Arce promulgó la Ley de Desarrollo Económico durante los días de protestas

Proyecto de Ley 342 fue promulgado por Luis Arce

El trámite fue rápido. El proyecto de ley 342 llegó a la Cámara de Diputados el 22 de octubre, una semana después fue aprobado y remitido al Senado, donde se sancionó la víspera del feriado de Todos Santos, de acuerdo con los registros oficiales del Legislativo.

Conformado por seis artículos y un anexo de 209 páginas, el proyecto cobró vida legal el 9 de noviembre, cuando se transformó en la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”. Ese día fue promulgada por el presidente Luis Arce y el 14 de noviembre, la Gaceta Oficial de Bolivia publicó este cuerpo legal en su sitio web.

La promulgación de esta ley tuvo lugar durante el segundo día del paro multisectorial que fue convocado por gremiales y transportistas contra la Ley 1386, la norma que actualmente está en trámite de abrogación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tras entrar en vigor, el Plan de Desarrollo Económico y Social, contenido en la nueva ley 1407, también generó rechazo, además de un estado de alerta, mientras que desde el MAS aseguran que se trata de reacciones políticas para desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.

Reacciones políticas

Pero, las reacciones también fueron legales. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque la ley estaría afectando todo el capítulo constitucional que reconoce la vigencia de las autonomías. “Nos impone el sistema del centralismo e impide a cada una de las regiones autónomas elaborar plan propio. Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda frenar esta ley que cercena la autonomía”, manifestó.

Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, señaló que el artículo 300 de la Constitución establece que son competencias exclusivas de las gobernaciones la elaboración de los planes de desarrollo. “Este recurso se ha basado en la clara transgresión en la autonomía. La Ley 1407 vulnera y atropella la competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Departamentales”, precisó la autoridad jurídica. El recurso será presentado este martes en Sucre, anticipó.

El exministro de Autonomías Hugo Siles recordó que la Ley 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2016-2020 es el mismo que se planteó en esta oportunidad y, entonces, no hubo reparos. “La Ley 786 yo la firmé y la conozco muy bien y no cambia ni una coma”, dijo la exautoridad. Siles precisó que el Plan de Desarrollo Económico y Social “no se vulnera un milímetro” de autonomía. “Cada Entidad Territorial Autónoma tiene que hacer su propio plan, precisamente porque así lo señala la Constitución y las leyes. Eso está vigente”, remarcó.

Pero, de acuerdo con el análisis de varias casas superiores de estudio del sistema público, la norma vulnera la autonomía universitaria. “Se trata de una ley inconstitucional y violatoria de la autonomía universitaria y del régimen autonómico territorial”, señala un comunicado divulgado ayer por la comisión de movilización de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que convoca una movilización de protesta prevista para hoy.

Demanda de inconstitucionalidad

El documento también se adhiere a la movilización contra otras “leyes cuestionadas”, además de la restitución de los dos tercios en el reglamento de debates del Senado y la Cámara de Diputados, una demanda que cobró fuerza en las últimas horas.

De hecho, la Asamblea de la Paceñidad incorporó ayer esa demanda y también rechazó la vigencia de la Ley 1407 en el marco del “paquete” de unas ocho normas que se validaron con la mayoría del MAS en el Legislativo.

Más temprano, Manuel Saavedra, concejal del municipio de Santa Cruz de la Sierra, cuestionó la vigencia de esta ley y lamentó que exista un “doble discurso” en el gobierno de Luis Arce. “Da señales de querer avanzar en el análisis de leyes mal hechas y abusivas, pero por debajo de la mesa promulgó, en pleno paro multisectorial, una ley que es tremendamente perjudicial para todas las regiones del país”, sostuvo la autoridad municipal.

Por su lado, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció que se reunirá con burgomaestres del país para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley promulgada por Arce el martes 9. “Antes de seguir convocando a un escenario de conflictos, de beligerancia y de movilizaciones, las autoridades del sistema universitario deben reunirse con las autoridades del Ministerio de Planificación para conocer el alcance del plan de desarrollo. Si esto no ocurre, estaremos frente a una movilización política”, señaló el diputado Juan José Jáuregui (MAS) y defendió la pertinencia de la nueva Ley 1407.

“El plan no es otra cosa que lineamientos generales que permitirán que las entidades autónomas (universidades y gobernaciones) puedan hacer ajustes dentro de sus planes de trabajo”, remarcó el diputado y aseguró que el plan de desarrollo “fue trabajado en cumbres desarrolladas en los nueve departamentos del país”.

“La obligación” de aplicar el Plan Nacional

La ley validada por el oficialismo consta, además, de una disposición adicional que establece un plazo de 120 y 180 días para que las instituciones de todo el aparato estatal, incluidas gobernaciones, municipios y universidades, adecúen sus planes a los parámetros establecidos en el plan.

La principal observación de la ley tiene que ver con el artículo cuarto de la nueva normativa que plantea “la obligación” de aplicar el plan nacional. También se cuestiona la falta de socialización del plan que está establecido en el artículo 312 de la Constitución. El MAS aseguró que el plan fue el resultado de cumbres departamentales. Los otros cinco artículos de la CPE, que generan tensión con la nueva normativa, tienen que ver con las definiciones establecidas en la organización territorial del Estado, con el diseño de planes locales y presupuestos de acuerdo con las competencias definidas por la CPE.

El constitucionalista José Luis Santistevan señaló que “se viola el sistema autonómico” porque se obliga a cumplir con el plan nacional de “manera coercitiva”.

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió en diversas instancias las competencias del Ejecutivo en la “política económica” que están en el artículo 300 de la CPE y otras normativas vigentes desde 2016.

Legisladores opositores denunciaron que el MAS no validó el anexo de esta norma en la comisión y que se trató sin debate.