desconectada durante seis días de la realidad a rendir el informe de que en las manifestaciones han muerto un oficial de Policía y 18 personas civiles. Esto contrasta con los informes que a diario presentó la ONG Temblores. Según sus registros, al 4 de mayo habían 1,443 casos de violencia policial: 216 víctimas de violencia física, 31 homicidios, 814 detenciones arbitrarias, 239 intervenciones violentas, 21 víctimas de agresión en los ojos, 77 casos de disparo de arma de fuego y 10 víctimas de violencia sexual.

Una verdadera catástrofe humanitaria que ha hecho enardecer, con razón, las causas de la protesta y que ha puesto encima la lupa internacional. Tan terrible es la situación, que esta ONG está haciendo un llamado para que las personas no salgan de casa después de las 6:00 pm: “No hay garantías para la vida”, dicen. En Siloé, Cali, en una operación que hizo la Policía la noche del 3 de mayo, murieron por lo menos cinco personas en una velatón pacífica. Ha habido al menos 15 personas muertas en Cali en estas protestas.

Todo quedó resumido en el clamor de una madre que lloraba a los gritos, desesperada, al momento de enterarse de que su hijo, Santiago Andrés Murillo, fue asesinado en la ciudad de Ibagué durante las marchas.

Esto es inaceptable.

Dice mucho de un país que las manifestaciones contra un gobierno sean reprimidas con ese nivel de violencia. Dice mucho de un país el silencio de las autoridades frente a estos hechos. Dice mucho de un país que los mandatarios locales hablen de daños a objetos antes de pronunciarse sobre la vida de su propia gente a manos de la Policía que dirigen.

Ya no más: una democracia claramente no es esto. La ineptitud y el desgobierno se le están convirtiendo a Iván Duque en un autoritarismo que está costando vidas.

 

Andrés Páramo Izquierdo es periodista colombiano. Ha sido editor de opinión del diario ‘El Espectador’ y editor en jefe de ‘VICE Latinoamerica’.